La Fiscalía aprecia “corrupción sistémica” en la adjudicación de obras con Granados

La Fiscalía Anticorrupción considera que durante la época en la que Francisco Granados ejerció como titular de varias consejerías de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2011, se instauró una “corrupción sistémica en la adjudicación de obras de infraestructuras” con el pago de comisiones a cambio de contratos públicos. “Era un sistema integral, una acción planificada en la que todos sabían lo que se esperaba de ellos”, señalan las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, encargadas de investigar el caso Púnica de corrupción. Las representantes del ministerio público hacen estas apreciaciones en un informe en el que se oponen a la petición del empresario Javier López Madrid de que se incorporen al sumario la documentación sobre cuatro obras adjudicadas a la constructora OHL, a cuyo Consejo de Administración perteneció.

La agenda incautada en octubre de 2014 a Granados, cuando este fue detenido, detalla como el expolítico y el empresario supuestamente se repartieron 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado supuestamente a la caja b del PP madrileño para financiar las elecciones autonómicas de 2011 o europeas de 2014. La agenda, un cuaderno Moleskine, recoge una serie de entregas de dinero para el partido y un listado de 14 empresas de distintos sectores que supuestamente participaron en la financiación irregular.

Las fiscales recuerdan que los testigos que han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, y anteriormente ante el juez Eloy Velasco, han declarado que “desde dentro [de la Comunidad de Madrid]” en los concursos de obras públicas “se recomendaba al tercero o segundo en la prelación del baremo para que pagara si quería la obra”. En caso de aceptar el pago de la mordida “su oferta era mejor valorada en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, una fase del concurso “que dependía de juicios de valor”. Las declaraciones de los testigos fueron corroboradas por el empresario David Marjaliza, que tras pasar por la cárcel colabora ahora con la investigación judicial.

“Este ardid es interno y el amaño de esa adjudicación no va a quedar reflejada en papel”, recuerdan las fiscales. Por ello, afirman, “la documentación que solicita la representación de Javier López Madrid no tendría la virtualidad que él persigue”, es decir demostrar que los cuatro concursos bajo sospecha que obtuvo OHL en la Comunidad de Madrid fueron ganados limpiamente y no gracias a sobornos a Granados.

“Los testigos y el co-investigado [Marjaliza] han declarado que había obras para todos. Las empresas sin ética se aquietaron a esas prácticas, sin impugnar ni recurrir, sino que esperaban su turno para pagar comisiones y obtener la obra”, señalan las fiscales en su informe, fechado el pasado 7 de noviembre.

En el caso de López Madrid, las fiscales relatan que su vinculación con la trama corrupta fue “próxima”. Gálvez y García Cerdá señalan que aquel era “el único empresario en la agenda de Francisco Granados que resultaba ser donante –aportador de dinero- y a la vez el único empresario que se quedaba con una parte de las cantidades que él mismo entregaba”. “Y todo lo consignaba su amigo Granados en la agenda de marras”, añaden.

Además, las acusadoras rechazan el argumento del empresario de que no formaba parte del Comité Ejecutivo –la directiva- de OHL, sino únicamente de su Consejo de Administración y, por lo tanto, no podía destinar fondos de la empresa. Las fiscales recurren a la experiencia y dicen que “hay acciones típicas” de la corrupción como “influir, instar, solicitar, inducir… que suelen acompañar a un pactum sceleris [concierto delictivo]” y que realizan “personas intermediarias que no tienen poderes para representar a la empresa ni son un cargo ejecutivo”. Las fiscales subrayan la “relación familiar privilegiada” de López Madrid como yerno de Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL para esta toma de decisiones.