PSOE y Podemos denuncian que es “ilegal”recluir a inmigrantes en la cárcel
Los partidos y organismos como el Defensor del Pueblo andaluz y la Abogacía Española recuerdan al Gobierno que la decisión supone una violación de los derechos humanos
El partido socialista, Unidos Podemos, la Junta de Andalucía y organismos como el Defensor del Pueblo andaluz y la Abogacía Española se han mostrado preocupados por el cáracter "ilegal" de la decisión del Gobierno de recluir en la cárcel de Archidona (Málaga) a 464 inmigrantes llegados este fin de semana en patera a las costas de Murcia. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, anunció este lunes el traslado al centro penitenciario andaluz, que justificó explicando que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde de Murcia está al límite de su capacidad. La legislación prohíbe expresamente que los inmigrantes en situación irregular, que no han cometido ningún delito, sean recluidos en prisiones.
El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en la que pide explicaciones al ministro del Interior por la reclusión del medio millar de inmigrantes en la cárcel de Archidona, una medida que juzga de “absolutamente ilegal y que vulnera los derechos humanos”, denuncia Pilar Cancela, secretaria de área de políticas migratorias del PSOE, informa Elsa García de Blas. “El Gobierno está desbordado por una ineficaz política de gestión de los inmigrantes llegados a nuestro país”, critica Cancela. “Recluir a estas personas en una cárcel atenta contra su dignidad y la libertad”. El PSOE pide al Ejecutivo que explique su decisión pero también que la revierta “inmediatamente, realojando a los inmigrantes en los centros que marca el ordenamiento”, reclama Cancela.
Los socialistas han solicitado también la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso para que explique la gestión del Gobierno de la inmigración que está llegando en pateras a las costas españolas. “Ni hay instalaciones dignas para atender a quienes llegan en condiciones infrahumanas la mayoría de las veces, ni hay personal suficiente”, lamenta el portavoz socialista de Interior en el Congreso, David Serrada.
"Estamos profundamente preocupadas porque es ilegal, contraviene la Ley de Extranjería y el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros y porque vemos una vez más, que el Gobierno del PP se coloca fuera de la ley y de los derechos humanos. El PP sistemáticamente incurre en la ilegalidad", ha afirmado por su parte la portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, Ione Belarra.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado también su "preocupación y sorpresa" por la decisión de Interior, porque está "prohibido" por la legislación española. La Oficina del Defensor del Pueblo Estatal ha señalado que está "vigilante" para que "se garanticen los derechos de estas personas" internadas, toda vez que ha apuntado que ya han comenzado a recibir las primeras quejas sobre este asunto, a las que, como es habitual, dará trámite.
Acciones legales
El Consejo General de la Abogacía Española ha condenado también el ingreso de los inmigrantes en la cárcel de Archidona y ha exigido, a través de un comunicado, "el inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados".
La organización Andalucía Acoge, que ha exigido al Gobierno la "inmediata" puesta en libertad de los extranjeros encarcelados, también ha avanzando este martes que presentará una queja al Defensor del Pueblo.
El sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, Acaip iniciará acciones legales si en 24 horas no se ha trasladado a los inmigrantes a unas instalaciones adecuadas. "Hay un atentado clarísimo contra los derechos humanos, es una situación alarmante", ha reconocido, a la vez que ha asegurado que los extranjeros "han tenido problemas por la noche, ya que ha habido trabajos nocturnos de empresas". "Han dormido algunos con las celdas cerradas y otros con las mismas abiertas", ha añadido.
Desde el sindicato sospechan que la intención del Gobierno es que la infraestructura de Archidona funcione de manera compartida como prisión y como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), considerando que esto sería "una aberración y una barbaridad'.
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