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Ingresa en prisión preventiva un ex consejero de Educación de Asturias por supuesta corrupción

Dos altas funcionarias del Principado y dos empresarios, también detenidos, están pendientes de declarar ante la juez que investiga cinco delitos

Un ex consejero del Gobierno de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, titular de Educación hasta el pasado agosto, fecha en la que dimitió alegando razones de salud; ha ingresado esta tarde en prisión provisional, comunicada y sin fianza por decisión de la titular del juzgado número 4 de Gijón, que investiga un supuesto caso de corrupción en la adjudicación irregular de contratos públicos y cobro de comisiones.

El ex consejero, la número dos de su equipo, María Jesús Otero, que fue directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la Consejería; la ex jefa de servicios de procesos administrativos del Principado, Marta Renedo Avilés, y los responsables de las empresas Igrafo Comercial Asturiana de Papelería, en Oviedo, y Almacenes Pumarín, de Gijón (Victor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, respectivamente) fueron detenidos y pasaron a disposición judicial por su supuesta implicación en varios delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios relacionados con el presunto cobro de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares.

Iglesias Riopedre, que prestó declaración durante dos antes ante la juez que instruye el caso, fue conducido a la prisión de Villabona (Asturias). El resto de los detenidos comparecerán en el juzgado en las próximas horas, aunque algunas declaraciones podrían posponerse hasta mañana. La policía se incautó de abundante documentación y material informático en los domicilios, oficinas y naves de los detenidos. La juez que instruye el caso ha determinado el secreto del sumario.

La investigación de este supuesto caso de corrupción arrancó a raíz de que en febrero del año pasado el Gobierno de Asturias, una alianza de PSOE e IU, destituyera a la Jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado, Marta Renedo Avilés por "irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito".

El Principado suspendió de empleo y sueldo a esta funcionaria y puso los hechos en conocimiento de la fiscalía, que emprendió una investigación.

Presunta falsificación de firma

En el informe se advertía que la funcionaria, que desde 1999 había ocupado diversas responsabilidades en la Administración regional (hasta 2004 fue jefa del Servicio de Prestaciones de la Consejería de Sanidad, y entre esa fecha y 2007 desempeñó la jefatura de servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos en la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo) pudo haber falsificado la firma del director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, "para adjudicar servicios de forma irregular, asumiendo funciones que no le correspondían". Además, se sospechó que había hecho contrataciones irregulares con una empresa de su propiedad, Implans Mounts, fundada en 2008, mediante contratos por importes inferiores a 18.000 euros, para los que no es preceptiva la convocatoria de un concurso público

Tras la destitución, la fiscalía emprendió también la investigación de posibles conexiones entre la funcionaria y alguna de las empresas que consiguieron contratos con el departamento en el que prestaba servicios.

Las detenciones ayer de los responsables de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín y las del ex consejero de Educación y su jefa de compras y directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras parecen guardar relación con posibles prácticas de trato de favor a ambos proveedores a cambio de un posible cobro de comisiones.

Las dos empresas abastecen de material de oficina y papelería a la Administración regional pero también a varios consistorios asturianos. El PP exigió ayer que se investiguen los contratos que estas empresas mantienen con los Ayuntamientos de Gijón y Avilés, ambos gobernados por el PSOE, pero se han negado a reclamar esa misma indagación en el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP, y del que sobre todo Igrafo ha sido un proveedor habitual desde hace más de una década, lo que fue motivo de crítica en varias ocasiones por parte de la oposición.

El Gobierno asturiano, de mayoría socialista, sostuvo ayer que la investigación parte de una denuncia del ejecutivo y que habrá que esperar a que la Justicia determine los hechos y sus responsabilidades. La consejera portavoz, Ana rosa Migoya, eludió pronunciarse sobre la detención de su ex compañero de gabinete. "Confiamos en la Justicia y en el Estado de Derecho. Los inocentes podrán demostrarlo y los culpables deberán pagar por lo que hayan hecho", dijo.

Ex dominico y ex militante del PCE

Iglesias Riopedre (Vigo, 1939), ex dominico y ex militante del PCE hasta su adscripción al PSOE, fue un colaborador habitual del presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, desde que ambos coincidieron en 1983 en la Dirección Provincial de Educación, y luego, desde 1999, en el Gobierno de Asturias.

Licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía) por la Universidad Complutense de Madrid, realizó Cursos de Postgrado de Filología y Sociología en las Universidades de Münster y Bielefeld. Iglesias Riopedre fue jefe de Programas Educativos de la Dirección Provincial del MEC en Asturias (1984-1994) y director regional de Educación del Principado (1994-1995).

Entre 1995 y 1999 ejerció como catedrático de Filosofía en el Instituto Leopoldo Alas "Clarín" de Oviedo. En 1999 fue nombrado director general de Educación, fue viceconsejero de Educación entre ese mismo año y 2003 y consejero entre 2003 y 2010. Su dimisión, que atribuyó a razones de salud, se produjo el 4 de agosto, seis meses después que arrancase la investigación policial sobre el caso de la funcionaria Marta Renedo.