Una juez investiga si Interior facilitó datos falsos para recluir a inmigrantes en Archidona
La magistrada abre diligencias por los posibles delitos de falsedad en documento público y desobediencia
Una magistrada de Vera (Almería) ha iniciado una investigación para dilucidar si se cometió un delito de falsedad en documento público o de desobediencia en la medida adoptada por Interior para recluir en la cárcel de Archidona (Málaga) a uno de los inmigrantes llegados en patera a la costa española el pasado noviembre. Según consta en un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la titular del Juzgado de Instrucción número 2, Cristina Martínez, ha decidido abrir diligencias previas ante "la posible existencia de una infracción penal" y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad que informe sobre la habilitación de dicha prisión como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). También ha pedido a la Policía Nacional que ratifique los datos facilitados a la instructora cuando se decretó el encierro del extranjero.
Esta decisión se adopta después de que el sindicato de prisiones Acaip denunciase en los juzgados que el Ministerio había facilitado "datos falsos" para poder encerrar en Archidona a más de medio millar de inmigrantes llegados a las costas de Andalucía y Murcia a mediados de noviembre. La Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional pidió a la entonces responsable del Instrucción número 2, Mónica Villena, que sustituía a la actual magistrada Martínez, una "autorización judicial de internamiento cautelar en el CIE de Archidona". Pero, como subraya el sindicato, en la localidad malagueña no existe un centro de internamiento de extranjeros, sino una cárcel, como consta en el BOE.
Una medida "ilegal"
El pasado noviembre, después de que más de 500 inmigrantes llegasen a la costa sureste en solo un fin de semana y ante la supuesta falta de espacio en los siete CIE del país, Interior decidió recluirlos en la cárcel vacía de Archidona, que iba a abrir sus puertas en 2018. La iniciativa se adoptó pese a que la Ley de Extranjería subraya con insistencia que este tipo de internamientos debe desarrollarse en instalaciones de carácter "no penitenciario". Las ONG y la oposición calificaron la medida de "ilegal" y el Defensor del Pueblo también la cuestionó: "Tenemos dudas de su empleo para [el encierro de los inmigrantes], dado que ya había sido designado como centro penitenciario".
El Gobierno ha comenzado esta semana a expulsar a los inmigrantes internados en Archidona, lo que provocó este miércoles una protesta de los extranjeros, que acabó con la intervención de los antidisturbios. Según afirma Interior, el incidente acabó sin heridos. Podemos ha pedido este jueves la comparecencia del ministro Juan Ignacio Zoido en el Congreso para explicar lo ocurrido.
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