Políticos presos

En España hay políticos presos, y más concretamente dos políticos catalanes que están presos. ¿Están presos por sus ideas y son por tanto presos de conciencia? No parece que sea este el caso, según se lee en el auto de la jueza de la Audiencia Nacional que dictó la prisión incondicional acusando de sedición a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

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En España hay ahora dos políticos presos y hubo hace unos días, después del 20 de septiembre, algunos altos funcionarios del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, 14 concretamente, que estuvieron detenidos y a disposición del juez durante unas horas, acusados de prevaricación, malversación y desobediencia.

¿Unos y otros son presos políticos como han asegurado las máximas autoridades catalanas y se han ocupado en difundir sus abundantes medios propagandísticos? Es dudoso, a pesar de la facilidad propagandística con que puede cambiarse el orden de las palabras para convertir a los políticos catalanes presos en presos políticos catalanes.

Este juego semántico es uno de los trucos esenciales del procés. Consiste en confundir las libertades políticas de expresión, manifestación y reunión con las acciones políticas con efectos prácticos que realizan las instituciones o los individuos. Es como si los actores independentistas jugaran en un circo de dos pistas, una en la que se trata únicamente de manifestar sus deseos, anhelos y pensamientos, lógicamente protegidos por las libertades fundamentales constitucionales, y otra en la que las expresiones verbales o escritas se convierten en actos con efectos legales vinculantes y conminativos para el resto de los ciudadanos, que también en buena lógica se hallan vigilados por los tribunales para su adaptación a la Constitución.

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Así es como la presidenta o la mesa del Parlamento se acogen a la libertad de expresión para defenderse cuando toman decisiones para aprobar leyes que conducirán a un referéndum y a la secesión catalana, pero en caso de que nadie impugne sus actos parlamentarios, como ha hecho el Tribunal Constitucional, nadie duda de que tendrán resultados y desembocarán en pasos decisivos hacia la independencia.

Lo mismo sucede con los políticos presos. La autoridad judicial no se ha interesado por sus ideas o por sus manifestaciones públicas. De hecho, si algo hay en el momento político español actual es una sobreabundancia de declaraciones públicas y de expresiones a veces muy vehementes de ideas, deseos, proyectos e intenciones. No estamos faltos en absoluto de libertad de expresión. El interés de la justicia ha sido por las acciones presuntamente delictivas de estos políticos y funcionarios presos o detenidos por unas horas.

Se entiende perfectamente que quienes les apoyan en sus actividades y en sus propósitos les defiendan. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo hará? Pero que no les defiendan por motivos falsos es lo mínimo que se puede pedir. Y la única defensa que cabe y que también merecen es como personas que quieren subvertir el orden legal establecido, es decir, para decirlo con palabras antiguas y fuertes, como revolucionarios.

Hannah Arendt hace una inteligente distinción entre desobediencia civil y revolución que viene como anillo al dedo para poner un poco de orden en las ideas sobre este movimiento que se presenta como pacifista, inocente y feliz en sus buenos propósitos y en sus benévolos objetivos. “Quien practica la desobediencia civil –dice la filósofa-- acepta, mientras que el revolucionario rechaza, el marco de la autoridad establecida y la legitimidad general del sistema de leyes”.

El desobediente civil, que se acoge a la Constitución para ver protegidos sus derechos, sí puede convertirse en un preso político cuando la autoridad le detiene y encarcela precisamente por actuar en defensa de la legalidad, como hizo Rosa Parks en 1955 cuando vulneró una legislación del Estado de Alabama discriminatoria con la población de color con el objetivo de obtener la protección de la Constitución de Estados Unidos. Lo que defiende el desobediente civil es el ejercicio de una libertad constitucional, limitada precisamente por la ley de rango inferior democráticamente aprobada de un Estado.

El revolucionario, en cambio, vulnera la ley para subvertir la ley y cambiarla por otra, la suya, y en el caso de la secesión catalana intenta forzar la creación de un demos catalán que anule y se apodere del demos español en Cataluña hasta conseguir el surgimiento de una soberanía propia efectiva y la consiguiente secesión de España. Difícil acogerse por tanto a la idea de desobediencia civil o a la de libre expresión de las ideas, dos de los casos invocados por los militantes del procés.

¿Los revolucionarios presos son presos políticos? No lo son si se entiende como lo entendemos en España, donde pesa muy lógicamente la memoria viva del franquismo, cuando no había Estado de derecho como ahora sino meramente un Estado autocrático con derecho, es decir, con leyes o decretos leyes aprobados antidemocráticamente y sin atender a la división de poderes.

El problema con el franquismo es que ahora estamos en una ceremonia de la confusión que pretende hacerlo revivir como si fuera una etapa no superada de nuestra historia. Con las actividades clandestinas de quienes organizaron astutamente el 1-O y con las magulladuras recibidas en los colegios electorales por las brutales cargas de la policía una parte de la población catalana ha tenido la oportunidad de vivir de nuevo en sus cabezas, como si estuvieran en los años 70, aquella lucha antifranquista en la que la mayoría no participó, Y con los políticos presos tiene ahora la oportunidad de reconstruir también la victimización de los héroes del procés como si fueran luchadores por la democracia y contra Franco.

Hay que decir que son políticos presos y no presos políticos, puesto que no los hay en propiedad en un Estado de derecho constitucional y democrático. Pero sí son políticos revolucionarios presos. Presos en razón de que pretendían anular el orden legal constituido y crear uno nuevo y arriesgaban por ello que les pasara lo que les está pasando. También estaría bien que ahora no se hicieran los despistados. No hacían desobediencia civil ni estaban ejerciendo la libertad de expresión o de manifestación.

Ellos hacen bien en presentarse como víctimas de la supuesta vulneración de las libertades públicas protegidas por la Constitución, pero el Gobierno cuyo poder en Cataluña están desafiando hace muy mal al explicar de forma tan torpe por qué la justicia les detiene. Lo hace tan mal el Gobierno, que en el fondo se merece que le restrieguen por la cara la existencia de presos políticos, porque son presos fabricados por la política o, lo que es peor, por la ausencia de política, especialmente por parte de Mariano Rajoy. Que nadie se extrañe por tanto del éxito de la operación propagandística en curso.

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