El controvertido indulto a algunas especies invasoras vuelve al Congreso

La norma general dicta que no se deben permitir los aprovechamientos económicos de las especies exóticas invasoras –que llegan de la mano del hombre en la inmensa mayoría de los casos– para no incentivar que se sigan introduciendo. Esa es la norma general. Luego están las excepciones, que en algunos casos han favorecido la creación de una industria alrededor de estas invasoras, que dañan o desplazan a las autóctonas.

Ocurre, por ejemplo, con la carpa común y la trucha arco iris, que pescan miles de aficionados en España. O con el cangrejo rojo, uno de los principales sustentos de algunos municipios de las marismas del Guadalquivir. O con la caza del arruí, muy extendida en Murcia. A todas estas especies el Gobierno las indultó –a través de diferentes vías– con su reforma del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras de 2013.

Pero el Tribunal Supremo revirtió esos cambios en marzo de 2016. El fallo obligó a calificar de nuevo como invasoras a la carpa común y a la trucha arco iris, lo que impide las sueltas en los ríos y obliga a matar a los ejemplares que se capturen. También anuló el tribunal las excepciones que permitían comercializar el cangrejo rojo y la que excluía al arruí –un bóvido originario del norte de África– del catálogo en Murcia. El PP llevó en junio al Congreso una proposición de ley para retomar esas excepciones. La vía entonces no era un real decreto como el de 2013, sino modificando la Ley del Patrimonio Natural. Pero PSOE y Ciudadanos no apoyaron la proposición y el PP se quedó solo con el respaldo de PNV, PDeCAT y Grupo Mixto. PSOE y Ciudadanos acusaron a los populares de falta de diálogo en la tramitación.

El PP ha vuelto a la carga y esta semana ha presentado otra proposición de ley en la misma línea. "Es exactamente igual que la de junio y que se rechazó en el Parlamento, salvo una alusión a la legislación sectorial, una auténtica vía de escape o conversión de la excepción en norma general", lamenta Pedro Brufao, profesor de Derecho y responsable de la ONG Ríos con Vida. Los ecologistas fueron los que llevaron en su día este caso al Supremo y consiguieron revertir la reforma de 2013.

María Teresa Sillero, del PP, reconoce que la proposición es "prácticamente la misma" que la de junio. Aunque incluye alguna "modificación" mínima "pactada" con Ciudadanos. Si el partido de Albert Rivera se suma, los populares contarían con suficientes apoyos para sacarla adelante. Sillero lo da por hecho.

Pero Toni Cantó, de Ciudadanos, acusa al Gobierno de seguir "haciendo el trabajo de espaldas al mundo científico y a sus propios técnicos". El Ministerio de Agricultura se desentiende de este asunto y sostiene que es algo que impulsan los partidos en el Congreso. Cantó no da por cerrado el apoyo de su partido y afirma que se debe escuchar en el Congreso a los ecologistas, asociaciones de pescadores y cazadores afectados y a científicos.

"Anomalía legislativa"

Hugo Morán, responsable de Medio Ambiente de la Ejecutiva del PSOE, rechaza que su partido vaya a apoyar la proposición –a pesar de que algunas comunidades, como la andaluza, empujan para que se busque una solución–. Morán cree que el Gobierno está recurriendo a una "anomalía legislativa": que los cambios en la Ley de Patrimonio Natural se impulsen con una proposición de ley –el instrumento que suele utilizar la oposición– y no con un proyecto de ley, la vía que suele emplear el Gobierno.

Morán sospecha que el Ejecutivo ha recurrido a está fórmula ante la dificultad de poder "salvar los informes preceptivos" que requeriría un proyecto de ley, que necesita del pronunciamiento de, por ejemplo, la Abogacía del Estado o el Consejo Consultivo. Y augura que, como ocurrió con los cambios aprobados en 2013, volverá a chocar con los tribunales, entre otros asuntos, porque muchas de estas especies están consideradas como invasoras en la normativa europea. "No nos podemos independizar de las normas europeas", resume Morán.

Podemos ya votó en contra de la proposición en junio. "El PP está intentando movilizar a su favor a los colectivos de cazadores y pescadores", sostiene Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos. "Está tratando de saltarse una decisión de los tribunales y los tribunales deberían volver a tumbarla".