Anticorrupción pregunta a un imputado por el papel de Gallardón en una operación del ‘caso Lezo’
El juez inicia los interrogatorios para aclarar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa colombiana en 2001
La Fiscalía Anticorrupción aprovechó la primera jornada de interrogatorios en el caso Lezo a los antiguos miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que en noviembre de 2001 aprobaron la compra de la empresa colombiana Inassa por 73 millones de dólares (61 millones de euros) para preguntar por el “conocimiento” que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón tuvo de esta operación bajo sospecha. Según han detallado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, la fiscal Ana Cuenca planteó a Juan María del Álamo –entonces coordinador general de Empleo del Ayuntamiento de Madrid- hasta qué punto Ruiz Gallardón conocía los detalles de la millonaria operación. El imputado se limitó a mostrar su convencimiento de que debía estar al tanto “en cuanto era el presidente de la Comunidad de Madrid”.
Del Álamo ha sido uno de los dos únicos exconsejeros que han declarado este martes, después de que el magistrado se viera obligado a suspender las otras tres comparecencias prevista por el retraso en las notificaciones judiciales para citarlos. Durante el interrogatorio, Del Álamo ha asegurado una y otra vez que no recordaba "gran cosa" de los detalles de la operación bajo sospecha ya que habían transcurrido 17 años desde la misma. Una falta de memoria que llevó al magistrado a recriminarle que “si los 73 millones hubieran sido suyos, en lugar de dinero público, seguro que se acordaría”, según han coincidido en señalar varias fuentes jurídicas.
Antes de Del Álamo, prestó declaración Rafael Merino López-Brea, el único integrante del Consejo de Administración que no ha sido imputado, y que comparecía como testigo. Exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Merino detalló al juez lo que consideraba funcionamiento irregular de la empresa pública durante los tres años que perteneció a su consejo de administración y que le llevaron a ausentarse de muchas de sus reuniones o a votar en contra de las propuestas que se hacían. “Siempre he pensado que el Canal no tenía que hacer operaciones para ganar dinero, sino repartir agua entre los madrileños”, recalcó para explicar su posición. Sobre la operación de Inassa, aseguró que no recordaba los detalles, pero sí insistió en que los consejeros recibían informes con muy poco tiempo de antelación a las reuniones en las que se tomaban los acuerdos y que, además, estos documentos siempre eran vagos y no entraban en detalles.
El auto del juez en el que citaba a ambos –y en el que también imputaba a otras 24 personas por aquella operación- detallaba que en aquella reunión, los consejeros del Canal que asistieron votaron a favor de hacer una oferta por el 75% de las acciones de Inassa que generó una deuda a las arcas públicas de 51,1 millones de dólares. La operación –finalmente aprobada por el Ejecutivo de Ruiz Gallardón días después- se hizo, además, a través de “una compleja estructura societaria” que incluyó una "sociedad vehículo" llamada Canal Extensia creada para ello y una mercantil interpuesta, Sociedad Aguas de América, con sede en Panamá.
