Solo el 12% de las medidas del pacto contra la violencia machista se activarán en 2018

Con una reunión in extremis a punto de acabar el año, el Pacto de Estado para atajar la violencia machistaha cosechado este miércoles los apoyos que le faltaban. Las comunidades autónomas han respaldado de forma unánime el acuerdo en la conferencia sectorial de Igualdad, que ha presidido la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. "Este pacto representa la hoja de ruta contra la violencia machista en los próximos cinco años", ha definido Montserrat, que ha subrayado que es el primero que se cierra desde el año 2000, si bien este último ha salido adelante sin unanimidad política.

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El gran acuerdo arranca con un compromiso económico y con el anuncio de que se pondrán en marcha 26 medidas en 2018. Es decir, apenas el 12% de las 217 anunciadas para los próximos cinco años dentro del gran acuerdo para combatir una lacra que deja 47 asesinadas este año según las últimas estadísticas.

El primer compromiso es económico. El ministerio ha acordado con las comunidades autónomas financiar la primera partida de 200 millones de euros en el primer trimestre de 2018, tanto si consiguen cerrar un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado como si no. En caso de que no se consigan, la partida se aprobará vía crédito extraordinario, con 100 millones para las comunidades autónomas, 20 para los Ayuntamientos y 80 para medidas del Gobierno. 

El plazo para cumplir las 217 medidas incluidas en el pacto es de cinco años. Para financiarlo, los grupos parlamentarios aprobaron un presupuesto de 1.000 millones de euros -200 al año- que suponen el doble de lo que comprometió el PP inicialmente. En 2018, ha anunciado que se pondrán en funcionamiento 26 medidas. Son principalmente parte de las que no requieren reformas legislativas, relativas  a mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, sensibilización y educación y dar mejor y mayor formación de los profesionales implicados en combatir la violencia machista.

Entre otras, la ministra ha citado la posibilidad de homogeneizar y agilizar los protocolos sanitarios de detección precoz entre las distintas comunidades autónomas. Este punto se incluirá en el próximo congreso interterritorial de Salud en enero. Se prevén también este año estudios sobre la situación de los menores, la suspensión del régimen de visitas o la formación de los especialistas que trabajan con menores y adolescentes. También ha avanzado Montserrat que se incluirán en el Pacto de Estado de Educación ahora en negociación cambios para incluir la prevención de la violencia de género y la violencia sexual en todas las etapas educativas.

Apenas una de cada 10 medidas comprometidas

Poner en marcha 26 medidas este año supone activar apenas una de cada 10 comprometidas (12%). La mayoría, además, están enunciadas de forma genérica en el documento que ha repartido Sanidad tras la conferencia de prensa de la ministra. Entre otras, el refuerzo de la inspección educativa, campañas informativas sobre otras formas de violencia contra las mujeres o el fomento de la investigación sobre la violencia sexual.

Las comunidades autónomas han sido convocadas, con un mes de retraso respecto a lo estipulado por el Parlamento. Disponían de dos meses desde la aprobación del texto en las Cámara, lo que ocurrió el 28 de septiembre. Las autonomías han aprobado sumarse al texto que aprobó el Congreso de los Diputados y "tomar en consideración" la ponencia que sacó adelante el Senado y las observaciones de las comunidades autónomas. 

"Ahora, con la culminación del pacto, vendrá el desarrollo con las diferentes reformas legislativas que conlleva", ha señalado la ministra antes del inicio de la conferencia sectorial de Igualdad. Montserrat ha dedicado este acuerdo a las 918 mujeres asesinadas desde 2003 y a los 24 menores huérfanos.  "No les vamos a dejar solas, estamos con vosotras, con vuestros hijos y vuestras familias", ha señalado la ministra, que ha confirmado este miércoles que el número de asesinadas en 2017 asciende a 47 mujeres al incluir a la asesinada en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 

El caso de la joven de Benicàssim (Castellón) se encuentra en investigación. Según los últimos datos conocidos, el presunto asesino tenía ya una condena previa por maltrato. Pese a la condena, los antecedentes del agresor y los tres delitos de lesiones recogidos en una única denuncia presentada por la joven diez días antes de su muerte ante la policía por un intento de atropello y otros episodios de violencia, el juzgado solo decretó una orden de alejamiento de 200 metros para Llorens después de que la policía fijara en "medio" el nivel de riesgo para la víctima.

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Monica Oltra, ha reclamado antes del inicio de la reunión que la lucha contra la violencia de género "necesita dinero e inversión". "Los 200 millones tienen que ponerse encima de la mesa ya", ha explicado la también consejera de Igualdad, que reclama que la violencia machista salga de "la confrontación partidista" como ocurrió con el terrorismo. Oltra ha comparado, no obstante, el pacto estatal con el acordado en su comunidad autónoma que "también ha tenido en cuenta a la sociedad civil". "Podría haber habido más complicidad con las comunidades", ha reclamado Oltra.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz (PSOE), ha pedido una mayor "planificación" en los tiempos. "No sabemos" el motivo del retraso con la convocatoria a los gobiernos autonómicos para sancionar este pacto, que compromete 500 millones de euros a las comunidades en cinco años para aplicarlo.