La justicia anula varias órdenes policiales que “vulneraban” derechos en el CIE de Madrid

Los tres magistrados encargados del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid han infligido un nuevo varapalo a Interior. Los jueces han dictado un auto que anula dos órdenes del director de la instalación, dependiente de este Ministerio, por querer imponer unos controles previos de entrada a las ONG que "vulneran los derechos" de los inmigrantes encerrados y de los colectivos sociales que los atienden. Según ha denunciado este viernes SOS Racismo, mediante un sistema de cita previa, se pretendían generar "barreras burocráticas" que restringiesen el acceso de las organizaciones encargadas de la vigilancia y denuncia de las vulneraciones de derechos.

Según el auto de los tres jueces, al que tuvo acceso EL PAÍS, las órdenes dadas por el director del CIE "restringen sin causa que lo justifique" el derecho de los internos y "contravienen el sentido de las normas" que regulan las visitas de las ONG a la instalación. Además, en esa misma resolución, los magistrados ordenan al responsable del centro que, cada semana, facilite un listado a los colectivos sociales con los nombres de los extranjeros encerrados, así como su nacionalidad, el juzgado que autorizó su reclusión, el motivo de la orden de expulsión que pesa sobre cada uno y si entró en patera a España o no.

El Gobierno se defiende

Este enésimo revés al régimen de los CIE se produce cuando Interior aún no ha resuelto la última crisis abierta a finales del pasado noviembre, cuando rebautizó en apenas unas horas la cárcel vacía de Archidona (Málaga) como "centro de internamiento de extranjeros" y recluyó en ella a más de medio millar de inmigrantes llegados en patera a la costa española. La decisión la tomó pese a que la Ley de Extranjería subraya que estos complejos no pueden tener "carácter penitenciario". Y una juez de Vera (Almería) investiga ahora si el ministerio facilitó datos falsos durante este procedimiento. Una iniciativa que se conoce después de que el Defensor del Pueblo cuestionase la medida y la oposición la tildara de "ilegal".

Pese a ello, Interior se muestra confiado. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido este viernes que otro juzgado ya archivó una denuncia por el traslado de los sin papeles a Archidona. "La Fiscalía deja claro que se han seguido todos los procedimientos y se ha cumplido toda la normativa en esta materia", insiste el representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy.