El Govern usó un organismo regional para crear su Administración paralela

Sin esperar a negociaciones de ningún tipo con el Gobierno central, altos funcionarios de ERC y del PDeCAT han ido utilizando desde las elecciones de 2015 las instituciones catalanas para dotar a su futuro Estado de una Administración completa antes de que aquel existiera. Fue crucial para este plan la entrada de ERC en el Govern. Un hombre de la máxima confianza del vicepresidente Oriol Junqueras se hizo cargo de la planificación estratégica del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, un organismo autonómico, y desde allí se dedicó a convertir la independencia en un hecho consumado.

Ese hombre, Josué Sallent, doctor en Física y dirigente de ERC, había sido miembro de la misión en España del comité de la UE para la liberalización de las telecomunicaciones. El pasado 20 de septiembre fue detenido por la Guardia Civil junto con otros dos empleados del CTTI, David Franco y Xavier Puig. En un principio parecía que aquellas detenciones, junto a las de otros altos funcionarios y empresarios catalanes, obedecía únicamente a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pronto, sin embargo, la Guardia Civil encontró todo un plan para la creación de un Estado independiente que no solo estaba ya en marcha, sino que en todo lo relativo al ámbito digital estaba muy avanzado. Contactado el viernes por este diario, Sallent dijo no poder hacer declaraciones por su “situación político-procesal”.

Un documento incautado por la Guardia Civil en los registros del 20 de septiembre sitúa al CTTI como uno de los puntos centrales desde los que desplegar todo el Estado independiente, junto a la policía autonómica y las infraestructuras básicas (carreteras, hospitales, escuelas).

Los planes los detalla un extenso informe elaborado por una serie de expertos de los sectores público y privado reunidos por el consorcio Administració Oberta de Catalunya, también dependiente de la Generalitat. En él se dice que el CTTI está ya equipado para garantizar el manejo de datos en materia “de seguridad, identificación segura de personas y representantes y de servicios telemáticos”.

Tal era la premura del Gobierno catalán por avanzar en esta estructura en Internet que, tras las labores hechas desde el CTTI, el consorcio Administració Oberta y la fundación PuntCat firmaron un Pacto Nacional para una Sociedad Digital en octubre de 2016. En él incluyeron a las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida, con la finalidad de comenzar a implantar esa Administración en el nivel local. En el documento, la Generalitat admite que las redes informáticas son una “cuestión estratégica que condicionará el nivel de competitividad económica del país y su cohesión social y territorial”. Ese pacto fue ratificado cinco días antes del referéndum del 1 de octubre.

La Guardia Civil también registró en septiembre la sede de la Fundación PuntCat, que gestiona los dominios catalanes .cat, que funcionan desde 2005. Allí detuvieron a su director de sistemas, Josep Masoliver. Los investigadores sospechan que desde esa fundación se está ya facilitando la puesta en marcha de un dominio gov.cat que, según el informe de Administració Oberta, serviría como gran portal para registros y gestiones de los ciudadanos en la nueva república.

Para poner en marcha todo este entramado, la Generalitat se ha valido de la ayuda de activistas y hackers. Internet se convirtió en el refugio del movimiento independentista los días previos al referéndum ilegal. La Generalitat logró burlar el cierre de las webs en las que se informaba a los ciudadanos dónde ir a votar mediante la difusión por IPFS, un protocolo de comunicación descentralizado y que hace de cada usuario un servidor. “Fue algo novedoso”, dice Dario Castañé, regidor del Partido Pirata de Cataluña y experto en informática. “Es una forma de emitir contenido incensurable e indestructible”.

Volcados en Internet

Cataluña es una de las regiones más avanzadas en la transición al mundo digital. “Han entendido mucho antes que la Administración General del Estado qué es Internet”, dice Simona Levi, fundadora de X-net, una plataforma de ciberactivistas. El Govern siempre está atento a las propuestas de expertos en la red para impulsar la transformación de sus instituciones en entes digitales invulnerables a cualquier medida que se tome desde fuera. “Si se ilegalizara el autogobierno, Internet sería protagonista para que las instituciones pudiesen operar de alguna forma en el exilio”, dice Levi.

El Partido Pirata de Cataluña pronto tomó partido en el conflicto secesionista alegando que el cierre de las webs, que se ejecutó por orden judicial tras la suspensión de la ley del referéndum por el Tribunal Constitucional, “es una violación inaceptable de los derechos humanos y las libertades políticas”. X-net calificó de acción “desproporcionada y sin precedentes en la UE” la entrada de la Guardia Civil en la Fundación PuntCat.

Julian Assange ofreció públicamente el 14 de septiembre ayuda para proteger los “derechos de publicación de las webs del referéndum en Cataluña”. Tanto su cuenta de Twitter como la de Wikileaks han sido usadas como armas de propaganda a favor de la declaración unilateral de independencia catalana.

Los activistas aclaran que ayudan pero carecen de un rol fijo en el proceso. “Trabajamos habitualmente con la Generalitat, pero también con otras instituciones españolas y europeas”, aclara Levi. “No tenemos involucración alguna ni con el referéndum ni con la digitalización de las instituciones”. El Partido Pirata de Cataluña descarta cualquier tipo de relación con el proyecto de la Generalitat.