Los trabajadores que voten el 21-D deben pedir un justificante para su empleador

Los expertos auguran récord de participación en las primeras elecciones en jornada laboral desde 1982

Un cartero trae a una mesa electoral el voto por correo en 2016.
Un cartero trae a una mesa electoral el voto por correo en 2016. Albert Garcia

Los votantes catalanes se convertirán mañana en los primeros españoles que votan en una jornada laborable desde 1982. Estos son los derechos y deberes de los empleados y los empleadores para la cita del 21-D, en la que los colegios abrirán de las 9 a las 20 horas.

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Los trabajadores que formen las mesas electorales o sean interventores tienen derecho a dos permisos remunerados: uno durante toda la jornada del 21-D y otro durante las cinco primeras horas laborables del día 22. A su vez, los votantes con empleo tendrán durante la jornada electoral un permiso máximo de cuatro horas retribuidas para ejercer su derecho al voto.

Ninguna de esas horas no trabajadas serán recuperables en el futuro por las compañías correspondientes. Sin embargo, será la empresa quien decida cuándo pueden ir a votar sus empleados y el empleador también tendrá derecho a pedirle al trabajador un justificante que demuestre que ha votado. Ese documento lo proporcionará la mesa electoral correspondiente, según una orden del Ministerio de Trabajo.

Pero el departamento que dirige Fátima Báñez ha establecido excepciones a esas reglas. No hay que conceder el permiso mencionado a los trabajadores con una jornada que coincida un máximo de dos horas con el horario de los colegios. Además, si esa coincidencia es de más de dos horas y de menos de cuatro, se concederá un permiso de solo dos horas. Finalmente, tienen derecho a un cambio de horario para descansar los trabajadores que tengan turno de noche la jornada del 20 de diciembre y que vayan a ejercer como miembros de las mesas, interventores o apoderados.

Récord de participación

Los expertos coinciden en que esas medidas provocarán un aumento de la participación respecto a las elecciones autonómicas de 2015 (74%, el récord en Cataluña).

“Que sea laborable va a incrementar la participación”, apuesta Gabriel Colomé, exdirector del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña (CEO). “Votar en domingo fue una petición de las empresas”, recuerda en referencia a la pérdida de productividad. “Las cuatro horas remuneradas y el día no lectivo va a tener como consecuencia que las familias con hijos menores se repartan los turnos de voto”, avanza. “Además, hay abstencionistas que pueden aprovechar para votar con el incentivo de las cuatro horas [sin trabajar]. Veremos si se incrementa el voto en blanco o nulo”.

“La cuestión es a quién puede beneficiar el aumento de la participación y si atraerá al voto independentista o al constitucionalista”, coincide Ángel Valencia, catedrático ciencia política en la Universidad de Málaga. “En principio, el independentismo está movilizado hace tiempo y con un apoyo electoral estabilizado”, razona. “La participación abre un espacio de oportunidad interesante a la movilización y a la disputa de votos por parte de los partidos constitucionalistas”, añade. “Lo interesante aquí es ver hasta dónde puede llegar ese crecimiento en Ciudadanos y el PSC”.

Que las elecciones se celebren en día laborable responde a una decisión estratégica (el Gobierno quería que los catalanes votaran lo antes posible) y a una necesidad (evitar los festivos navideños). Como la ley electoral obliga a que pasen 54 días entre la convocatoria de los comicios y su celebración, el domingo 17 de diciembre quedó inmediatamente descartado. El siguiente domingo disponible era el 24, Nochebuena. Una semana después era 31 de diciembre, Fin de año. Fechas llenas de desplazamientos y celebraciones que hubieran dificultado la participación. Que la cita sea el 21-D puede generar el efecto contrario. Los datos provisionales confirman que las solicitudes de voto de los catalanes residentes en el extranjero se han multiplicado porque tienen imposible aprovechar un fin de semana para viajar e ir a votar. Y todas las encuestas apuestan por una participación superior al 80%.

Nada refleja mejor los efectos que tiene sobre la participación votar en jornada laborable que una carta al director publicada en 1982 en EL PAÍS. “Me llena de profunda tristeza el que el Gobierno convoque elecciones en día laborable, y me pregunto: ¿cuándo nos considerarán capaces de cumplir con el deber cívico de emitir el voto en día festivo?”, se leía. “Señores del Gobierno: me duele que no me otorguen esa mayoría de edad ciudadana”, seguía. “¿Temor a la abstención? Posiblemente”.

“Estas elecciones son muy excepcionales y hay motivos de mucho peso para esperar una participación elevadísima”, recuerda Aina Gallego, profesora de ciencias políticas en el Instituto de Barcelona de estudios internacionales. “Sobre las grandes concentraciones a determinadas horas, es posible que sí las haya en algunos lugares puntuales, pero no creo que vaya a ser un impedimento para poder votar”, añade sobre la previsión de que la mayoría de trabajadores acuda a la hora de comer. “Cuatro horas es un permiso bastante generoso”, sigue sobre la orden del ministerio de Trabajo. “Un tema relacionado es el impacto de que se suspenda la asistencia al colegio, lo que implicará que muchas personas tengan que organizarse para cuidar a los niños, quizás incluso pidiendo días de fiesta”.

Históricamente, esos efectos siempre han sido criticados por los empresarios españoles. En 1977, los valencianos calcularon que los comicios suponían una pérdida “no menor de 50 millones de euros de trabajo, superior a las pérdidas por conflictos laborales, con un coste, teniendo cuenta el gravamen de la Seguridad Social, del orden de doce o trece mil millones de pesetas, a los que habría que sumar el importe, imposible de calcular, de la producción que no se hace”. En 1981, los andaluces amenazaban con enfrentarse al Gobierno por la vía contencioso-administrativa y calculaban las pérdidas en 2.000 millones de pesetas. Y en 2017 ya hay los primeros cálculos: Seat dejará de producir unos 1.000 coches y la patronal catalana de pequeñas empresas calcula que la cita costará 230 millones más por haberse celebrado entre semana.

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