Juana Rivas se plantea entregarse para no perder a sus hijos

La Junta de Andalucía, que mantiene desde el principio su apoyo a Rivas, considera que tiene que “respetar la ley y presentarse a la justicia”

Manifestación a favor de Juana Rivas este jueves en la plaza de Callao, en Madrid.
Manifestación a favor de Juana Rivas este jueves en la plaza de Callao, en Madrid. INMA FLORES (EL PAÍS)
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Una vez que la vía civil se ha agotado en España con el último pronunciamiento del Constitucional, el entorno de Rivas estudia cómo articular una denuncia por “violación de los derechos humanos” en el Tribunal de Estrasburgo. Y tiene también pendiente la vía penal del caso, que sigue su curso en los juzgados de Granada.

Rivas está en busca y captura desde el 8 de agosto por, entre otros posibles delitos, la retención ilícita de menores. Podría ser condenada a un máximo de cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta 10. “Esconderme es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida”, decía Rivas en la segunda carta que hizo pública esta semana a través de su entorno.

Pero esconderse puede suponer también acabar separada de ellos. “Con su ausencia está dando más razones para creer que en los próximos trámites podría volver a huir”, valora Valentín Ruiz, fiscal portavoz de la Fiscalía Provincial de Granada. Ruiz considera que “no le va a beneficiar en nada tener ocultos a los niños” para defenderse de los delitos por los que es investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada. “La comparecencia voluntaria se considera un atenuante”, admite María Castillo, abogada de oficio de Juana Rivas, que explica a este periódico que una de las cuestiones que valoran los abogados de Rivas es que “se persone” en el juzgado porque “Juana no puede estar desaparecida eternamente”. “En ningún caso”, asegura la abogada, comparecería ante el juez con los menores para evitar que sean captados por las cámaras.

Si finalmente tomara esa decisión, prosigue, se acordaría una fecha posterior de entrega.

Castillo —que asegura que no ha hablado con su cliente desde el pasado 24 de julio, dos días antes de que desapareciera— teme “sobre todo la pérdida de la patria potestad”. “Siempre he informado a Juana de todas las consecuencias jurídicas de sus posibles actuaciones”, añade. La abogada critica, además, cómo no ha pesado en el proceso judicial ni en Italia ni en España la parte relacionada con la violencia de género.

Apoyo con matices

La denuncia que presentó Rivas por malos tratos en julio de 2016 contra Francesco Arcuri, condenado en 2009 por “lesiones en el ámbito familiar”, acaba de ser enviada a Italia más de un año después por el Ministerio de Justicia para que abra una investigación que pueda acabar, o no, incorporada a la causa. La expareja de Rivas, Francesco Arcuri, ha negado siempre haberla maltratado y defiende que aceptó la condena de 2009, alcanzada de mutuo acuerdo tras un cruce de denuncias, para poder ver a su hijo (entonces solo tenían uno).

Más de tres semanas después de que desapareciera con sus hijos, Rivas mantiene gran parte del apoyo social pero llegan los matices. El Gobierno ha pasado del “hay que ponerse en el lugar de esta madre” que dijo el presidente Mariano Rajoy con Rivas recién huida, a la matización del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que señaló el miércoles que siguen siendo “sensibles” a estas situaciones pero el Gobierno “también respeta el Estado de derecho”. Lo dijo tras conocerse la última decisión del Tribunal Constitucional, que rechazó el miércoles, por llegar fuera de plazo, el recurso de amparo por el que la mujer pedía no entregar a sus hijos al padre.

La postura de la Junta de Andalucía también se ha movido desde la propuesta que hizo la presidenta, Susana Díaz, que le ofreció asistencia jurídica al día siguiente de que desapareciera y le expresó su apoyo “en su lucha por proteger a sus hijos”. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, señalaba ayer a este periódico: “Juana tiene que respetar la ley. Y si la justicia le dice que tiene que ir al juzgado tendrá que presentarse y espero que la justicia tome las decisiones más adecuadas para proteger a esos niños”.

Sobre la firma

Pilar Álvarez

La corresponsal de género del diario EL PAÍS está especializada en temas sociales (Igualdad, Violencia de Género, Educación) y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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