Seis años de cárcel para un exconsejero de Asturias por el ‘caso Marea’

El exconsejero de Educación asturiano José Luis Iglesias Riopedre ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa por el caso Marea relativo a irregularidades en la contratación administrativa en la etapa del gobierno socialista liderado por Vicente Álvarez Areces. La Audiencia Provincial de Oviedo ha impuesto un total de 40 años y tres meses de cárcel a ocho de los trece procesados.

Así consta en la sentencia de la Audiencia Provincial que se ha conocido este viernes. El exdirigente socialista se enfrentaba a diez años y medio y 400.000 euros de multa. Riopedre ha sido condenado por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho.

Riopedre fue consejero de Educación desde los años 2003 hasta el año 2010, cuando presentó su dimisión alegando motivos de salud. El caso Marea, que llevaba tiempo investigándose, tomó una dimensión mayor y supuso un escándalo político a comienzos de 2011 cuando Riopedre fue detenido y enviado a prisión, así como la exdirectora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero.

En la fase de instrucción, el caso sufrió varios cambios de titular de su juez instructor. El juicio no se celebró hasta abril de 2016 y terminó en julio de ese año. Más de un año después, la Audiencia Provincial de Oviedo ha hecho pública la sentencia, que puede recurrirse.

En cuanto a las penas de otros de los principales acusados, María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión; la funcionaria Marta Renedo a nueve años; y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz a seis años y medio cada uno.

La causa fue destapada en 2010 gracias a investigaciones conjuntas entre la Agencia Tributaria y el Principado, que señalaron a Renedo como responsable de varias irregularidades detectadas entre 2006 y 2009, etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía apuntaron a la falsificación de contratos por parte de la consejería de Educación, y llevaron a la imputación del exconsejero Riopedre, y de su mano derecha, María Jesús Otero además de a dos empresas privadas, Igrafo y Almacenes Pumarín.

En el transcurso de la investigación se detectaron varias piezas separadas del caso Marea como el fraude fiscal de Comercial de Papelería Asturiana (Igrafo) -empresa que además cometió un total de cinco delitos contra la Hacienda Pública entre 2006 y 2008- y "el fraude de los colegios" destapado en 2015. Este último apunta a la falsificación de facturas entre 2009 y 2010 referidas a la entrega de material escolar a centros públicos y valoradas en cuatro millones de euros. Entre abril y julio de 2016 se celebró un macrojuicio de 40 sesiones que sentó en el banquillo a 13 acusados y llevó a declarar a más de un centenar de testigos.

Reacciones

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Agustín Cuervas-Mons ha informado este viernes de que va a pedir la comparecencia en el parlamento asturiano para que el presidente del Principado, Javier Fernández (PSOE), ofrezca explicaciones políticas por el caso Marea, tras conocerse la condena. Además, Cuervas-Mons ha dicho que el expresidente del Gobierno asturiano y actual senador, Vicente Álvarez Areces, debe dimitir.

En un comunicado, el Ejecutivo que preside Javier Fernández, que se personó como acusación particular en la causa, asegura "toda la ciudadanía" debe felicitarse de la sentencia que hoy hizo pública la Audiencia Provincial de Oviedo. Podemos y Ciudadanos han celebrado la sentencia como "un triunfo de la gente decente" y "ejemplarizante".