La policía cree más amplia la trama corrupta de Asturias

El ex consejero socialista de Educación asturiano José Luis Iglesias, de 70 años, que dimitió el pasado agosto alegando razones de salud, cumplió ayer sus primeras 24 horas en prisión provisional y sin fianza -al considerar la juez que hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas- por su supuesta implicación en un caso de corrupción por la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones. La fiscalía le atribuye, entre otros, delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y blanqueo. La juez de Gijón que investiga el caso tomó declaración durante la tarde de ayer a otros cuatro detenidos en la misma operación: María Jesús Otero, ex directora general de Planificación y jefa de compras de la consejería; la funcionaria Marta Renedo, ex jefa de servicios de procesos administrativos del Principado, destituida hace un año por supuestas irregularidades; y dos directivos de sendas empresas que podrían haber sido beneficiadas: Víctor Manuel Muñiz, de la compañía ovetense Igrafo; y Alfonso Carlos Sánchez, de la gijonesa Almacenes Pumarín. La policía sospecha que la trama puede ser aún más amplia.

Se investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones

El Gobierno asturiano se ha personado como acusación particular, y dará explicaciones ante el Parlamento regional cuando se levante el secreto de sumario. El PSOE ha suspendido de militancia a Iglesias.

Los hechos investigados se detectaron en febrero de 2010. Entonces, el Principado destituyó y suspendió de empleo y sueldo a Marta Renedo por "irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito", y puso los hechos en conocimiento de la fiscalía, que ya había abierto indagaciones tras haber detectado la Agencia Tributaria la existencia de una cuenta bancaria que se atribuye a Renedo y en la que esta habría suplantado la identidad de otra persona. La policía investigó entonces las posibles conexiones entre Renedo y las empresas que lograron importantes contratos de la Administración. De aquellas pesquisas derivaron las cinco detenciones practicadas el lunes.

Igrafo y Almacenes Pumarín suministran material escolar, informático y de oficina y mobiliario a diversas Administraciones. El PP exige que se investigue también a los Ayuntamientos de Gijón y Avilés (PSOE), pero no pide lo mismo en el de Oviedo, gobernado por su partido, del que sobre todo Igrafo ha sido uno de los principales proveedores en las dos últimas décadas, según denuncia la oposición hace años.

[El abogado de Renedo aseguró ayer que su declaración había sido "larga" y trufada de datos. Según dijo, la juez reprodujo grabaciones realizadas a los imputados. Por su parte, el letrado del Gobierno regional consideró que las explicaciones de la funcionaria habían sido "amplias aunque quizá no lo suficientemente aclaradoras", informa Efe].