Interior intenta acabar con la polémica de la cárcel de Archidona con una visita de parlamentarios

El Ministerio del Interior intenta enterrar la polémica creada por la reclusión de más de medio millar de inmigrantes irregulares en la cárcel de Archidona (Málaga) con una visita de diputados y senadores el próximo 1 de diciembre al centro penitenciario. El número dos del departamento, José Antonio Nieto, ha cursado a través de Congreso y Senado una invitación a las comisiones de Interior de ambas cámaras para que aquellos integrantes de las mismas que lo deseen acudan ese día. En el documento que se ha remitido a los parlamentarios –y al que ha tenido acceso EL PAÍS- se denomina a la cárcel de Archidona “centro temporal de internamiento de extranjeros”.

La iniciativa se produce después de que Maribel Mora y Miguel Urbán, senadora y europarlamentario de Podemos, intentasen el pasado jueves entrar en la cárcel sin éxito y de que el PSOE presentara en el Congreso una batería de preguntas sobre la reclusión en la prisión malagueña de los sin papeles y pidiera la comparecencia urgente de Juan Ignacio Zoido.

La polémica sobre el centro saltó tras conocerse el pasado lunes la decisión del departamento de Zoido de recluir en la cárcel a cientos de inmigrantes –en su mayoría de origen argelino- que a lo largo del fin de semana anterior habían llegado a bordo de pateras a las costas de Murcia y Almería. Ante el colapso de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Interior optó por enviarlos al Centro Penitenciario de Archidona, cuya apertura para acoger presos está prevista para finales del próximo mes de enero. La medida se anunció con una nota de prensa en la que se obviaba el carácter de cárcel del centro y se tildaba de “habitaciones” las celdas del mismo. La decisión provocó las protestas de ONG, partidos y sindicatos que consideran que la medida va en contra de la Ley de Extranjería y del reglamento de los CIE que aprobó el propio PP, y en los que se descarta precisamente utilizar centros de carácter penitenciario para retener a los inmigrantes hasta que se tramita su expulsión.

Interior ha esgrimido a lo largo de la semana una directiva europea y una sentencia del Tribunal Supremo que considera que avalan legalmente su decisión ya que, en su opinión. abren la puerta en casos excepcionales a utilizar cárceles, siempre y cuando los inmigrantes no compartan espacio con los presos. Altos cargos del ministerio han reconocido en los últimos días a EL PAÍS que ante la avalancha de pateras se plantearon varias opciones. Entre ellas, montar un campamento similar a los que se instalaron en Grecia durante la crisis de los refugiados e, incluso, vaciar un módulo de una de las cárceles de Murcia en funcionamiento para recluirlos.

Finalmente, se optó por el centro de Archidona, que pese a ser formalmente una cárcel desde el pasado mes de marzo, aún no estaba en funcionamiento. La previsión de los responsables de Interior es que la misma no acoja más de 600 inmigrantes y que los mismos no permanezcan en el mismo más allá de 40 días, pese a que la ley permite este tipo de reclusión hasta los 60 días. Para ello, el ministerio ha acelerado sus contactos con el gobierno argelino para agilizar los trámites de repatriación.

El pasado jueves, un equipo de dos técnicos del Defensor del Pueblo visitaron por sorpresa la cárcel para "comprobar las condiciones del centro en el que se encuentran privadas de libertad personas extranjeras". Según informaron fuentes de la institución encabezada por Francisco Fernández Marugán, los inspectores han permanecido durante dos días en el centro penitenciario reconvertido en CIE. La visita de los parlamentarios durará, sin embargo, sólo unas horas. En la invitación cursada, Interior incluye para el mismo día el viaje de ida y vuelta desde Madrid de los parlamentarios.