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El Gobierno prepara la destitución de Trapero al frente de los Mossos

Interior confía en que la amenaza de suspensiones de empleo y sueldo frenará cualquier intento de subordinación en la policía catalana. La Guardia Civil asumirá el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

El mayor Trapero durante el acto de acto de apertura del año académico del Instituto de Seguridad Publica de Catalunya.

La previsible aplicación del artículo 155 en Cataluña el sábado de la próxima semana tendrá consecuencias inmediatas en la Consejería de Interior más allá del cese de su máximo responsable, Joaquim Forn. El Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido asumirá en ese momento el control de los Mossos d’Esquadra y ya prepara como primera medida los relevos de sus dos máximos responsables, el director general Pere Soler y el mayor Josep Lluís Trapero, imputado por sedición por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Además, los expertos en delitos informáticos de la Guardia Civil asumirán el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), considerado clave para impedir la creación de estructuras paralelas por parte del Independentismo.

El Gobierno ha detallado este sábado que el Ministerio del Interior estará facultado para “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los agentes de la policía autonómica. Previsiblemente será la Secretaría de Estado de Seguridad –y su titular, José Antono Nieto- quien tomará a partir de ese momento las riendas de la policía autonómica, con capacidad para “acordar el despliegue” de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, y su coordinación con los Mossos. El texto reserva la capacidad de sustituir “por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” a todos aquellos agentes de la policía autonómica “que sea necesario”.

Es este punto es el que abre la puerta al cese inmediato de Soler, Trapero y sus equipos de confianza. El Gobierno también destaca que cualquier “incumplimiento” de las órdenes impartidas de Interior serán constitutivas de “responsabilidad disciplinaria”, además de otras “patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar”. Esta última medida se plasmará, según adelantan fuentes de Interior, en la imposición de sanciones de empleo y sueldo con carácter inmediato a todos aquellos agentes que desobedezcan.

Desde el Ministerio confían en que esta medida, que afecta ‘al bolsillo’ de los policías autonómicos, aborte cualquier tipo de rebelión por parte de los mossos y sus mandos. “Las nóminas también las pagaremos nosotros”, recuerdan. No obstante, las fuentes consultadas recalcan que el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil –en el que participan más de 5.500 agentes de ambos cuerpos que se suman a los 6.000 que conforman sus plantillas en esta comunidad- seguirá “el tiempo que sea necesario”, y que entre los agentes desplazados a Cataluña hay de todas las especialidades y, por tanto, existe capacidad para asumir cualquier competencia.

El departamento de Zoido hizo público un breve comunicado en el que se limitaba a asegurar que se iba “a trabajar para que los Mossos d’Esquadra sean una policía sin adscripción política” y declinaba dar más detalles por el momento “dada la especial sensibilidad de materias como la seguridad y el orden público”. Fuentes de Interior añadían a EL PAÍS que los primeros pasos se concretarán en una reunión que se celebrará el lunes. En ella se abordará, precisamente, la elección de los sustitutos de Soler y Trapero.

También la forma en la que el Gobierno se hará con la gestión del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, organismos que en las últimas semanas han recibido repetidas visitas de la Guardia Civil. La última, este viernes, cuando fueron a buscar emails del 1 de octubre. Serán agentes especialistas en delitos informáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) los que asuman el control de ambos organismos. El CTTI es considero clave para asegurar el éxito de la aplicación del artículo 155, ya que desde él se controlan todas las comunicaciones del Govern, incluidas las que mantienen las comisarías de los Mossos.

Petición de la Fiscalía

La destitución de Trapero al frente de los Mossos ya fue pedida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado jueves. Entonces, el ministerio público renunció a recurrir la decisión de la juez Lamela de imponer al alto mando únicamente comparecencias quincenales ante el juzgado tras declarar como investigado. En su lugar, solicitó a la magistrada que notificase a la Generalitat de Cataluña la situación procesal de Trapero “a los efectos legales que sean oportunos” conforme a la “legislación que regula su estatuto profesional”. Sobre el papel, con esta medida, Trapero podría ser apartado del servicio, pero era una decisión que quedaba en manos del Govern. La aplicación del artículo 155 faculta tomar la medida a Zoido.

La posición de su inmediata superior, Pere Soler, director general de los Mossos, tampoco es buena con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Nombrado para este puesto por su marcado carácter independentista el pasado 18 de julio, un reciente informe de la Guardia Civil reveló que dio presuntamente instrucciones para proteger a algunos de los organizadores del referéndum ilegal. En el documento policial se recogía una conversación telefónica entre Soler y el director general de Patrimonio, Francesc Sutrías Grau, el 29 de septiembre, nueve días después de que el primero fuese detenido por agentes del Instituto armado por orden del juez de Instrucción 13 de Barcelona dentro de la Operación Anubis. En la misma, Sutrías pedía ayuda al director de los Mossos porque "necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa". Soler le respondía que han aumentado la vigilancia a quienes han estado expuestos.

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