La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al excomisario Villarejo

El comisario jubilado José Villarejo, conocido por sus maniobras turbias en el Ministerio del Interior, y el comisario en activo Carlos Salamanca permanecerán durante los próximos meses en prisión provisional. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de apelación presentados por sus abogados contra la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlos a la cárcel por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la llamada Operación Tándem, que se desarrolló a principios del pasado noviembre. La Sección Tercera de lo Penal aún tiene pendiente de resolver el recurso del tercer encarcelado de la trama, el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo.

Ambos policías se encuentran en el módulo polivalente M-13 de la prisión de Estremera (Madrid), destinado a reclusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La investigación deriva de una denuncia anónima que recibió la Fiscalía Anticorrupción el pasado 25 de abril. En ella se relataban una serie de supuestas actividades ilegales de Villarejo y Salamanca, al que se imputa también un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Este escrito afirmaba que en 2012 un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó a Villarejo, a través de su colega Carlos Salamanca, un informe sobre uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas familiares.

El contrato del policía detenido con los guineanos se hizo supuestamente a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, dedicada a la investigación y a la gestión de crisis, con sede en la Torre Picasso de Madrid. Villarejo y su socio Rafael Redondo Rodríguez formalizaron una propuesta económica, según la denuncia, para la realización de los trabajos, por un importe de 5,3 millones de euros. El pago se realizaría en dos partes: 1,7 millones por elaborar el informe, más un seguimiento anual de 3,6 millones.

Unos anexos al contrato detallaban las fases de actuación en las que se realizarían seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal relativos a Gabriel Mbaga Obiang.

Villarejo y Redondo solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no solo a Cenyt. Parte de estos pagos se realizaron supuestamente en unas cuentas bancarias radicadas en el extranjero, principalmente en Panamá, país calificado como paraíso fiscal. Según la denuncia recibida por la Fiscalía, las transferencias más relevantes las recibieron las sociedades panameñas Participaciones Marvila SA (330.000 y 485.000 euros) y Financiera Uruplan (435.000 euros), presuntamente propiedad del excomisario.

Los representantes del Gobierno guineano mantenían una buena relación con el comisario Salamanca, que por entonces era el jefe policial del Aeropuerto de Barajas, en Madrid. Según los documentos enviados a la Fiscalía, Salamanca les realizaba favores en numerosas ocasiones, como ir a recoger a visitantes a la puerta del avión utilizando coches oficiales o facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras.