Forcadell recusa a los magistrados del Constitucional para frenar la respuesta del Gobierno al independentismo

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada por permitir que se votaran dos resoluciones a favor del referéndum de independencia en Cataluña, ha registrado este miércoles una petición de recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por "falta de imparcialidad". El recurso busca retrasar la respuesta del Alto Tribunal (cuyo pleno ya está reunido en Madrid) a la decisión de los independentistas de comenzar a tramitar hoy mismo la Ley del referéndum en el Parlament. En teoría, la recusación podría obligar a los 12 magistrados del Constitucional a apartarse de cualquier asunto relacionado con el proceso independentista hasta que resolvieran la cuestión, por lo que no podrían atender los recursos de inconstitucionalidad que previsiblemente presentará el Gobierno contra la Ley del referéndum y la de Transitoriedad.

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Que la intención de Forcadell es esa queda reflejado en que los autores del escrito de recusación especifican  que "desconocen el número de autos al que corresponde este incidente". Forcadell está imputada por delitos de desobediencia y prevaricación tras permitir que se votaran dos resoluciones a favor del referéndum, desobedeciendo al Constitucional. Ahora pide "garantizar" su derecho de defensa y paralizar todo procedimiento de "excepción" hacia ella o la Cámara.

"Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad", ha escrito la presidenta del Parlament en sus redes sociales antes del inicio del pleno en el que se ha comenzado a tramitar la Ley del referéndum en la que los independentistas quieren apoyar la consulta ilegal del 1 de octubre.

Forcadell alega en el escrito que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta "indefensión" como el que prevé la ley orgánica del Constitucional. La aplicación de las atribuciones sancionadoras del Alto Tribunal, a su juicio, vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo".

Además, el escrito de su defensa argumenta la naturaleza "inédita" del procedimiento de ejecución de sentencias que instauró la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que configura un "nuevo" Tribunal que "pierde su supuesta posición de neutralidad cuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución de sus propias resoluciones". Por ello, Forcadell solicita poder ser parte en un hipotético procedimiento constitucional si es que se discuten medidas de intervención en el Parlament o en las funciones de presidencia del Parlament, con el objetivo de preservar su derecho de defensa ante un procedimiento "carente de cualquier garantía y derecho".

El pleno del Constitucional debe decidir ahora si admite a trámite el escrito o lo rechaza de plano, con lo que podría tramitar los recursos de inconstitucionalidad que previsiblemente registrará el Gobierno.