La Fiscalía busca que la Generalitat aparte a Trapero del mando de los Mossos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido finalmente no presentar un recurso contra el auto de la juez Carmen Lamela del pasado lunes por el que dejaba en libertad con medidas cautelares leves al comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, imputado por un supuesto delito de sedición. No obstante, el ministerio público pedirá a la magistrada que notifique a la Generalitat de Cataluña la situación procesal de Trapero “a los efectos legales que sean oportunos” conforme a la “legislación que regula su estatuto profesional”. Sobre el papel, con esta medida, Trapero podría ser apartado del servicio.

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El ministerio público había pedido prisión incondicional para el mando policial autonómico por un supuesto delito de sedición, por la supuesta inacción del cuerpo en los sucesos del 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud trató de impedir la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. Sin embargo, la juez Lamela, que envió a prisión por sedición Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium, organizadoras de las marchas de protesta que derivaron en altercados, optó por dejar a Trapero en libertad con presentaciones quincenales en el juzgado más próximo a su casa, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

El ministerio público ha preferido no recurrir esta resolución y dar por válidas las medidas cautelares, y recuerda que el auto de la juez Lamela se limita a los hechos del 20 y 21 de septiembre, sin entrar a valorar la actitud del cuerpo de Mossos en la jornada del referéndum ilegal. Un atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa aprecia que ese día, la policía autonómica actuó con pasividad ante la orden judicial de cerrar los colegios electorales, y en algunos casos, los mossos entorpecieron la intervención del instituto armado para dar cumplimiento a la prohibición del referéndum.

La fiscalía señala, además, que, según el auto, las medidas contra Trapero tienen “carácter provisional”, y podrían hacerse más gravosas si se amplía la investigación a nuevas personas o a los hechos del 1 de octubre. El ministerio público todavía está estudiando si amplía la denuncia inicial a la jornada del referéndum, en cuyo caso, “reevaluará nuevamente la procedencia de otras medidas cautelares”.

El fiscal Miguel Ángel Carballo, encargado de la investigación por sedición, pese a no poner objeciones a que Trapero siga de momento en libertad, busca la forma de que no siga al frente del cuerpo de los Mossos. Carballo instará a la juez Lamela que notifique al departamento de Interior de la Generalitat el auto por el que se acuerdan medidas cautelares contra Trapero “a los efectos legales que sean oportunos conforme a la legislación que regula su estatuto profesional”.

La Ley autonómica 10/94, que crea el cuerpo de Mossos, califica de faltas “muy graves”, entre otras, el “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto” por parte de los agentes en “el ejercicio de las funciones”, la “insubordinación individual o colectiva hacia las autoridades o los mandos de quien se depende, con motivo de la desobediencia a las instrucciones legítimas dadas por éstos”, y la “denegación de auxilio y la falta de intervención urgente en cualquier suceso en que la actuación sea obligada o conveniente”. Estas faltas, según el mismo texto legal, pueden acarrear la separación del servicio previa apertura de un expediente disciplinario.