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Rajoy explora todas las vías para evitar que Puigdemont sea investido

El Gobierno estudia cómo impedir que la resolución del Constitucional llegue cuando ya sea presidente

El Gobierno explora todas las opciones para evitar que el Tribunal Constitucional falle contra la investidura telemática o por delegación de Carles Puidemont después de que este ya haya sido declarado presidente de Cataluña. El Ejecutivo considera muy grave que el líder independentista sea elegido y que luego ese acto sea revertido. El objetivo es que la decisión llegue antes. El Gobierno ve prioritario impedir que Felipe VI se encuentre en la tesitura de firmar el decreto de investidura.

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.
Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. Getty Images

Fuentes conocedoras de la estrategia del Gobierno reconocen que difícilmente habrá base suficiente para un recurso al Constitucional en el acuerdo de la Mesa del Parlament que programe la sesión para la investidura de Puigdemont. Como el líder independentista es diputado de pleno derecho, el alto tribunal solo podrá suspender la sesión prevista para la votación si su convocatoria explicita que el candidato comparecerá por vía telemática o por delegación. Algo que difícilmente ocurrirá. Eso abre la puerta a la posibilidad de que la resolución del Constitucional llegue cuando Puigdemont ya haya sido investido. Un escenario que en La Moncloa juzgan como dramático.

Son múltiples las razones por las que el equipo de Mariano Rajoy considera de extrema gravedad esa hipótesis. La investidura de Puigdemont colocaría a Felipe VI ante la tesitura de firmar el decreto correspondiente pese a que el líder independentista se encuentra huido en Bélgica (Bruselas) para escapar a la acción de la justicia española. Además, con toda probabilidad el recurso gubernamental provocaría la nulidad de la investidura telemática o por delegación. Una decisión que permitiría al independentismo argumentar que los poderes del Estado deshacen por segunda vez las decisiones de los catalanes, recordando el fallo del Constitucional que eliminó distintas partes del Estatuto de Cataluña en 2010.

“Es necesario que, físicamente, el nuevo presidente de la Generalitat asuma ese cargo”, recordó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, subrayando que el Ejecutivo no reconocerá una investidura telemática. “Ha llegado al final del trayecto”, opinó durante una entrevista en la cadena Cope. “Puede adoptar decisiones poco racionales, pero no puede ser presidente de la Generalitat”, siguió. “Y lo sabe, lo saben los suyos y lo sabe el independentismo. Puede dedicarse a la propaganda e intentar mantener ese mito que se autoconstruye, pero no va a ser presidente de la Generalitat, y si pensara en Cataluña y hasta en el independentismo, daría un paso atrás”.

El Gobierno permanece alerta para reaccionar a todas las decisiones que vayan tomando los independentistas en el Parlament.

Así, los especialistas del Ejecutivo estudiarán al detalle la argumentación que utilice la Mesa del Parlament cuando decida sobre la petición de delegación de voto que ayer registraron tres de los cinco diputados huidos a Bélgica —Clara Ponsatí, Lluís Puig y el propio Puigdemont, todos ellos representantes de Junts per Catalunya—.

Continuidad del 155

Además, si el recurso del Gobierno contra la investidura telemática o por delegación no llegara a tiempo de evitar que Puigdemont vuelva a ser proclamado presidente, seguirá en vigor la intervención ejecutada al amparo del artículo 155 de la Constitución.

El acuerdo adoptado por el Senado para permitir al Gobierno aplicar esta previsión constitucional recoge que solo la toma de posesión del nuevo Govern pondrá fin a su activación. Desde Moncloa se recalca que eso supone asumir el traspaso de poderes presencialmente. Y que esa circunstancia no se verá cumplida en ningún caso con un president que no pisa España para evitar su detención.

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