La sombra del carlismo es alargada

El debate sobre la unidad de la Nación ha provocado serios cismas en el catolicismo español desde que el papado ofreció su apoyo al Carlismo en el siglo XIX y salió muy mal parado de las tres guerras civiles subsiguientes. Esta vez, la Comisión Permanente se ha esforzado en dar la impresión de unanimidad en su respaldo al Estado central. En noviembre de 2006, cuando emitieron su opinión más solemne hasta ahora, ni siquiera se pusieron de acuerdo en si debían pronunciarse sobre el tema, entre otros motivos porque dos de los cardenales más poderosos entonces, Antonio María Rouco en el arzobispado de Madrid y Antonio Cañizares, primado de España como pontífice de Toledo, estaban empeñados en que la Conferencia Episcopal en pleno debía proclamar solemnemente que “la unidad de España es un bien moral que requiere protección”.

La oposición del sector más moderado del episcopado y, sobre todo, la negativa de los titulares de las diez diócesis de Cataluña, las tres del País Vasco y algunas de Andalucía, a entrar en el tema con esa radicalidad redujo la proclamación a una genérica pastoral titulada Orientaciones morales ante la situación actual de España, que salió adelante con 63 votos a favor, seis en contra, tres abstenciones y un voto nulo, de los 73 obispos que participaron en aquella asamblea. En síntesis, la pastoral episcopal reconocía como ahora la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español, siempre que se tutele el bien común de la nación española en su conjunto, “evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo”.

Esta vez, los obispos se han visto urgidos a pronunciarse sin esperar a la asamblea plenaria de la CEE, convocada para mediados de noviembre. Se da por sentado, sin embargo, que el documento contará entonces con un amplio respaldo si se tiene en cuenta la composición de la comisión permanente de la CEE, integrada por 23 prelados, entre ellos los tres cardenales en activo (Carlos Osoro en Madrid, Juan José Omella en Barcelona, Ricardo Blázquez en Valladolid), más el secretario general y portavoz, el sacerdote José María Gil Tamayo.

Antes de este manifiesto episcopal, varios prelados se han pronunciado sobre ‘el caso catalán’. Es como lo califican en el Vaticano. El propio papa Francisco se pronunció al respecto hace tres años, aunque de manera meliflua. “Toda división me preocupa”, declaró. Ya entonces, estaba informado sobre el cisma que vivía el episcopado y buscaba un arzobispo para Barcelona que apaciguase el ambiente sin molestar al Gobierno central. El escogido fue el aragonés Juan José Omella, que ha visto radicalizarse las dos tendencias del episcopado. La más granada respalda la declaración de Cañizares, ahora arzobispo de Valencia, sobre la unidad de España como “un bien moral”, pero también ha habido posicionamientos tan rotundos como el de Blázquez (“el soberanismo produce caos”) y el más concreto de Gil Tamayo, portavoz oficial de todos los obispos, contra el referéndum del próximo domingo (“es inadmisible e inmoral”).

Pero enfrente, también radicalizados, hay una docena de prelados nacionalistas o tibios, atemorizados en todo caso al contemplar cómo en cientos de sus parroquias se exhiben banderas esteladas en lo más alto de los campanarios. En primera línea está el más joven de todos, Xavier Novell, obispo de Solsona y autor de una glosa titulada Per ells (Por ellos) en la que en las últimas elecciones al Parlamento catalán pedía el voto para Junts pel Sí y animaba a todas las Iglesias catalanas “a repicar sus campanas para despertar a todo el mundo y anunciarles que ha llegado el día de la libertad”.

Entre los fieles catalanes, la división es más radical, al menos entre los que opinan. Trescientos sacerdotes y religiosos de sus diez diócesis (282 sacerdotes y 21 diáconos) lo han hecho en un manifiesto y, aunque son una minoría, el hecho ha provocado que el Gobierno presente una protesta en el Vaticano por boca del embajador ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, ante el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin. No ha habido respuesta, de momento. Según el Gobierno, el comunicado de los clérigos entra en contradicción con la conducta que se espera de unos sacerdotes católicos y vulnera el Código de Derecho Canónico, así como el espíritu de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979.

Aparte este posicionamiento clerical, los obispos catalanes están aguijoneados por fieles más radicales, que en el caso del arzobispado de Barcelona, el más poblado de Europa después del de Milán, han llegado a abroncar sin respeto a su cardenal. Lo han hecho Església Plural y un colectivo de reciente creación, Cristians per la independència, advirtiendo al prelado que “el derecho a la autodeterminación es un principio moral mucho antes que las normas jurídicas". Cristians ha convocado una oración por el referéndum este jueves, a las 20 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, y pide a su arzobispo de “ceda locales de la Iglesia para que el pueblo pueda votar”.