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El Supremo quiere agilizar la causa contra el secesionismo y celebrar el juicio en otoño

El alto tribunal pretende acabar la instrucción antes del verano

El Tribunal Supremo pretende iniciar el juicio contra los líderes independentistas en octubre o, como máximo, noviembre. El alto tribunal, con las pruebas de las ya que dispone, cree tener acreditados de momento, al menos, los delitos de malversación y sedición. La idea del Supremo es dilatar la causa solo lo imprescindible pero sin menoscabar el derecho de defensa, según fuentes de la investigación. El instructor, Pablo Llarena, es reacio a declarar la causa de especial complejidad, lo que permitiría ampliar el límite de seis meses de investigación hasta los 18.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. EFE

La intención de sentar en el banquillo con la mayor celeridad posible a quienes finalmente resulten procesados se aprecia, por ejemplo, en una de las últimas decisiones adoptadas por el juez Pablo Llarena: la apertura de una pieza separada dentro el sumario, que ha declarado secreta durante solo 15 días; lo habitual es que este tipo de decisiones abarquen un mínimo de un mes, prorrogable.

Una de las últimas decisiones del juez ha sido abrir una pieza dentro el sumario y declararla secreta durante solo 15 días

Si el juez quiere evitar la prórroga de los primeros seis meses de investigación tendría que procesar a los acusados, como máximo, en abril. Y en ello está Llarena, según fuentes conocedoras de la causa. Entre los 28 investigados actualmente están el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados con él en Bruselas; el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, ambos en prisión preventiva; el resto de exconsejeros del Govern; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y varios exmiembros de la Mesa; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y los dirigentes de las entidades independentistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión preventiva. Cuando el juez decida a quiénes procesa y por qué delitos se abrirá un periodo de varios meses para que las partes califiquen los hechos y puedan pedir más pruebas.

Llarena no quiere limitar el derecho de defensa, aun cuando ello pueda suponer una dilatación de la causa. Pero la previsión es que, si no surgen obstáculos o nuevas pesquisas ineludibles, los investigados que resulten finalmente encausados se sentarán en el banquillo en octubre, y lo harán ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Será un juicio largo.

El magistrado investiga delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La decisión de no dilatar la investigación apunta a que el sumario ya acumula suficiente carga probatoria de los delitos, al menos del de malversación, que le permita aplicar el tipo agravado. El Alto Tribunal cree tener acreditados los delitos de malversación (castigado con hasta ocho años de prisión) y el de sedición (hasta 15 años). Hay dudas entre los jueces sobre el de rebelión, que incluye tumulto con violencia y está penado con hasta 30 años.

El juez cree tener amarrada la malversación en el tipo agravado, según la investigación

Un informe de la Guardia Civil en poder del juez ha destapado que el Gobierno de Carles Puigdemont malversó presuntamente 502.000 euros de dinero público para pagar publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional lo había suspendido.

Las pesquisas hasta ahora permiten aplicar, en función de las pruebas ya existentes, el tipo agravado de la malversación, puesto que a esos 502.000 euros habría que sumar otros 139.700 pagados por la Generalitat a través de intermediarios a los supervisores internacionales del referéndum. Y cuando la malversación supera los 600.000 euros entra de lleno el tipo agravado.

El juez cree tener indicios sólidos de que cuanto menos en los hechos concurre un delito de sedición, ante la evidencia de que existió una hoja de ruta preestablecida por un grupo amplio de personas concertadas entre sí donde cada cual ostentaba un papel diferenciado pero todos orientados a declarar la independencia saltándose la Constitución y forzando e ignorando las leyes.

Las principales pruebas son la hoja de ruta hallada en el registro que hizo la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía (cuando los manifestantes destrozaron tres vehículos policiales) y la agenda manuscrita de Josep María Jové, número dos de la consejería que dirigía Oriol Junqueras.

La agenda de Jové

La agenda de Jové detalla reuniones desde 2012 entre altos cargos de la Generalitat preparatorias de los actos que habían de concluir con la proclamación de la república catalana. Es minuciosa en datos y muestra el pesimismo que reinaba entre ellos sobre el éxito del procés, si bien de sus anotaciones se deduce que decidieron tirar adelante convencidos de que la desobediencia a las leyes y las manifestaciones multitudinarias harían sucumbir al Gobierno de Mariano Rajoy.

La agenda ha permitido que Llarena ampliase a 28 los investigados, entre los que también se hallan los Jordis, responsables de las asociaciones que organizaron la protesta frente a la Consejería de Economía y de las demás que viene desarrollando el independentismo catalán desde 2012. Los dos están en prisión, igual que Joaquín Forn, el ex consejero de Interior que mandaba en los Mossos y que, cuando se produjeron los atentados yihadistas en Barcelona, al enumerar la nacionalidad de los fallecidos, distinguió entre muertos catalanes y españoles.

Fuentes jurídicas no descartan que los Jordis e incluso Forn puedan obtener la libertad cuando se constituya el nuevo Govern. En ese momento, opinan, desaparecería la causa por la que se hallan en prisión: el riesgo de reiteración delictiva. Pero a los que estén presos, y mientras lo estén, no se les va a permitir asistir a las sesiones del Parlament.