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España reclama tres años para que los 500.000 afectados directos digieran el Brexit

Informe de todos los ministerios sobre las repercusiones bilaterales de la salida del Reino Unido de la UE

Mariano Rajoy durante una reunión con la primera ministra británica, Theresa May. Reuters-Atlas-Quality

El Brexit es un reto inédito y común, para Europa y el Reino Unido, pero con incontables repercusiones bilaterales a negociar con los 27 países socios que se quedarán en la UE y con millones de situaciones personales a resolver. El Gobierno español ha culminado un informe interno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, para distribuir a las autonomías y departamentos afectados y servir de base sobre su posición, ministerio a ministerio, sobre todo en este nuevo periodo transitorio que se abre hasta la salida definitiva y que empezará a abordarse en el Consejo Europeo ya convocado para los próximos 14 y 15 de diciembre. El primer objetivo es mantener el statu quo actual de los acuerdos existentes, especialmente para los casi 200.000 españoles residentes en el Reino Unido y los 300.000 británicos que viven en España, lo más invariable posible hasta que se termine este impase a finales de 2020.

Empleo y Seguridad Social

Para los españoles que ahora están en el Reino Unido trabajando esta es su principal preocupación. Empleo explica que está a favor de ese periodo transitorio (PT) desde la retirada del Reino Unido de la UE y la vigencia de un nuevo acuerdo de colaboración futura pero que preserve “íntegramente el acervo comunitario en materia de libre circulación de personas, así como los reglamentos comunitarios sobre coordinación de sistemas de Seguridad Social”. Y se pide ahí una reafirmación clara de que los ciudadanos de la UE y los británicos “disfrutarán de los mismos derechos sobre libre circulación de personas que los que disfrutan en la actualidad”.

Con esa meta se tendría que mantener la plena jurisdicción y competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios tendrían que poder seguir yendo sin restricciones a residir y trabajar a Reino Unido y a la inversa y cuando finalizase ese periodo los comunitarios que se hayan trasladado a Reino Unido (y a la inversa) durante ese tiempo tendrían “los mismos derechos reconocidos en el acuerdo de retirada a los ciudadanos comunitarios que a día de hoy residen en Reino Unido” y ahí se incluye “la expectativa de acceso a la residencia permanente”.

Nada cambia sobre la situación de Gibraltar

J. C., Madrid

En el documento titulado “Posiciones de los Ministerios de cara a un periodo transitorio y al marco de la futura relación UE-Reino Unido” no hay una sola palabra sobre Gibraltar. Ese olvido tampoco es casual. España entiende que no tiene nada que hablar ahora con el Reino Unido, ni con Gibraltar, y que ese contencioso no debe figurar en la negociación emprendida de manera global por la Unión Europea hasta que todo ese país pase por completo a otra situación. Mariano Rajoy tampoco le comentó nada al respecto el martes a la primera ministra británica, Theresa May, con la que se entrevistó en Londres. La posición española sigue siendo la de ofrecer la soberanía compartida, algo que los gibraltareños y el ejecutivo británico rechazan, como ha reiterado este año el ministro de Exteriores, Boris Johnson. El ministro español, Alfonso Dastis, ha remachado varias veces la postura española: “Cuando el Reino Unido salga de la UE sale entero y nuestra intención y deseo es que fuera de la UE permanezca entero y vamos a trabajar en ese sentido”.

En el texto del Gobierno, el Ministerio del Interior sí plantea la necesidad de buscar fórmulas para retroceder lo mínimo posible en el ámbito de la cooperación policial, pero sin singularidades o excepciones a la carta. Dado que Reino Unido ya no participará en las instituciones europeas, Interior cree necesario establecer unas reglas claras (como el principio de seguridad compartida o el de reciprocidad) a cumplir por todas las partes. Y como el período transitorio de estos próximos tres años podría afectar a la consideración de los británicos residentes en España se concluye que habrá que determinar el tipo de documentación que se les expide (régimen general o régimen UE) y la normativa aplicable a su entrada, la denegación de esa entrada o su expulsión.

El Ministerio aboga por minimizar los perjuicios que se van a producir en cuestiones de seguridad y cooperación policial (en marcos como Europol, Cepol, Prüm o SIS II) y sobre el control de fronteras se plantea una exención del visado para estancias de corta duración.

En esta fase transitoria habría que obtener garantías de que el futuro acuerdo definitivo entre ambas partes contendrá un capítulo sobre movilidad de personas con un “sistema fluido” que permita ese tráfico con normalidad; “equilibrado”, basado sin desigualdades en la “reciprocidad”, y “completo”, que pasaría por considerar “aspectos de entrada y salida de ciudadanos, aspectos de acceso al mercado de trabajo, disposiciones sobre el trato dado a los trabajadores, un régimen para familiares, un régimen para estudiantes, un régimen vinculado al comercio y disposiciones sobre Seguridad Social”.

El Ejecutivo español demanda ahí un modelo “más ambicioso” que el “insuficiente” apuntado inicialmente por la Comisión Europea y basado en el histórico acuerdo comercial firmado este año con Canadá (CETA). Y plantea que se exploren opciones como el modelo noruego, que permite la libre circulación de personas, o el modelo suizo, que también la tolera aunque con un “freno de emergencia” en caso de movimientos desestabilizadores.

