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Interior reúne en Cataluña a 700 antidisturbios y 600 agentes especiales de la Guardia Civil

A los 400 miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de toda España se suman ahora 300, más los 600 de los grupos especiales del Instituto Armado

Un grupo de antidisturbios durante una actuación en la calle.
Un grupo de antidisturbios durante una actuación en la calle.

Interior va a reunir hasta a 700 miembros de las técnicamente llamadas Unidades de Intervención Policial (UIP), "órganos móviles de seguridad pública", según han confirmado fuentes policiales catalanas. Hasta el momento había unos 400 efectivos de este tipo en Cataluña procedentes de toda España, pero está previsto que mañana desembarquen otros 300, 200 de ellos procedentes de Madrid. 

A falta de soluciones políticas, acuerdo o pactos, y en vista de que los líderes independentistas catalanes siguen adelante con la celebración el próximo 1 de octubre de un referéndum para desconectarse de España declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, esos nuevos agentes de la policía nacional movilizados por el Ministerio del Interior se suman a los 600 efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil —los hombres encapuchados de negro que se han visto estos días en algunas de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Armado en Cataluña—, especializados en intervenciones rápidas y de riesgo.

Además, según fuentes de la Guardia Civil, a ellos se están sumando paulatinamente miembros de las llamadas USECIs, la versión provincial de las GRS en las comandancias. Ya han activado efectivos de Pamplona, Sevilla, Cádiz, Almería, Jaén, Algeciras, Granada, Murcia, Gijón, Ciudad Real, Guadalajara, Oviedo, Huelva, Cáceres, Badajoz, Huesca, Zaragoza y Burgos con la orden de "encontrarse en la Cabecera de la Comandancia asignada de la Zona de Cataluña antes de las 14.00 horas del día 27 de septiembre". Incluso está previsto, al igual que en el caso de la Policía Nacional, que acudan miembros de las unidades de Seguridad Ciudadana (vehículos patrulla), que "aunque no interferirán en el trabajo de los Mossos d'Esquadra, sí protegerán instalaciones y acuartelamientos de potenciales ataques".

Todos ellos, los cerca de 1.500 efectivos, trabajaran sin horario fijo ni libranzas, según la orden emitida este miércoles por las direcciones generales de ambos cuerpos, al menos hasta el 5 de octubre. "Van a echar horas a cascoporro", aseguran fuentes del Instituto Armado que todo va a estar en función de "las necesidades". 

Desde ambos cuerpos se señala que están teniendo incluso "problemas de alojamiento" por la gran ocupación que sufre la comunidad estos días de crisis política y ya, también, social. Porque la tensión que hasta ahora se palpaba en las instituciones ante la decisión unilateral del gobierno de la Generalitat de realizar la consulta, se ha trasladado a las calles con las últimas detenciones y registros protagonizados por la Guardia Civil a raíz de los mandatos de los jueces, la Fiscalía y del propio Tribunal Constitucional.

Si la situación ya era delicada, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo de las fuerzas de seguridad con los manifestantes independentistas concentrados espontáneamente en los lugares afectados por las actuaciones policiales la convierten en explosiva. Este martes mismo se producían ya enfrentamientos violentos, con descargas policiales incluidas por parte de los Mossos, en las inmediaciones de la imprenta Unipost de Terrasa, donde la Guardia Civil intervino 45.000 notificaciones de las mesas electorales.

Pese a las llamadas a la calma de algunos dirigentes independentistas, como el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, que instaba este miércoles —con unos 3.000 manifestantes independentistas a las puertas del Govern— a no dar lugar a la violencia, todo puede estallar en cualquier momento. A las intervenciones de propaganda, dípticos, sobres y demás materiales previstos para la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, se han sumado este miércoles las detenciones de cargos públicos —algunos del equipo del presidente de ERC, Oriol junqueras—empresarios y funcionarios. 

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