Juana Rivas: “Esconderme es la única manera que he encontrado, pero no puede ser para siempre”
La granadina huida con sus hijos envía una segunda carta
Juana Rivas, huida con sus hijos desde el pasado 26 de julio, ha escrito una segunda carta que su entorno ha hecho llegar a los medios. “Lo que estoy haciendo no es un desafío, es supervivencia”, escribe. “Esconderme es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Pero no puede ser para siempre. Por favor, paren esta locura”.
La primera juez constató "episodios de violencia doméstica"
“Los malos tratos, de los que mi hijo ha sido testigo, se acreditan. Salen en la sentencia de este proceso”, escribe Rivas en su segunda carta. La primera sentencia española que dicta que debe devolverlos, de diciembre de 2016, es del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada. En ella, la juez recoge: “Sin desconocer que en los progenitores han existido algunos episodios de violencia doméstica, no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores, todo ello sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en en seno familiar”.
Los abogados de Rivas defienden que, al considerar la violencia, la actuación debía haber sido diferente. El menor (el de 11 años, el de 3 no es analizable debido a su corta edad) tendría que haber sido evaluado por un grupo “técnico y multidisciplinar especializado”, tal como recoge el artículo 2.5 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en lugar de la psicóloga de familia que le atendió. Este es uno de los argumentos que incluyen en el segundo recurso de amparo que han presentado ante el Constitucional (el primero fue rechazado porque el tribunal consideró que no se habían agotado todas las vías judiciales), que se espera que se pronuncie en los próximos días.
“De la sentencia no se desprende que se haya tenido en cuenta la violencia, se ha invisibilizado”, valora Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género. “La sede natural para que los menores sean valorados psicológicamente, si se considera que ha existido violencia de género, son las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que tienen pautas específicas y especialistas para estos casos”, añade. “Los menores merecen un análisis más profundo de su situación actual y de la que tendrían si se fueran con el padre, una investigación más profunda que parece que aquí no se ha realizado”, concluye esta abogada.
Esta madre granadina de 36 años se marchó hace más de un año con sus hijos de Carloforte (Italia), donde vivía con su pareja, el italiano Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009. Dos tribunales españoles han sentenciado que debe devolver a sus hijos con su padre, que la denunció por sustracción internacional de los menores, de 11 y tres años. Los abogados de Rivas han acudido al Tribunal Constitucional, presentando un recurso de amparo para no tener que devolver a los hijos.
El lunes se leyó una carta suya en la que denunciaba “errores judiciales” durante el proceso frente a los juzgados de Granada. Hubo concentraciones de apoyo convocadas por colectivos feministas frente a sedes judiciales de más de una docena de ciudades, a la espera de que se pronunciara el Constitucional. Rivas justifica en esta carta su huida –“un maltratador nunca te va a dar el consentimiento de irte”, señala, tras acusarle de controlar todas sus “entradas y salidas”- y asegura que su hijo mayor ha sido “testigo” de los malos tratos. “Este hombre me decía los peores insultos e incluso me escupía en la cara delante de mis hijos”, añade. “Incluso mi hijo recibió algún golpe intentando defenderme”.
Francesco Arcuri, que está en Granada desde julio esperando la entrega de sus hijos, negó la semana pasada en declaraciones a este periódico que hubiera maltratado a su expareja o a sus hijos. “Jamás le he puesto una mano encima”, indicó. Según su relato, era ella quien le insultaba mientras vivían en Carloforte. Y él el que cuidaba de los menores mientras ella salía de noche.
“Desde que vine a España, siempre, por el bien de mis hijos, he estado dispuesta a llegar un acuerdo”, señala en la carta, “pero siempre su respuesta fue que por encima de todo yo tenía que volver a Italia”. Su expareja denunció la sustracción internacional de sus hijos, denuncia que prosperó en Italia y también en España. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Granada de diciembre y después la Audiencia Provincial de Granada, en abril, fijaron la devolución “inmediata” de los niños a su padre. Rivas inició el año pasado una campaña que la llevó al Congreso de los Diputados, donde entregó miles de firmas.
En su nueva carta, remitida por mail a los medios, reitera estos errores judiciales. “Si la primera jueza a la que acudí en España denunciando nuestra grave situación en Italia me hubiera escuchado y hubiera enviado la denuncia inmediatamente como pone la ley, el Convenio de la Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos. Pero es que ni siquiera lo admitió a trámite por error. Y resulta que la denuncia de malos tratos, que tenía que haber llegado a Italia hace más de un año todavía no ha salido de España”.
La denuncia, presentada en España ante la Guardia Civil en julio de 2016, fue inicialmente rechazada por la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer 2 de Granada, que le respondió entonces que relataba hechos ocurridos fuera de su jurisdicción y que debían ser denunciados en Italia. En marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado respondió a una queja de la responsable del centro de la Mujer de Maracena, Paqui Granados, para que la denuncia se enviara traducida a Italia. Y el juzgado pidió el 15 de marzo, con carácter “urgente”, su traducción a una empresa de Las Rozas (Madrid). Volvió a requerirlo en julio. El texto ya traducido se remitió este 8 de agosto al Ministerio de Justicia español para que lo traslade a su homólogo italiano.
Tanto Rivas como Arcuri coinciden en que los hijos, sobre todo el mayor, hablaban con el padre por teléfono cuando querían. Según él, les llamaba a diario por Skype, hasta que un día el niño no quiso hablar con él más. “En noviembre, cuando vio el procedimiento de sustracción, no me dejó hablar nunca más con los niños”, aseguró él. “¿Saben cuándo dejó de hablar? No fue porque yo se lo negara, sino porque mi hijo de 11 años, a partir de diciembre, le dijo que no quería hablar con él porque no podía entender que su padre nos hiciera sufrir tanto”, cuenta Rivas en su carta.
Ella asegura, y él admite, que no ha visto a los menores en el último año y que tampoco ha aportado dinero para mantenerlos. “¿Cómo se explica si es tan buen padre que durante un año haga esto?”, escribe ella. Él señala: “Desde la sustracción, no le he dado más dinero. Sería cómo decir: ‘Sí, quédate allí”.
“Un rapto no puede ser una mujer que huye del horror para proteger a sus hijos”, añade Rivas. “Un maltratador nunca te va a dar el consentimiento de irte”.
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