El Gobierno no ve recorrido a una petición de asilo

El Gobierno no ve recorrido a una posible petición de asilo de Carles Puigdemont y de algunos exconsejeros, que ayer viajaron a Bélgica mientras la fiscalía se querellaba contra ellos por rebelión, sedición y malversación. Fuentes de La Moncloa argumentaron que a estos políticos no se les pueden aplicar las figuras de asilo diplomático y territorial. Subrayaron la normalidad con la que transcurrió en Cataluña la primera jornada laboral con el artículo 155 en vigor.

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El Gobierno español conoce al detalle la normativa que regula el derecho de asilo en la Unión Europea porque ya en tiempos de José María Aznar trabajó en ella como respuesta a las peticiones de los terroristas integrados en ETA. En consecuencia, la hipótesis de que Puigdemont y varios de sus consejeros se hubieran desplazado a Bélgica en busca de refugio encontró una pronta respuesta por parte del Ejecutivo. “La situación no encaja en absoluto en el supuesto de asilo diplomático, ya que en Europa no rige esa figura”, argumentaron fuentes gubernamentales. “Tampoco encaja en la de asilo territorial”, añadieron, refiriéndose a que España cumple todos los requisitos de la convención de Ginebra para ser considerado un Estado seguro; y a que los delitos por los que la fiscalía acusa a Puigdemont fueron presuntamente cometidos antes de que presentara cualquier solicitud.

Desde el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy también se señaló ayer que es “incompatible con la pertenencia a la UE la concesión de asilo a un nacional por parte de otro Estado miembro”. El simple hecho de que España sea uno de los 27 socios europeos, subrayaron desde La Moncloa, ya acredita que cumple con los estándares de protección de derechos humanos y respeto al Estado de derecho que están en el corazón de la Unión.

Una vez pasadas las primeras jornadas de aplicación de las medidas de intervención decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo mantuvo una preocupación máxima por evitar cualquier episodio de tensión en las calles catalanas.

Antes y después de que se conociera el viaje de Puigdemont y varios exconsejeros, el Gobierno recalcó la normalidad con la que se vivió en Cataluña la primera jornada laboral con el artículo 155 en vigor. No hubo protestas, ni se produjeron casos notables de absentismo laboral entre los empleados públicos.

Consejo de ministros

El equipo de Rajoy monitorizó los acontecimientos, constató la colaboración mayoritaria de los funcionarios y vivió sin sobresaltos que el exconsejero Josep Rull acudiera a su oficina oficial, al interpretar que lo hacía para recoger sus objetos personales. Al tiempo, el Ejecutivo comenzó a asumir la tarea de coordinación del día a día de la Administración catalana. Representantes del Gobierno central se reunieron con altos cargos del departamento de Economía de la Generalitat para avanzar en algunos aspectos de la intervención en esa área. Finalmente, una vez que Carme Forcadell acató la disolución del Parlament, desconvocando la reunión prevista de la Mesa, Rajoy decidió mantener la iniciativa política.

Así, el presidente pidió a sus asesores que buscaran un acercamiento inmediato al PNV para negociar el apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos de 2018 (estos reiteraron ayer su negativa). Sus colaboradores también empezaron a preparar el Consejo de Ministros que en las próximas horas tomará decisiones organizativas sobre las elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña el próximo 21 de diciembre.

Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cerró la primera jornada laboral de aplicación de las medidas del artículo 155 con una frase con la que pareció señalar que el Ejecutivo aspira a mantener su entendimiento con el PSOE y Ciudadanos. Cuando existe “voluntad de acuerdo”, dijo, se pueden lograr objetivos “fructíferos y duraderos”.