La juez envió a prisión a Sànchez y Cuixart por el riesgo de “reiteración delictiva”

La juez Carmen Lamela decidió enviar a prisión sin fianza este lunes a Jordi Sànchez, líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, por considerarles alentadores de concentraciones que según el auto no fueron ni pacíficas ni aisladas, que pretendían,  "impedir la aplicación de la Ley" y con una "finalidad última": "Conseguir la celebración del referéndum y con ello, la proclamación de una república catalana". La magistrada de la Audiencia Nacional considera el ingreso en prisión de los dos investigados por delitos de sedición una medida "adecuada, razonable y proporcionada", al tratarse de "delitos de cierta gravedad". La jueza señala, además, en el riesgo de "retieración delicitiva" y de huida y en "la alta problabilidad" de oculten, alteren o destruyan pruebas.

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La juez basa su decisión en los hechos de los días 20 y 21 de septiembre, los que han sido investigados por el momento, en la Consellería de Economía de Barcelona, "sin perjuicio" de que se amplíen las denuncias e investigación a acontecimientos sucedidos antes o después. En esos acontecimientos, en persona y a través de redes sociales o WhatsApp, "se dirigen a los manifestantes alentando a la masa".

Aquellos días de septiembre, considera probado el auto, "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados" por la Guardia Civil de orden del juez. De entre las protestas promovidas por diferentes asociaciones soberanistas, las más multitudinarias, por su capacidad de convocatoria, fueron las convocadas por Sànchez y Cuixart, en varios lugares, como las sedes de varias consellerías, la sede del PSC "donde se llegó a agredir a militantes socialistas", la de la CUP y una imprenta. La "actuación principal", continúa, fue la de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda.

Cuixart y Sànchez, considera la juez, "se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riegos". "Este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que convocaron y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez", señala el auto.

En sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, los líderes de la sociedad civil independentista hacían un llamamiento "no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la 'protección' de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas". "En algunas de ellas se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran 'para aturar la Guardia Civil' (para parar a la Guardia Civil)", detalla la juez.

Durante las protestas, los "congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil", indica el auto. Otros manifestantes se sentaron "sobre el asfalto para impedir la movilidad de los coches", tros "empujaron a los agentes" y bloquearon la salida de sus vehículos. Añade, además, que los manifestantes intimidaron "a la Guardia Civil al grito de 'no sortireu' (no saldréis)". Tanto la funcionaria judicial, que salió por un teatro abyacente, "camuflada y mezclada con el público", como los agentes que acudieron a realizar los registros, se encontraron "sitiados y retenidos en contra de su voluntad".

La juez subraya el papel de los líderes de ANC y Omium en sus comunicaciones con los ciudadanos  "arengándolos con expresiones: 'Que nadie se vaya a acasa, será una noche muy intensa'", y llamando a una "'movilización permanente' desde ese día, a favor del referéndum y en contra de actuaciones ordenadas judicialmente".

Lamela insiste en que las concentraciones lideradas por Sànchez y Cuixart "no constituyeron una propuesta ciudadana aislada, casual o convocadas pacíficamente en desacuerdo con unas actuaciones policiales llevadas", sino que utilizaron las redes sociales y grupos de difusión para la movilización de personas en contra de las órdenes judiciales. "La actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley", concluye el auto, que señala también que para el 1 de octubre, animaron "a la resistencia contra las acciones de los cuerpos policiales para cerrar los colegios e intervenir las urnas".