El Gobierno lleva seis años sin reunir al observatorio contra el acoso escolar

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En enero de 2016, el Ministerio de Educación anunció que iba a activar el observatorio dentro de un nuevo plan estatal de convivencia. Debió decir en realidad que iba a reactivarlo porque existía desde hace casi una década. El organismo —del que forma parte el Gobierno, las comunidades, Ayuntamientos, sindicatos docentes, representantes de la educación privada, asociaciones de padres y alumnos y la oficina del Defensor del Pueblo— se creó en 2007. Debía mantener, al menos, una reunión anual. Pero solo ha mantenido dos encuentros desde entonces, la última a finales de 2011. Y todo pese a los anuncios del Gobierno, las peticiones reiteradas de los integrantes del observatorio y las llamadas de atención del Consejo Escolar del Estado, que en su último informe anual recientemente aprobado reclama al Gobierno que lo convoque y que implique más a la comunidad educativa en su plan para mejorar la convivencia en las escuelas.

Entre sus funciones, el observatorio debe facilitar información periódica, recoger datos sobre medidas y actuaciones para prevenir casos de acoso, difundir buenas prácticas educativas o promover la colaboración y las propuestas de actuación, así como elaborar informes periódicos.

Desde el Ministerio de Educación alegaron primero que las medidas anunciadas en el plan de convivencia de 2016 no se pudieron poner en marcha durante ese año porque hubo un amplio periodo de Gobierno en funciones. Las elecciones se repitieron en junio de 2016 —las segundas en apenas seis meses—. El PP volvió al Gobierno y el ministro Méndez de Vigo se mantuvo como titular de Educación. Pero tampoco después reactivó este organismo.

En julio de 2017, más de un año después, Educación sacó a exposición pública el proyecto del nuevo real decreto para modificar el observatorio, para el que se podían presentar alegaciones hasta agosto. El borrador del nuevo documento —que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y todavía puede sufrir modificaciones— propone reducir casi un 40% el número de miembros. Pasaría de 71 integrantes a 44. Los representantes que pierden más presencia son las llamadas personalidades de reconocido prestigio, seleccionados entre especialistas que hayan desarrollado su trabajo en materia de convivencia escolar, que pasan de ocho a dos.

La reordenación del observatorio “ha sido la razón de la ausencia de convocatorias”, señalaba a finales de noviembre el Gobierno en una respuesta parlamentaria. Desde la oposición, el grupo de Ciudadanos se interesaba en una pregunta al Congreso por las veces en las que había sido convocado, si había realizado informes —el nuevo borrador le conmina a un informe anual y el decreto en vigor a trabajos “periódicos”— y por el avance del nuevo borrador. Educación alegaba además que una composición más reducida facilitará que el organismo sea “más operativo, eficiente y eficaz”.

“Las políticas positivas de convivencia escolar no se han puesto aún en la agenda y perdemos la capacidad de tratar este asunto entre todos”, critica Carles López, presidente de la asociación de estudiantes Canae, una de las que más ha reclamado la reactivación del observatorio. “Si no se hacen informes, es imposible conocer cuál es la situación en las escuelas, ni se puede evaluar al Gobierno”, añade.

Medida estrella

Además de reactivar el observatorio, el Ministerio de Educación anunció en enero de 2016 otras medidas que siguen pendientes. Entre otras, un registro de datos estadísticos, un protocolo nacional de actuación en las escuelas en coordinación con las comunidades autónomas o un plan específico de formación de profesores con el que Educación se comprometía a incluir la convivencia escolar como temario en las oposiciones, si bien el contenido de las futuras convocatorias de selección aún está pendiente de negociación con comunidades y sindicatos.

Una de las medidas estrella puestas en marcha fue el teléfono contra el acoso escolar, que Educación activó con cuatro meses de retraso en noviembre de 2016. Los trabajadores que atienden el teléfono tuvieron que acreditar el título de Psicología y su experiencia con menores, preferiblemente víctimas de bullying. Pero, como reveló EL PAÍS, las exigencias no están acorde con sus nóminas. Cobran como gestores telefónicos 450 euros netos al mes por 20 horas de trabajo semanales, es decir, la mitad del sueldo de una jornada parcial que el INE calcula para profesionales de actividades sanitarias y servicios sociales (915,3 euros).