Economía, Hacienda, Industria y Comercio

El Reino Unido es el cuarto cliente y el séptimo proveedor de España, las exportaciones españolas ascendieron en 2016 a 19.000 millones de euros y las importaciones superaron los 11.000 millones; es el principal destino inversor (82.000 millones en sectores como el financiero, las telecomunicaciones y el suministro de energía) y el segundo inversor en España (44.600, especialmente en telecomunicaciones).

Los departamentos afectados son partidarios de sostener el statu quo y el acervo comunitario actual en esa transición para reducir las incertidumbres en los mercados y retrasar los planes de contingencia de las empresas lo máximo posible hasta conocer el futuro acuerdo comercial, que se prevé aún más “amplio y profundo” que el alcanzado con Canadá (CETA plus).

El objetivo de partida se fija en mantener los flujos económicos, la igualdad de condiciones y que cuando el Reino Unido no esté sujeto a la política y las normas fiscales, sociales, medioambientales y regulatorias comunes, “no se introduzcan medidas que distorsionen la competencia” y no se le otorguen “más beneficios de los que en justa reciprocidad esté dispuesto a ofrecer y evitar que incentive la salida de otros miembros”.

En el plano bilateral, a “España le interesaría que el acuerdo que se negocie con Reino Unido en la segunda fase evite la sustitución de los productos europeos por productos de terceros países, con los que Reino Unido pueda tener acuerdos comerciales más ventajosos”.

En materia aduanera, se precisa en el informe del Gobierno de Rajoy, “un acuerdo de facilitación de procedimientos entre territorios con soberanía propia y regímenes distintos parece muy limitado, y la propuesta británica de un “nuevo partenariado aduanero”, como acuerdo aduanero independiente del acuerdo comercial, resultaría inaceptable, ya que supondría la cesión de soberanía de la UE en el control de la entrada de mercancías procedentes de terceros países, a las que Reino Unido aplicaría el despacho aduanero, aplicando el Derecho de la Unión”.

En cuanto a las inversiones, el documento de trabajo admite que “interesa a España acordar disciplinas en materia de transparencia y objetividad de las regulaciones, así como mecanismos de cooperación regulatoria, puesto que existen importantes inversiones españolas en Reino Unido en sectores regulados”.

En relación con la reubicación del negocio financiero de Londres, España considera fundamental que todas las autoridades de supervisión se preparen adecuadamente para vigilar nuevos riesgos y aplicar la legislación UE. En concreto, los estándares de autorización vigentes no se deberían rebajar y deberían adoptarse las medidas necesarias para evitar tensiones, incluyendo planes de gestión y mitigación de riesgos.

En materia tributaria, se especifica que uno de los objetivos que debería ser de interés recíproco es el mantenimiento de los mecanismos de cooperación administrativa. Y se propugna que podría establecerse un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido similar a los suscritos ya con Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino para luchar contra el fraude, o plantearse la aplicación extraterritorial de las directivas oportunas. En el ámbito de la fiscalidad directa y de la cooperación administrativa, a falta de elementos incluidos en el acuerdo general de relaciones bilaterales futuras, se defiende que los Convenios internacionales basados en los estándares de la OCDE permitirían cubrir los aspectos más importantes. Además, en algunos casos, se podrían adoptar acuerdos bilaterales específicos, como los convenios para evitar la doble imposición.

Turismo

España es el principal receptor y destino líder de turistas británicos (casi 18 millones en 2016, con un crecimiento del 12,4%). En materia de acceso de ciudadanos británicos a España, Turismo apuesta por conseguir la exención de visados para turistas británicos, por su efecto disuasorio

En cuanto a su acceso a la sanidad pública y a las pensiones, se reclama el mantenimiento de los acuerdos de asistencia sanitaria tanto para la tarjeta sanitaria europea como para la asistencia de pensionista ("en este último caso, garantizándolo también para estancias inferiores a 6 meses, puesto que la legislación británica en proyecto que pretende garantizar los subsidios solo a partir de esa duración es susceptible de causar serios daños al turismo británico en España").

En cuanto a los británicos residentes y propietarios de viviendas en España, se ve necesario garantizar acuerdos de doble imposición para evitar incrementos tributarios en la compra de propiedades.

Justicia

En esa fase transitoria se extendería la aplicación del Derecho de la UE y la jurisdicción del Tribunal europeo en cuanto a la interpretación de las normas, planteamiento de cuestiones prejudiciales, resoluciones judiciales y ejecución tanto para los procedimientos en curso y hasta su conclusión (aunque esta se dé tras la finalización del período transitorio) como para los procedimientos iniciados en ese periodo o a los hechos ocurridos o los daños producidos en cualquier momento de esa etapa.

Para España no basta con que los tribunales británicos “tengan en cuenta” la jurisprudencia europea porque cuando “no la tengan en cuenta” se correría el grave riesgo de romper la uniformidad en la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico común y provocar el nacimiento bien de un “derecho británico de la UE” distinto del común o bien de un corpus jurídico UE “interpretado a la inglesa”.

