El Ejército del Aire quiere echar a un cabo por cargar contra Rajoy en Facebook

El perfil de Facebook ya ha desaparecido, pero en 2015 un tal Juanito Ávila estuvo, como tantos otros internautas, comentando la actualidad política española. Varios de esos comentarios, en algún caso enlaces de YouTube compartidos en su muro, le han costado a un cabo del Ejército del Aire un procedimiento sancionador por falta muy grave. El instructor propone que sea castigado con la resolución de compromiso, es decir, con la expulsión. La Fuerza Aérea cree que ha incumplido el deber de fidelidad a la Constitución y ha emitido públicamente expresiones contrarias al presidente del Gobierno y otros ministros y a la Corona. El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas prohíbe mostrar preferencias políticas.

El procedimiento, a cuya documentación ha tenido acceso EL PAÍS, se basa en varias capturas de pantalla y en el testimonio de otro militar, entonces teniente, hoy capitán, que denunció a su compañero de la base aérea de Torrejón en noviembre de 2015. Una de las capturas muestra un meme con la imagen del presidente Mariano Rajoy sujetando un cartel con esta leyenda: "Os robé, os robo… y os robaré. Lo sabéis y me volveréis a votar. País de gilipollas".El usuario de Facebook comentaba: "Si es que el que lo siga votando es que es para matarlo a palos".

En otras se enlazan noticias de prensa, como "El sueldo del Gobierno subirá cuatro veces más que las pensiones", o "Rajoy dilapida la 'herencia recibida' y saquea 25.000 millones de la hucha de las pensiones", y se hacen comentarios contra el Gobierno. Otra de las imágenes muestra que el usuario, que tiene 14 seguidores y no menciona cuál es su profesión, ha compartido un vídeo titulado "La monarquía es innecesaria".

Durante la instrucción, el cabo J. F. A. negó ser el autor de esos comentarios, incluso tener cuenta de esta red social. Su mujer, que declaró dos veces, testificó que fue ella la que creó la cuenta y comentó las noticias desde el portátil que compartían ambos. El instructor no la cree. Su declaración es "inverosímil e inconsistente", señala en la propuesta de resolución. El instructor reconoce que no llegó a pedir a Facebook que identificara los registros de servidores del correo electrónico asociado a la cuenta "por imposibilidad legal". Y señala que su conclusión sobre la autoría se basa en "pruebas indirectas o indicios".

Los dos únicos testigos son, además de la mujer del cabo expedientado, el militar que le denunció en primer lugar y un capitán con el que coincidió en uno de sus destinos. Este segundo militar declaró que, cuando el cabo era subordinado suyo en 2010 ya vio ese perfil, en el que se publicaban fotos de fiestas a las que asistía y otros eventos de su vida personal que no dejaban lugar a dudas sobre su autoría.

El caso fue archivado

Inicialmente la denuncia del teniente de la base de Torrejón, que derivó en un expediente administrativo, no tuvo consecuencias. Un comandante de la base investigó el caso y concluyó que no se había podido comprobar si la falta disciplinaria —entonces se consideraba solo grave— la había cometido J. F. A. "Puede ser cualquier usuario el que esté detrás de ese perfil", escribió en el informe de archivo. "De la documentación aportada así como del resto de diligencias practicadas […] se obtiene que no existen motivos suficientes para acusar […] ya que una página en la citada red social se puede hacer con el nombre que se quiera y no se puede tener […] la seguridad de la autoría de los hechos", añadió.

Dos semanas después de este archivo, el general jefe de la base aérea de Torrejón remitió el caso al mando de personal (MAPER) del Ejército del Aire, que abrió el expediente disciplinario . En ese oficio de traslado, el general, Francisco González-Espresati Amián, menciona que al cabo se le está instruyendo un expediente para determinar sus condiciones psicofísicas, es decir, para valorar si ya no cumple las condiciones necesarias para el servicio y si tiene derecho al retiro, que significa cobrar una pensión de 750 euros mensuales hasta su jubilación. Tras recordar que el cabo "actualmente no ocupa destino", acuerda archivar el procedimiento previo y remitir los antecedes al Maper.

Tanto para la esposa de J. F. A. como para su abogado, ahí radica la clave de la reapertura de un caso que ya había sido archivado por un instructor por falta de pruebas. "Se están dando prisa por eso. Quieren que se vaya a la calle con una mano delante y otra detrás", asegura la mujer del cabo. Según su relato, el militar que dio el parte contra su marido y el capitán que declaró en el procedimiento son amigos y tienen una mala relación con él. "Es un caso claro de acoso que ha provocado una depresión y ataques de ansiedad a mi marido. No tienen ninguna prueba contra él, ni un correo ni nada que demuestre que eso lo escribió él", añade. Ese supuesto acoso nunca fue denunciado. "Ahora él se arrepiente de no haberlo hecho", dice la mujer.

La libertad de expresión de los militares

El expediente aborda un asunto siempre delicado: los límites de la libertad de expresión de los militares y su deber de neutralidad politica. Mariano Casado, adjunto al secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y miembro del Observatorio de la Vida Militar, mayoritaria en el Ejército, considera que “la libertad de expresión de los militares está limitada en la medida en que se encuentren de servicio o hagan uso de su condición de militares. Cuando actúan a título particular, sin poner de manifiesto su condición de miembros de las Fuerzas Armadas, sus límites son los mismos que los de los demás ciudadanos: el buen gusto y el respeto a la fama y el buen nombre de las personas”, alega.

La neutralidad política de los militares, recuerda, está dirigida a proteger la neutralidad de la institución, pero cuando un militar se expresa en las redes sociales, bajo un nombre supuesto, sin que nadie sepa que se trata de un militar, no existe el riesgo de que la institución se vea vinculada con sus opiniones. “En otro caso”, añade, “los militares no podrían votar ni asistir a un mitin político de paisano”.

Por su parte, Javier de León Villalba, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor de estudios sobre derecho militar, discrepa de la doctrina según la cual el militar lo es 24 horas al día. “Una cosa es su permanente disposición para el servicio y otra que se le aplique el código disciplinario en su tiempo libre”. En su opinión, la libertad de expresión es un derecho fundamental que solo puede limitarse el mínimo imprescindible y por razones fundadas; por ejemplo, si se producen injurias o calumnias. “Si el sujeto no se manifiesta como militar no se entiende cómo puede su conducta quebrantar la disciplina o afectar a la imagen de la institución”, agrega. El problema, su juicio, es que se confunden los valores morales de las Fuerzas Armadas (integridad, valentía) con los bienes jurídicos (disciplina, jerarquía), que son los que protegen las leyes.

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