Un proceso judicial en plenos comicios

Las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre serán los comicios más internacionales celebrados nunca en Cataluña. No solo porque gran parte de la atención global esté centrada en lo que sucede ahora en la región. También por el ruido que puede llegar desde más de mil kilómetros al norte, con el proceso judicial contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros en marcha en Bruselas.

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La entrada de los miembros del Govern en la rueda judicial belga promete ser una cuestión recurrente durante la campaña. Más aún después de que el PDeCAT confirmara ayer a Puigdemont como candidato del partido a la espera de saber si la lista unitaria independentista sale adelante.

Una vez que el juez de instrucción tomó ayer declaración a los cinco políticos independentistas, la vía judicial belga toma un sendero que ha recorrido en multitud de ocasiones el abogado flamenco de 68 años Paul Bekaert. Este antiguo defensor de presos etarras, el elegido por Puigdemont, pero que también ha ofrecido asesoramiento legal al resto de acusados, es un experto en extradiciones y solicitudes de asilo. Como gran conocedor de los resquicios del sistema legal, su trabajo será evitar la entrega a España, o, en caso de que eso se torne imposible, alargarla lo máximo que esté en sus manos.

El magistrado solo se pronunció ayer sobre la libertad de Puigdemont y los exconsellers, pero el fondo de la cuestión será examinado por primera vez por la Cámara del Consejo —la Chambre du Conseil por su nombr francés—, un juzgado de primera instancia que dispondrá de 15 días para volver a citar a los exmiembros del Gobierno catalán y decidir sobre su entrega a la justicia española. Su decisión está lejos de ser definitiva. Podrá ser recurrida primero ante la Corte de Apelación, que contará con otra quincena, y como última instancia ante la de Casación, lo que daría aún más tiempo.

En total, la euroorden establece un periodo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros. Pero este plazo no es fijo: puede ampliarse otros 30 días en casos excepcionales. La Fiscalía incluso abre la puerta a que dure más tiempo, dado que ha precisado que estos plazos solo se aplican a las personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas.

Eso daría tiempo a Puigdemont para seguir en Bélgica más allá del horizonte electoral, concretamente hasta enero o febrero. Y supondría emprender una campaña electoral atípica, con un ojo puesto en el estrado, otro en hacer llegar mensajes a Cataluña —para lo que ha escogido fórmulas como la declaración leída a la cadena pública catalana TV3 del jueves o sus publicaciones en la red social Twitter— , y un último frente exterior. “Puedo hacer campaña en cualquier parte del mundo porque estamos en un mundo globalizado”, dijo a la cadena belga francófona RTBF el viernes.

La entrevista puede ser el inicio de una omnipresencia en medios internacionales que Puigdemont parece decidido a emplear para presentarse ante el mundo como víctima de un sistema, el español, injusto y con deficiencias democráticas —ha diferenciado entre justicia verdadera (la belga), y politizada (la española)—.

En ese último flanco, el de la denominada internacionalización del procés, cuenta con escasos apoyos internacionales hasta el momento, pero su propósito es tratar darle un vuelco a la situación.

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Cintillo