El Ministerio de Justicia alerta ahí también del “rechazo incondicional de la pretensión británica de someter las controversias mercantiles a arbitraje internacional” y demanda que la UE favorezca que el centro neurálgico de las cortes arbitrales se desplace a Europa.

Para el Ministerio español, en contra de la posición manifestada por Reino Unido, no habría que aplicar a los procedimientos en curso umbral alguno que determine si el procedimiento está iniciado o no.

Y en lo que se refiere al intercambio de datos policiales o penales, se reitera el rango de principio de cumplimiento forzoso, cuya inobservancia exige que los datos sean borrados o destruidos.

Interior

Este departamento defiende una división en dos tiempos de ese periodo transitorio de entre 18 y 24 meses. La primera parte consistiría en la prórroga de los instrumentos actuales (pero sin participación institucional británica) y la segunda consistiría en una desconexión progresiva con puesta en marcha de las soluciones futuras.

Se remarca que en el ámbito de la cooperación policial el objetivo debe pasar por buscar fórmulas para que retroceda lo mínimo posible, pero sin singularidades o excepciones a la carta. Como el Reino Unido ya no participará en las instituciones europeas se ve necesario establecer unas reglas claras (como el principio de seguridad compartida o el de reciprocidad) cumplidas por todas las partes.

El próximo período transitorio podría afectar a la consideración de los británicos residentes en España. El departamento de Interior apunta que habrá que determinar el tipo de documentación que se expide (régimen general o régimen UE) y la normativa aplicable a su entrada, la denegación de esa entrada y la hipotética expulsión (RD 240/2007 o Ley Orgánica 4/2000).

El Ministerio aboga por minimizar los perjuicios que se van a producir en cuestiones de seguridad y cooperación policial (en marcos como Europol, Cepol, Prüm o SIS II) y en lo que respecta al control de fronteras se plantea una posible exención de visado para estancias de corta duración.

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Este periodo plantea problemas por la no participación de Reino Unido en las instituciones: en materia de pesca el reparto de cuotas se hace año a año en el Consejo y el Reino Unido ya no estaría cuando se decida ese reparto. El Ministerio español propone algún tipo de metodología para salvar esta falta de participación institucional, siempre siguiendo la actual estabilidad relativa.

También se considera inadmisible que durante este periodo transitorio se lleven a cabo modificaciones en las condiciones de acceso a las aguas en islas Malvinas.

El escenario ideal sería muy parecido al actual. El objetivo principal es lograr un acuerdo de acceso recíproco a las aguas. Se trata de asegurar que los buques españoles o de capital español que faenan en aguas de Reino Unido puedan seguir haciéndolo y para ello debería negociarse un Acuerdo de Pesca entre la UE y Reino Unido (siendo este ya país tercero) que recoja en mayor medida las condiciones actuales que regula la Política Pesquera Común.

Educación y Cultura

En Educación lo que inquieta son las posibilidades de acreditación y reconocimiento de títulos. Se afirma ahí que son más los profesionales españoles que se desplazan a Reino Unido que al contrario, por lo que en un período transitorio el objetivo sería mantener la plena aplicación de la normativa comunitaria, incluyendo las directivas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

El periodo transitorio facilitaría al colectivo de los españoles que ejercen funciones docentes en Reino Unido la posibilidad de preparar un potencial retorno futuro. La propuesta del Ministerio es la conservación de las condiciones y no incrementar las tasas para acceder a universidades británicas para no perder la posibilidad de acceder a préstamos para financiar los estudios durante todo ese periodo.

Cultura precisa, por su parte, que “no debe existir, en ningún caso, servicios prestados desde territorio británico o por empresas británicas al resto de la UE en el ámbito de las industrias creativas y las plataformas digitales en igualdad con otras empresas domiciliadas en otros Estados miembros”. Y se señala que cuando Reino Unido salga de la UE debe salir también de manera absoluta del Mercado Único Digital y por tanto no será posible que pueda beneficiarse de ningún modo de la regulación comunitaria y libre prestación de servicios en este punto.

Se constata, por su parte, que no se espera que el Reino Unido, una vez fuera de la UE, “vaya a mejorar su colaboración en lucha contra piratería u otros ámbitos similares”. Y se confirma que la misma restricción debe operar en cuanto a la comercialización de derechos.

Sanidad

Una propuesta fundamental de este Ministerio sería que se mantengan los “acuerdos de asistencia sanitaria” tanto para los pensionistas como para los poseedores de la tarjeta sanitaria europea. Según la actual legislación, existe un régimen de reciprocidad en el acceso a prestaciones por parte de ciudadanos de España y Reino Unido. Si se mantiene esta legislación en el período transitorio, los ciudadanos españoles que residen en Reino Unido deberían tener acceso al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud británico en las mismas condiciones que los británicos acceden al nuestro.

De cara al futuro se propugna negociar de forma conjunta entre la UE y el Reino Unido un modelo de asistencia como el vigente con los países del Espacio Económico Europeo o con Suiza.

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