El juez del Supremo da el primer paso para asumir la investigación de la Audiencia contra el ‘Govern’

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado este martes el primer paso para asumir todas las investigaciones abiertas por el proceso independentista catalán. El instructor del Tribunal Supremo ha pedido a mediodía a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que le informe sobre los hechos que investiga contra 14 miembros del Govern cesado de Cataluña y los anteriores responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para decidir si el alto tribunal es competente para hacerse cargo de estas causas.

El paso que ha dado Pablo Llarena no era imprescindible. Podía ordenar a Carmen Lamela (porque así lo permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que le remitiera la causa contra el expresident Carles Puigdemont y los 12 consejeros de su Gobierno cesado (investigados por rebelión, sedición y malversación) y contra los líderes de ANC y Òmnium (por sedición), pero el instructor ha optado por dar este paso intermedio para atar bien el procedimiento.Si el alto tribunal unifica la causa, previsiblemente revisaría, como ya adelantó EL PAÍS, el encarcelamiento de los exconsejeros.

Entre el Supremo y la Audiencia no ha habido oficialmente ningún intercambio de información estos días sobre las causas relacionadas con el procés que ambos tribunales investigan, por lo que Llarena, en teoría, solo conoce que en la Audiencia existe otra causa porque la Fiscalía hizo referencia a ella en la querella que presentó en el Supremo. Con el escrito enviado al Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, el magistrado da cinco días a Lamela para que le informe de los hechos que investiga contra los exconsejeros y los anteriores líderes de ANC y Òmnium y de los antecedentes “procesales e investigativos” de esta causa.

La decisión de Llarena supone el primer paso que da el instructor del Supremo para asumir todas las investigaciones abiertas por el procés. El magistrado investiga hasta ahora la causa por rebelión, sedición y malversación abierta en el Supremo contra seis miembros de la Mesa del Parlament, incluida la presidenta Carme Forcadell. El pasado jueves, ya pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remitiera la causa contra estos mismos por desobediencia y prevaricación.

Con el escrito dictado este martes, el instructor se prepara, según las fuentes consultadas, para acumular también las investigaciones contra los exmiembros del Govern investigados en la Audiencia Nacional por los tres mismos delitos por los que el Supremo investiga a los miembros de la Mesa. Además, el juez del alto tribunal pide a Lamela que le informe sobre la investigación por sedición contra los expresidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En el proceso de la Audiencia están investigados también por sedición el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana. Aunque el Supremo no alude a ellos en este escrito, las fuentes consultadas explican que la información sobre su investigación también se enviará al Supremo y, si este unifica la causa, asumirá la parte referente a los dos mossos.

En la providencia dictada este martes, el magistrado requiere también a Lamela que pida a los abogados de los investigados en la Audiencia y a la Fiscalía que se pronuncien sobre la acumulación de los procedimientos. Lamela ya remitió ayer esta petición a las partes.

Con la unión de los casos, el Supremo pretende evitar que se produzcan discrepancias entre las decisiones de la Audiencia y las suyas, como ocurrió cuando Llarena aplazó sus interrogatorios a petición de los abogados y Lamela optó por celebrarlos (las defensas aseguran que pidieron por escrito la suspensión, pero la juez sostuvo en su auto que no había tenido conocimiento de esta solicitud antes de las comparecencias).

Estas discrepancias se vieron también en las medidas cautelares tomadas por uno y otro juez contra los investigados. Mientras Lamela ha enviado a prisión incondicional a los exconsejeros a los que ha interrogado y a Sànchez y Cuixart, Llarena impuso a los miembros de la Mesa fianzas asumibles para que pudieran eludir la cárcel. Con todo, en el auto de medidas cautelares, el juez del Supremo diferencia las situaciones de los investigados en la Audiencia Nacional y los del Supremo, sobre todo respecto al riesgo de destrucción de pruebas (todas las decisiones de la Mesa están recogidas en las actas del Parlament), uno de los aspectos que determinan las medidas cautelares.

En la providencia de este martes, el magistrado requiere también a Lamela que pida a los abogados de los investigados en la Audiencia y a la Fiscalía que se pronuncien sobre la acumulación de los procedimientos. Lamela ya remitió ayer esta petición a las partes.