La alternativa a la decisión de disolver a la policía autonómica

No ha sido fácil. La sustitución de Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra y bestia negra en toda la crisis creada por el desafío independentista, era quizá el relevo más delicado de todos los que debía realizar el Ministerio del Interior después de la activación del artículo 155 de la Constitución. La solución del ministro Juan Ignacio Zoido fue casi salomónica y supone, en esencia, que los Mossos mantienen sus competencias como cuerpo policial a cambio de contribuir a restaurar el Estado de derecho en Cataluña. El segundo de Trapero, Ferran López, ha sido el elegido para liderar este nuevo proceso, no exento de riesgos.

“Un funcionario profesional”, según le definen quienes le han conocido en estas arduas negociaciones. “Un tipo leal a sus mandos hasta las últimas consecuencias”, dicen. “Una persona capaz de inmolarse por salvar a su cuerpo”, aseguran. El hombre perfecto para llevar a cabo una tarea que promete ser costosa, con los Mossos d’Esquadra partidos por la mitad tras el 1 de octubre y con muchos de ellos denunciados por un posible delito de secesión por no hacer cumplir la ley el día de la consulta.

El gabinete jurídico del Ministerio del Interior ha acumulado en las últimas semanas decenas de denuncias contra la actuación de los Mossos el 1 de octubre que, en principio, seguirán su curso ya que fueron trasladadas a la fiscalía en su momento.

Durante los días que se ha prolongado la búsqueda contra reloj del candidato a relevar a Trapero —en todo momento se pensó que debía ser un mosso para ganar afinidades y para evitar conflictos entre otros cuerpos—, el objetivo que prevalecía en la mente del ministro del Interior era lograr volver a la normalidad, a la ley.

La alternativa a nombrar a López, que acompañó a Trapero hasta a la Audiencia Nacional, era tan sencilla como radical: acabar con los Mossos, según fuentes próximas a las negociaciones. En este sentido, Zoido apuesta por una opción mucho menos traumática y mantiene a la policía autonómica como un cuerpo integral con todas las competencias que se han ganado en sus 34 años de historia pero, a cambio logra su colaboración para restaurar el orden constitucional en Cataluña.