Anticorrupción y el juez ante Alberto Ruiz-Gallardón
Semana decisiva para su citación en calidad de investigado en la operación Inassa
Esta semana del 11 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción tenía previsto entregar al juez Manuel García-Castellón su informe sobre la participación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y sus colaboradores, en la compra, en noviembre de 2001, de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Se pagó 73 millones de dólares por una empresa cuyo valor un año antes, en 2000, era de 7 millones.
Aunque el expresidente de la Comunidad de Madrid tiene la condición de investigado desde el auto de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de enero de 2017, en el que se autorizaba la ampliación de los investigados, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado al juez García-Castellón su citación para prestar declaración. Una opción, la de crear una pieza separada para esta operación, que sometida a consideración, no se ha adoptado.
El juez Manuel García-Castellón, a cargo de la Operación Lezo, ha estudiado la operación Inassa, según fuentes judiciales, y cree que ha sido el antecedente de Emissao
El modus operandi utilizado doce años más tarde en la adquisición de la brasileña Emissao, operación aprobada en octubre de 2013 por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y orquestada por Edmundo Rodríguez Sobrino, director de la colombiana Inassa (adquirida, según se ha apuntado, en 2001) y mano derecha de Ignacio González en Latinoamérica, ha sido, según la Fiscalía Anticorrupción, es el mismo.
Problema a resolver en Inassa: ¿el delito de malversación prescribió en 2011, diez años después de materializada la operación que pudo producir, según declaró Edmundo Rodríguez Sobrino al juez García-Castellón, comisiones de 25 millones de dólares?
El exfiscal de la Operación Lezo, Carlos Yáñez, consideró que existía una relación entre ambas operaciones. Según expuso ya en época del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, —quien se opuso a investigar a Ruiz-Gallardón— Inassa ha sido el patrón utilizado de facto, doce años después, en la compra de Emissao.
Fuentes judiciales precisan que Yáñez volvió a insistir ante el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, antes de renunciar a primeros de noviembre pasado, por razones personales a su cargo, en la necesidad de citar como investigados a Ruiz-Gallardón y otros altos cargos, entre ellos, el consejero de Hacienda de la época, Juan Bravo, por la compra de Inassa.
El juez Manuel García-Castellón, a cargo de la Operación Lezo, ha estudiado la operación Inassa, según fuentes judiciales, y cree que ha sido el antecedente de Emissao, por muchos rasgos comunes. Pero ha decidido resolver la citación de Ruiz-Gallardón una vez que se despeje el tema de la prescripción.
La Operación Lezo, precisamente, está muy avanzada. Ya se han recuperado 6 millones de dólares, sumando todas las cantidades repatriadas. Por esta razón, el juez quiere resolver aquellas piezas que no fueron consideradas urgentes en un primer momento.
“García-Castellón no comulga con la idea de llamar a declarar a alguien como testigo si ya desde el primer momento existen indicios de que puede ser citado como investigado. Su estilo no es sonsacar información a una persona en calidad de testigo para luego usarla en una citación como investigado”, señala una fuente consultada. El delito de malversación prescribe a los diez años: de 2001 a 2011.
Sin embargo, tanto los fiscales que llevan el caso, Ana Cuenca y Antonio Romeral, como el propio fiscal jefe, Luzón, han estudiado el asunto, y se aprestan a analizar con el juez García-Castellón si existen otras interpretaciones sobre los plazos de prescripción habida cuenta de la similitud de ambas operaciones, Inassa y Emissao, aunque consumadas por equipos de gobierno diferentes de la Comunidad de Madrid.
En otros términos, no se trata de una misma “organización criminal” acometiendo malversaciones continuadas, lo que llevaría la prescripción a los quince años; un periodo de prescripción que sí habría quedado interrumpida por la investigación judicial.
Ruiz-Gallardón acudirá, precisamente, el viernes 15 de diciembre a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política para contestar a las preguntas sobre la adquisición de la colombiana Inassa. También han sido citados Juan Bravo y Pedro Calvo.
Esperanza Aguirre, pendiente
El mismo criterio apuntado en el caso de Alberto Ruiz-Gallardón, a saber, no llamar a declarar en calidad de testigo a una persona que tiene todas las papeletas para declarar en calidad de investigada, es el que, según fuentes jurídicas, mantendrá el juez García-Castellón respecto a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una de las actividades de la Operación Lezo: la adjudicación del Canal Golf en 2007 para su explotación a Tecnoconcret, empresa participada por Pablo González, hermano del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y, a su vez, presidente del Canal de Isabel II, propietaria de los terrenos. La operación permitió materializar un “bocado” importante: 3,2 millones de euros.
Para adjudicar el Canal Golf se produjo una modificación en el contrato —habida cuenta del criterio contrario del Ayuntamiento de Madrid— que calificó la obra (situada en el centro de la capital) de interés excepcional y público. La Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas, tras bucear en la serie de contratos, considera que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid debe responder en calidad de investigada por los hechos.
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