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Una comisión coordinará la intervención de Cataluña

Un técnico previsiblemente catalán estará al frente del organismo

El Gobierno nombrará una comisión para coordinar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que tendrá al frente a una persona de perfil más técnico que político y previsiblemente catalana. El Ejecutivo analiza aforar a este cargo para protegerle de las posibles acciones judiciales que puedan emprender contra él personas o entidades soberanistas. El Senado aprobará mañana las medidas, que entrarán inmediatamente en vigor. La primera consecuencia será el cese del president, Carles Puigdemont, y del resto del Govern.

Mariano Rajoy, durante un pleno del Congreso. Ampliar foto
Mariano Rajoy, durante un pleno del Congreso.

Al final, en aras de la eficacia, el presidente, Mariano Rajoy, está dispuesto a crear una estructura de coordinación de la Administración autonómica que quedará bajo el control del Estado desde el fin de semana. En principio, pensó que quizá no haría falta, toda vez que el Estado no asume las competencias de la comunidad, sino que se pone a su frente para “restaurar la legalidad” y que se apliquen con neutralidad. Por eso se destituye a las personas y no se introducen cambios en las políticas, salvo cortar o impedir acciones que se encaminaban hacia la independencia de Cataluña.

El jefe del Ejecutivo busca la forma menos “invasiva” de hacerlo, señalan fuentes gubernamentales, que citan la creación de una comisión nombrada específicamente para este propósito a cuyo frente estará una persona, previsiblemente catalana, de perfil más técnico que político. Sobre este cargo recaerá la coordinación de todas las áreas y será la cara visible de la autoridad estatal. El Gobierno se plantea su protección por la vía del aforamiento ante la posibilidad de que personas o entidades soberanistas presenten en su contra denuncias y querellas.

El Ejecutivo comunicará próximamente al PSOE el nombre del candidato, según fuentes gubernamentales. Esta figura tendrá todo el apoyo de los ministros y sus equipos, preparados desde hace días para hacer el seguimiento de las consejerías. Muchas de ellas no tienen especial complicación política porque se trata de que los funcionarios de las mismas gestionen el trabajo ordinario. Las excepciones están en las áreas de Hacienda, Telecomunicaciones e Interior, donde la intervención será más amplia.

La experiencia del 1 de octubre no se quiere repetir. Pese a que el Gobierno no ha admitido que esa jornada hubiera actuaciones policiales excesivas, ahora la preocupación por evitar que puedan producirse actos de violencia tras la aplicación del artículo 155 es máxima. La salida del presidente de la Generalitat y de los consejeros de sus despachos será uno de los momentos más delicados, según reconoce el Gobierno.

Pero, en principio, ya no hay marcha atrás. El documento aprobado el sábado por el Consejo de Ministros será defendido hoy por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comisión creada al efecto en el Senado y, previsiblemente, mañana en el pleno por el propio Rajoy. Todos los ministros y la vicepresidenta estarán muy implicados con la marcha de la actividad de las consejerías, pero ninguno de ellos tiene intención a hacerse notar especialmente en la gestión.

Ajustar detalles

El Gobierno se dedicó ayer a afinar los detalles sobre la aplicación del artículo 155, una vez conocido el rechazo de Puigdemont a comparecer en el Senado. No hubo lugar a que continuara la discusión del PP con el PSOE sobre las posibles consecuencias de que Puigdemont convocase unas elecciones.

Si así fuera, los socialistas no ven razón alguna para aplicar la previsión constitucional y así ha quedado recogido en el Diario de Sesiones del Congreso por la pregunta que a este respecto formuló ayer la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, al presidente del Gobierno. Rajoy respondió con la necesidad de defender el orden constitucional. “Restituiremos la legalidad para volver a la normalidad”, señaló.

Esa normalidad debería empezar a encauzarse dentro de los próximos seis meses, que es el único plazo que se ha fijado el Gobierno con el objetivo exclusivo de convocar unas elecciones autonómicas, que se celebrarían en junio. No hay más topes. Una vez aprobado el plan por el pleno del Senado, se abren dos vías, según fuentes gubernamentales. La más rápida consistiría en el envío de un oficio con el que la Cámara alta comunicaría al Ejecutivo que su petición ha sido aceptada. Ello permitiría la convocatoria de un Consejo de Ministros para aprobar los ceses de todos los integrantes del Govern y distintos decretos. En paralelo, tanto la decisión del Senado como la del Gobierno serían publicadas en el BOE, lo que puede ocurrir mañana mismo (por vía telemática) o ya el sábado.

La segunda vía, más lenta, obligaría a que el Ejecutivo esperara a la publicación del acuerdo del Senado en el boletín oficial, reuniendo luego al Consejo de Ministros para aprobar las destituciones.

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