Forcadell y los miembros de la Mesa declaran en el Supremo por tramitar las resoluciones independentistas

La presidenta en funciones del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco exmiembros de la Mesa vuelven este jueves al Tribunal Supremo, una semana después de que el juez Pablo Llarena aplazase su comparecencia como investigados por rebelión, sedición y malversación en el proceso soberanista. En esta semana de plazo que ha concedido el alto tribunal a los investigados para preparar mejor sus defensas ha pasado muchas cosas que pueden marcar los interrogatorios de este jueves y sus consecuencias: ocho miembros del Govern cesados llevan siete noches durmiendo en prisión por el mismo delito que la Fiscalía atribuye a los miembros de la Mesa; la Audiencia Nacional ha rechazado poner en libertad a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, encarcelados desde el pasado 20 de octubre; y un juez de Bruselas ha dejado en libertad condicional el expresidente catalán Carles Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que viajaron a aquel país y rechazaron comparecen ante la Audiencia Nacional.

Todos los ojos van a estar puestos este jueves en el magistrado Llarena y en qué decisión adopta sobre Forcadell y sus compañeros tras interrogarles. En el Supremo no ha gustado el de los exmiembros del Govern, pero las fuentes consultadas no adelantan lo que pueda ocurrir con los integrantes de la Mesa. Dependerá de las declaraciones y de las peticiones de los fiscales y sus argumentos. El pasado jueves, tras suspender las declaraciones, la fiscalía solicitó que se impusiera a los aforados una “vigilancia policial permanente” para garantizar que no salían de España, pero el juez rebajó esta petición y acordó someterles a “control policial” centrado en llamadas de teléfono.

La querella interpuesta por la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo implica a seis personas, todos ellos son diputados del Parlament disuelto el pasado viernes, pero que mantienen su condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de la Cámara: la expresidenta, Carme Forcadell; el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas; los también miembros de la Mesa y diputados del mismo grupo Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet; y el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet i Pujals. La Fiscalía les atribuye los mismos delitos que al Govern por tramitar las resoluciones votadas en la Cámara catalana encaminadas a declarar la independencia, incluida la resolución de Junts pel Sí y la CUP que, el pasado 27 de octubre, declaró el nacimiento de la república catalana.

Tras los interrogatorios de este jueves, el juez Llarena tendrá que decidir si reclama a la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remitan las causas que tienen abiertas por el proceso soberanista para centralizar la investigación en el Supremo. Las fuentes consultadas dan por seguro que será así, aunque Llarena puede esperar a que la Audiencia resuelva los recursos presentados por los letrados de los exconsejeros contra su ingreso en prisión.

El Supremo tiene también pendiente pronunciarse sobre la solicitud de la fiscalía de que imponga una fianza a los seis investigados por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, el Ministerio Público ha pedido que se cite a declarar como testigos a los miembros de la Mesa José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos) y David Pérez Ibáñez (del PSC), que se opusieron a que se votara la independencia; y al letrado mayor del Parlament Antoni Bayona i Rocamora y el secretario general de la Cámara, Xabier Muro. Asimismo, el fiscal solicita que el Supremo pida que se una a la causa una copia de los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación y debate de la ley de referéndum y la de transitoriedad y el acta de las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre (en las que se votaron estas leyes) y de los días 26 y 27 de octubre (cuando se aprobó la declaración de independencia); diversas resoluciones del Tribunal Constitucional y una hoja “histórico penal” de los querellados. Algunos de los abogados pidieron la semana pasada al instructor del Supremo que pospusiera los interrogatorios hasta que toda esta documentación hubiera llegado al alto tribunal, pero el magistrado rechazó esta petición.