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Forcadell ante la justicia, acusada de desobeder al Constitucional

La presidenta del Parlament solo responderá este viernes a las preguntas de su abogado

Carme Forcadell, presidenta del Parlament.
Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

Carme Forcadell estrenará este viernes las consecuencias de la reformada ley que regula el Tribunal Constitucional que votó el PP. La presidenta del Parlament está citada a declarar como investigada (lo que antes era una imputación) acusada de desobedecer al Alto Tribunal por no hacer caso de sus resoluciones. Y depende de cómo vaya la investigación judicial se la podría acusar también de prevaricación.

Es la primera vez desde la restauración de la democracia que la segunda autoridad de Cataluña tiene que comparecer ante el juez por decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo, algo que ya le ocurrió también a Artur Mas y a sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por impulsar la consulta del 9-N.

En la recta final ya del calendario pactado por Junts pel Sí y la CUP para llevar a Cataluña a las puertas de la independencia y convocar un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional, el soberanismo no dejará pasar la ocasión para exhibir su quebradiza unidad.

Este miércoles ya recibió el apoyo de los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, además de los máximos responsables de las entidades soberanistas y para hoy jueves se han convocado manifestaciones en las puertas de los ayuntamientos catalanes por parte de las asociaciones que alimentan el independentismo (ANC, Òmnium, AMI y ACM). Este viernes Forcadell estará arropada hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por todo el Gobierno catalán, con Carles Puigdemont al frente, y los partidos que apoyan la secesión.

Será una repetición de aquella puesta en escena que ya acompañó a la declaración de Artur Mas y que siempre ayuda a coser la unidad del soberanismo por encima de las vicisitudes de la política catalana, como está sucediendo con la tramitación de los Presupuestos.

Forcadell sopesa responder solamente a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde. No contestará, con seguridad, a las que pueda formularle la Fiscalía, institución que, en su opinión, actúa bajo influencias políticas. El abogado de Forcadell optará por una “defensa técnica” y contempla dejar para la fase del juicio oral la exposición de argumentos que logren convencer al tribunal de que Forcadell no es responsable de los delitos de desobediencia y prevaricación.

La impresión de la defensa de Forcadell es que el proceso ha avanzado con celeridad y que la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ya ha fijado con claridad su posición y no alberga dudas de que llevará el caso a juicio. Van den Eynde recurrió la decisión del TSJC de admitir a trámite la querella de la Fiscalía con argumentos políticos: los tribunales no debían ni podían prohibir el debate parlamentario. Pero al TSJC le producen alergia ese tipo de relatos y lo rechazó de plano. “El proceso penal”, advirtió el TSJC, “no se inicia por ningún debate de ideas ni, menos, por ningún tipo de expresión proferida por la querellada”.

La Fiscalía se querelló contra Forcadell porque permitió el pasado 27 de julio que el pleno del Parlament votara las conclusiones de la comisión de estudio de proceso constituyente. Lo hizo a pesar de que el Constitucional había advertido expresamente a los miembros de la Mesa de que debían "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que impulsara el proceso de "desconexión" con el resto de España.

La declaración de Forcadell es una de las diligencias principales de una investigación que, por lo demás, no requiere de un gran esfuerzo instructor. Se trata más bien de un “debate jurídico” para establecer si hay o no delito de desobediencia. Por el TSJC han pasado ya dos testigos: el que fuera secretario general de la Mesa del Parlament, Pere Sol, y el letrado mayor de la cámara, Albert Bayona. La declaración no fue demasiado positiva para los intereses de la investigada.

Ambos explicaron que elaboraron, por iniciativa propia, un informe jurídico en el que se mencionaba la advertencia “expresa” del Constitucional y de que debía obedecerla. El lunes está previsto que declaren, también como testigos, el vicepresidenta de la Mesa, José María Espejo (Ciudadanos); el secretario segundo, David Pérez (PSC), y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot).