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Santamaría recuerda al PSOE que recuperar la normalidad en Cataluña “depende de todos”

Los socialistas piden a la vicepresidenta que rinda cuentas de la gestión tras la aplicación del 155

Miquel Alberola
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el pleno en el Senado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el pleno en el Senado.Kiko Huesca (EFE)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en el Senado este martes que recuperar la normalidad en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución no es una tarea exclusiva del Gobierno sino que “depende de todos”. La afirmación, un tanto airada, de la vicepresidenta tenía una destinataria: la senadora socialista María Luisa Carcedo, que le había preguntado sobre los planes del Gobierno al frente de las instituciones catalanas tras poner en marcha el precepto constitucional.

Sáenz de Santamaría había señalado que esos planes “se resumen en los cuatro objetivos marcados por marcados por el Senado” en la sesión celebrada el pasado 27 de octubre: “Volver a la legalidad, recuperar la confianza, mantener los niveles de crecimiento perjudicados por la situación y celebrar elecciones en un situación de normalidad institucional”. Pero la senadora Carcedo, con objeto de “empezar a recuperar la democracia” y tratando al mismo tiempo de marcar el perfil propio del PSOE tras ir de la mano con el PP para frenar la tentativa independentista, ha pedido a la vicepresidenta que “rinda cuentas” de la gestión que lleva en Cataluña hasta la celebración de las elecciones el 21 de diciembre.

La vicepresidenta ha puesto como ejemplo de esa rendición de cuentas el hecho de comparecer en el Senado, así como las diversas medidas que ha adoptado el Gobierno en los días sucesivos a la aprobación en el Senado de la aplicación del 151 para poner a la Generalitat dentro de los cauces de la legalidad y restaurar la normalidad.

Pero a la vista del distanciamiento del PSOE, ha exigido unión y “lealtad”. Ha dicho a la senadora socialista que el Gobierno va a trabajar para "fortalecer ese acuerdo" y "recuperar la convivencia", poniendo en valor "la riqueza de la pluralidad" pero también "la fortaleza de la unidad” en unas medidas que se adoptaron “con un acuerdo importante el 80% del Senado”. “En momentos en que el desafío es tan grande”, ha reprochado, “no conviene entretenernos en pequeñeces sino en mirar con la mirada muy larga y muy lejos, y saber que recuperar esa normalidad en Cataluña dependerá no solo del Gobierno sino de todos nosotros”.

En la sesión de control, la vicepresidenta también ha contestado una pregunta de la senadora de Podemos María Pilar Garrido sobre los contenidos constitucionales que el Gobierno considera que se deben cambiar a través de la reforma constitucional “pactada con el PSOE para afrontar, entre otras cuestiones, el encaje de las naciones en el Estado español”. Sáenz de Santamaría ha recriminado a la senadora de Podemos que ya la hubiese interpelado en febrero sobre el mismo asunto y que la posición del Gobierno, a diferencia de la de Podemos, “no ha cambiado”: “Ahora que se ha abierto una comisión en el Congreso para abordar la reforma han decidido no participar”, en referencia a su descuelgue de la comisión territorial que se constituye el próximo día 13 para estudiar una actualización del Estado autonómico.

Garrido ha reprochado a la vicepresidenta el poco interés que ha demostrado su partido por “la salud de la Constitución” y Santamaría le ha replicado con que Podemos no ha tenido nunca un proyecto territorial sino “un proyecto abrasivo para las instituciones”. La vicepresidenta ha definido “el podemismo” como “una fusión de populismo y nacionalismo excluyente”.

Tras su intervención, ya en los pasillos del Senado, la vicepresidenta ha recordado que la Junta Electoral Central es la que debe garantizar la neutralidad informativa ante las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha subrayado, en relación a un programa infantil de TV3 sobre por qué son presos políticos los exmiembros del Govern, que la obligación de los directores de los medios de comunicación es "respetar la infancia" porque son "derechos humanos".

En la sesión celebrada este martes el Ejecutivo ha tenido que dar respuesta a otras dos preguntas relacionadas con la convulsión política catalana, que en la última semana ha llevado al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a huir a Bélgica con la mitad de sus exconsellers, mientras el resto de miembros del gabinete ha sido enviado a la cárcel por la juez Carmen Lamela de modo preventivo.

El ministro de Justicia, Rafael Català ha sido interpelado por el senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, sobre si el Gobierno pretendía "seguir promoviendo la imposición, la represión y la persecución política" en Cataluña y con más "presos políticos". Catalá ha negado que en España haya "presos políticos". "Nadie está en la cárcel por sus ideas sino por su responsabilidad penal. No hay ningún Gobierno en la cárcel, hay personas en la cárcel porque lo ha decidido un juez". "En España", ha replicado Cleries, "un ministro reprobado se va a su casa".

Volver a la moderación

El ministro ha objetado al senador del PDeCAT que la España que describe "desapareció hace 40 años" y que hablara de defender la democracia cuando "están intentando aplastar a la mitad de la sociedad catalana" y negando al Parlament sus funciones. Catalá ha instado a Cleries y a su partido a "volver a la moderación y la centralidad que les ha caracterizado" tras una trayectoria en la que "han perdido hasta sus siglas". "Ya hay bastantes extremistas y radicales para que intenten imitarles", ha añadido.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sido el encargado de responder al senador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Xavier Castellana, quien ha preguntado sobre el coste del despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. La formulación genérica de la interpelación ha permitido al ministro a escurrirse "por la falta de precisión". El senador independentista le ha afeado que se refugiara en la literalidad de la pregunta para no contestar. El ministro le ha criticado que hubiese ido al Senado "a hacer una soflama e insultar a las fuerzas de seguridad del Estado". Con todo, ha respondido que los costes de las nóminas de los cerca de 6.000 agentes desplazados asciende a 220 millones. A ello, ha dicho, hay que que sumar otros como el de las infraestructuras y el material.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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