Rajoy delega en Sáenz de Santamaría y en Montoro el gobierno de Cataluña

Todas las competencias del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, cesado por el Consejo de Ministros en la tarde del viernes, pasaron al presidente del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy. Este hizo uso inmediato de una de ellas: la capacidad de convocar elecciones, que serán el próximo 21 diciembre. Y eso es todo, de momento. El jefe del Ejecutivo delegó todas sus competencias procedentes de la presidencia de la Generalitat en la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. Una vez descartadas las opciones que el presidente barajó sobre si debía poner al frente de la Administración catalana a una persona ajena a su Gobierno, Rajoy decidió elegir la opción menos llamativa y menos traumática.

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Sobre la mesa del presidente siempre estuvo esta opción, que fue transmitida a todos los ministros para que todo estuviera preparado en el caso de que decidiera no crear una estructura paralela para la intervención de la Generalitat. Esto es lo que finalmente ha ocurrido, por lo que la vicepresidenta se hará cargo de las funciones del presidente y los ministros asumirán las de los consejeros catalanes destituidos.

Este es el resultado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y del desarrollo e interpretación que el Gobierno central ha querido darle. Los reales decretos publicados en la madrugada de ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE) no dejan duda del poder de la vicepresidenta.

Después de consignar las destituciones del presidente, Carles Puigdemont; del vicepresidente, Oriol Junqueras; y de todos los miembros del Govern, los acuerdos del Ejecutivo —divididos en cinco decretos— marcan las funciones en Cataluña de los miembros del Gobierno central. La vicepresidenta, además de tener las funciones del presidente, tendrá a su cargo organismos claves de la Administración catalana, como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el CESICAT (el llamado CNI catalán). También estará bajo su control el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y su centro de estudios de opinión. En suma, todas las parcelas políticas de la Administración catalana. En fuentes gubernamentales destacan la tarea de gran relevancia que corresponderá al ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, que se hace con gran parte de las competencias del que era vicepresidente y responsable económico de la Generalitat, Oriol Junqueras. Y no solo eso. El control de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro; de la de Patrimonio; y de la de Tributos y Juegos, también será asumido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además, el titular de esta cartera también participará del control del CTTI y del CESICAT. Por lo tanto, Sáenz de Santamaría y Montoro tendrán una importancia capital en la acción del Gobierno.

Junto a ellos, los ministros de Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas catalanas tras el cese de otros tantos consejeros. Los destituidos son Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó y Meritxell Serret. Cada ministerio se ocupará de coordinar los trabajos de la consejería correspondiente de la Generalitat aunque el Consejo de Ministros servirá de punto de encuentro para tener una visión de conjunto. Solo María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, queda fuera de la operación, al carecer la estructura del Govern de una cartera homologable a la suya.

“En todo caso las anteriores habilitaciones se realizarán con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la autonomía de Cataluña”, se lee en el decreto gubernamental publicado por el BOE, que también argumenta la necesidad de “garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos”.

Esa garantía pretende darla la Administración central con una actuación similar a la del Gobierno central. Ayer sábado se reunió el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro —dependiente de Sáenz de Santamaría en su condición de ministra de Administraciones Territoriales—, con todos los subsecretarios de los ministerios para coordinar los primeros pasos.

En este esquema los ministros son los responsables de las consejerías, pero a su vez los subsecretarios y otros cargos que ellos decidan están pendientes de cómo se desarrolla el trabajo en cada una de ellas. Se tiene muy en cuenta que a su frente ya no están los consejeros y ahora hay que comprobar si los números dos o tres de la estructura del Govern se hacen cargo de la tarea o dimiten.

Neutralidad

No se oculta la preocupación por si los miembros destituidos del Govern, desde Puigdemont y Junqueras a los ya exconsejeros, se resisten a dejar sus cargos. El Gobierno considera que esa actitud puede constituir un delito de usurpación de funciones, ya que están cesados por una decisión del Consejo de Ministros bajo el amparo de un artículo constitucional. Fuentes gubernamentales resaltan su voluntad de actuar “con prudencia y proporcionalidad”, con la expectativa de que las autoridades destituidas actúen como ayer hizo Josep Lluís Trapero, el jefe de los Mossos, que tras ser destituido acató de inmediato la decisión y lo hizo público. Le sustituirá su número dos, Ferrán López, nombrado por el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, que también tiene sobre sí una responsabilidad muy delicada en la intervención de Cataluña.

La preocupación de La Moncloa se sitúa en estos momentos en la reacción que pueda haber en las calles aunque en buena parte pueden estar determinadas por la actitud de los miembros cesados del Govern. En el Gobierno central existe un cierto desconcierto respecto a cuál puede ser la respuesta de los altos cargos destituidos. No hay datos de que pueda ser homogénea.

El objetivo de la acción del Gobierno es “ejercer las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional”.

El hecho de que hasta en el BOE se realicen estas apreciaciones denota el interés y la preocupación del Gobierno por transmitir sus intenciones. El Estado no se queda con las competencias de la Generalitat de Cataluña, sino que se destituye a las personas que estaban vulnerando la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Esta afirmación se escuchará de los miembros del Gobierno hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.