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La justicia obliga a Defensa a divulgar sus gastos en publicidad institucional

El Consejo de Transparencia ha ganado el pleito que le puso el ministerio para evitar dar los datos

El ministro de Exteriores Alfonso Dastis, junto a Jesús Calleja, en una de las últimas campañas de publicidad institucional.
El ministro de Exteriores Alfonso Dastis, junto a Jesús Calleja, en una de las últimas campañas de publicidad institucional. EFE

El Ministerio de Defensa tendrá que divulgar sus gastos en publicidad institucional, según acaba de determinar un juzgado de Madrid que desestima el recurso que presentó este departamento contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este es el primer caso de trasparencia sobre las campañas publicitarias de los ministerios que se resuelve en los tribunales. Hay otros siete pleitos abiertos en diferentes juzgados pendientes de sentencia.

El caso procede de una solicitud de información que hizo un particular a través del Portal de Transparencia. El ciudadano pidió conocer el detalle de las campañas de publicidad realizadas entre 2012 y 2015 en ocho ministerios. La solicitud incluía los datos desglosados por año, el presupuesto ejecutado, la campaña, el número de inserciones, la tarifa y en qué medio de comunicación se pusieron los anuncios.

Todos los ministerios se negaron a facilitar la información solicitada, así que el ciudadano presentó una reclamación ante el CTBG, el órgano creado por la Ley de Transparencia en el que se dirimen las discrepancias entre los solicitantes de datos y la Administración. El CTBG estimó las reclamaciones y tumbó los argumentos de los ministerios. Varios de ellos alegaron que tenían que efectuar una labor previa de reelaboración para facilitar los datos y también que se podía perjudicar los intereses económicos y comerciales de terceros.

La transparencia judicializada

De los 61 recursos presentados hasta ahora a resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), 44 son de distintos ministerios del Gobierno o de empresas del sector público. En todos los casos, el CTBG había dado la razón a ciudadanos que les pedían información, pero la Administración prefirió no acatar la decisión del consejo y llevarla a los tribunales. 

La creciente judicialización supone que el CTBG tenga que emplear dinero público —hasta ahora unos 45.000 euros— en contratar abogados privados para pleitear contra la Administración a la que, en realidad, también pertenece. Los abogados del Estado —con los que este organismo tiene un convenio firmado—no pueden defender al Consejo porque ya lo hacen con el Gobierno.

El juzgado central contencioso-administrativo número 2 de Madrid avala ahora la resolución del CTBG. Considera que no existe reelaboración de la información y que no se perjudican los intereses de las empresas contratantes. El Ministerio de Defensa llegó a alegar que no disponía de la información. "La propia demandante admite su posesión", le recuerda la sentencia.

El CTBG, que no suele entrar a valorar los fallos judiciales, ha asegurado hoy en un comunicado que "valora muy positivamente la sentencia desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas". El CTBG siempre ha considerado en sus resoluciones que los planes de medios, que son los documentos donde se detallan los gastos en publicidad institucional, son documentación pública según el artículo 13 de la Ley de Transparencia y que conocerlos garantiza "la adecuada rendición de cuentas por el gasto público realizado".

La Ley de Transparencia no menciona específicamente los gastos en publicidad como información que deba ser publicada, pero varias leyes autonómicas posteriores sí obligan a que los Gobiernos regionales divulguen estos datos. Entre ellas está Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.