Interior crea un equipo jurídico para que la policía denuncie cualquier acoso

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado la inmediata puesta en marcha de un equipo jurídico que se dedicará en exclusiva a que todos los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña, tanto los allí destinados de forma permanente como los que se han desplegado, en las últimas semanas puedan denunciar los casos de acoso que sufran por parte de independentistas. La oficina legal que ha creado Interior tiene como primer encargo preparar una demanda contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por acusar a los agentes de haber cometidos abusos sexuales durante su actuación el 1 de octubre.

El objetivo de este grupo de letrados es que todos estos sucesos, de los que se han contabilizado 107 en las dos últimas semanas, sean perseguidos como delitos de odio. Con esa misma consideración los está investigarlos la fiscalía de Barcelona.

El equipo jurídico contará con representantes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y analizará también los posibles casos de pasividad de los Mossos d’Esquadra no solo durante la jornada del referéndum ilegal del domingo, sino también antes y después. Para ello, Interior recopilará todos los documentos videográficas que haya sobre la actitud que mantuvieron los policías autonómicos. Entre sus encargos también figura actuar penalmente contra los colegios donde se haya constatado una supuesta segregación de hijos de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como han denunciado algunos agentes.

Zoido comunicó la creación de este equipo jurídico durante la reunión que mantuvo ayer con representantes de los cinco sindicatos de policía y las seis asociaciones profesionales de la Guardia Civil. A todos ellos, les pidió que aparquen sus críticas ante los momentos “críticos” que se estaban viviendo y que canalicen las denuncias de los agentes a este nuevo grupo.

Los letrados emprenderán igualmente acciones legales contra los hoteles que en los últimos días han echado a los policías que se alojaban en ellos y contra los alcaldes y políticos locales que supuestamente han incitado a sus propietarios a hacerlo.

El ministro prometió a sus interlocutores que los abogados estudiarán la posibilidad de retirar las condecoraciones y reconocimientos de Policía y Guardia Civil entregadas en los últimos años a todos los mossos de los que se recopilen pruebas de que desobedecieron las órdenes judiciales o, según reflejaron varios vídeos, se enfrentaron abiertamente a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado cuando estos trataban de impedir la consulta prohibida por el Constitucional.

Fuentes presentes en la reunión precisan que se citó el caso concreto del jefe de la policía autonómica, Josep Lluis Trapero, quien en años anteriores recibió reconocimientos públicos de ambos cuerpos nacionales y a quien ayer la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó a declarar como imputado por sedición.