El balance del 155: pagos a proveedores, plazas para profesores y renta de ciudadanía

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, detallará esta mañana en el Senado las medidas aprobadas desde que la Generalitat de Cataluña fue intervenida el pasado 27 de octubre al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Más información

Podemos recurre al Constitucional la aplicación del 155

Elecciones y la independencia de Cataluña, últimas noticias en directo

Canarias, el artículo 155 que no fue

Han sido decenas de decisiones, según detallan fuentes de La Moncloa, pero ninguna de nuevo cuño. Todas formaban ya parte de los planes más o menos inmediatos de la administración catalana antes de la activación de la intervención del Govern. Y algunas tienen una especial significación, como las 2.000 plazas para docentes que se abrirán a concurso el próximo año, la renta garantizada de ciudadanía que podrá empezarse a cobrar en 2018 —una prestación de 564 euros que recibirán las familias más pobres de Cataluña—; o los 2.750 millones de euros destinados a pagar a proveedores —1.500 solo en el último mes—.

Todas esas decisiones habían sido previstas por las exautoridades catalanas y el gobierno de la nación las desgrana y autoriza ahora, tras analizar pormenorizadamente cada partida presupuestaria. Desde La Moncloa se asegura que se ha reactivado la administración autonómica catalana, y se argumenta que había muchos proyectos paralizados por el desafío independentista.

En el estreno del control parlamentario a la intervención del Govern, Bermúdez de Castro intervendrá ante una comisión del Senado compuesta por 27 senadores y dirigida por Pío García-Escudero, el presidente de la Cámara. El PP cuenta con 15 representantes en el organismo, seis son del PSOE, dos de Unidos Podemos, uno del PNV, uno de ERC, otro del PDeCAT y el último corresponde al Grupo Mixto. Los socialistas también han solicitado la comparecencia de un miembro del Gobierno para explicar cómo se está aplicando el artículo 155.

Desde el 27 de octubre, cuando se decidió la intervención del Govern de Cataluña, los ministros de Mariano Rajoy se han acostumbrado a tener una doble reunión los viernes. Una se dedica al despacho habitual del Consejo de Ministros. La otra se centra en Cataluña, y cobra carácter de Consejo de Ministros extraordinario. Fuentes del Ejecutivo describen la actividad desplegada como “intensa”.

La documentación oficial valida el adjetivo. Solo en el consejo del pasado viernes se adoptaron una treintena de acuerdos con los que se decidieron casi 20 millones de euros de gastos computables a futuros Presupuestos de la Generalitat; más de 8 millones en modificaciones de las cuentas públicas actuales; o la concesión de subvenciones directas por valor de 15 millones y de subvenciones excluidas de concurso público por más de un millón de euros.

Entre otras cosas, el Gobierno aprobó este 1 de diciembre dedicar 6.296.799,60 euros del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para atender las remuneraciones de 172 nombramientos de personal funcionario interino para el Programa de Activación para Parados de Larga Duración; invertir 10 millones en el vestuario de los bomberos catalanes; o dedicar 579.714 euros con cargo al presupuesto del Departamento de Territorio y Sostenibilidad para conceder una subvención a la Diputación de Girona para financiar el 50% la adquisición del volcán de Santa Margarida.

La dinámica actual se mantendrá hasta después de las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre. La intervención del Gobierno seguirá en vigor hasta que los partidos catalanes logren formar un nuevo Ejecutivo. El último precedente refleja las largas negociaciones que pueden quedar por delante: tras las elecciones de 2015, Junts pel Sí tardó casi cuatro meses en sumar los apoyos necesarios.