El juez activará el día 17 los trámites sobre la entrega de Puigdemont

La segunda cita de los exrepresentantes catalanes con la justicia belga se producirá el 17 de noviembre a las 14.00, según un comunicado emitido ayer por la fiscalía de Bruselas. Tras entregarse el pasado domingo a la policía y declarar ante la fiscalía, los cinco tendrán que comparecer en la Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia que actúa en la fase de instrucción y decide algunos aspectos de los procesos de entrega. El juez encargado del caso debería dirimir en un plazo de 15 días si los políticos reclamados por la Audiencia Nacional deben volver a España, tal como ha reclamado este organismo.

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Para poder dictar sentencia, la justicia belga debe demostrar que al menos uno de los delitos que se les imputan existe también en Bélgica. De lo contrario, será difícil que conceda la entrega a España en el marco de la euroorden, un instrumento comunitario más automático que la extradición y que, a diferencia de esta, excluye la intervención del Gobierno.

El proceso, aun así, es complejo. Tanto Puigdemont y sus excolaboradores en el Govern —Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)— como la fiscalía de Bruselas pueden recurrir la decisión de ese juzgado de primera instancia. España no tiene capacidad de apelar porque se trata de un procedimiento judicial belga.

El eventual recurso, sea de los exmandatarios catalanes o de la fiscalía, se presentará ante un tribunal de apelación en un plazo de 24 horas. Y en 15 días debe resolverse. Después de ese primer paso, aún cabe una segunda apelación ante la Corte de Casación, que dispone de otros 15 días para decidir. Si acepta el recurso, devuelve la causa al tribunal de primera instancia, que debe emitir su sentencia definitiva de nuevo en 15 días. Si no lo admite, se ejecuta esa primera decisión que fue recurrida por alguna de las partes.

En el caso de que la justicia belga admita la entrega, el juez determinará la fecha en que debe verificarse, que no superará los 10 días. Pero si todas estas etapas superan el máximo total de 60 días que rige para la euroorden —la demanda de entrega que solicita España en el marco de la legislación europea—, es posible prolongar el proceso otro mes más, hasta un total de 90 días. Resulta muy probable, por tanto, que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre se celebren sin que haya decisión firme sobre la entrega a España de Puigdemont y sus exconsellers.

La gran incógnita

La gran incógnita es qué ocurrirá si Bélgica decide que ninguno de los delitos atribuidos a los miembros destituidos de la Generalitat tiene una correspondencia exacta en el código penal de este país. Las defensas alegarán que los derechos fundamentales de sus clientes pueden verse vulnerados en España y que por ese motivo no deben ser entregados. Está por ver si la justicia belga admitirá este razonamiento para denegar la entrega de los cinco políticos catalanes a la justicia española. España considera inaplicable ese supuesto porque, al igual que Bélgica, es un Estado de derecho perteneciente a la Unión Europea.