Ignacio González pide salir de prisión por su “deterioro físico y psíquico”

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y principal imputado en el caso Lezo de corrupción, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que le permita salir de la cárcel de Soto del Real por el “deterioro físico y psíquico” que, según él, sufre después de tres meses en prisión provisional. González afirma que la privación de libertad está afectando a su “integridad moral” y plantea al magistrado una serie de medidas cautelares alternativas que le permitan volver a su domicilio sin afectar a la investigación abierta contra él en septiembre de 2015. Entre ellas, propone estar siempre localizable con aparatos electrónicos, que se le intervengan las comunicaciones o que se retire el wifi de su casa para que no pueda ponerse en contacto con testigos de la causa. Cualquier cosa, menos seguir en prisión.

González, de 56 años, declaró el pasado 19 de julio ante el juez García-Castellón, después de que se levantara parcialmente el secreto de sumario del caso Lezo. En aquella ocasión, el expolítico, según fuentes jurídicas, se mostró visiblemente afectado y reclamó al magistrado que facilitara su puesta en libertad. Ahora, su defensa, encomendada al abogado Esteban Mestre, ha realizado la petición por escrito.

El que fue mano derecha de Esperanza Aguirre niega que persistan los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas por el que el juez Eloy Velasco le envió a prisión el 21 de abril pasado. González dice que “su fortísimo arraigo personal y familiar en España” y su “notoriedad pública” impiden que pueda sustraerse a la acción de la justicia. Para reforzar este argumento, señala que sus padres, ambos de avanzada edad y movilidad reducida, están impedidos para ir a verle a la cárcel de Soto y temen que por su vejez “puedan no volver a verle”.

González propone al juez una serie de medidas cautelares alternativas a la prisión. Además de la posibilidad de prestar una fianza económica “razonable”, el expresidente madrileño plantea otras medidas restrictivas de sus movimientos como un sistema de comparecencias, incluso diarias, en el juzgado, la “obligación de permanecer en su domicilio” y “estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente”. También apunta la posibilidad de un arresto domiciliario o que el magistrado pueda abrir una “pieza secreta” por la que se intervengan sus comunicaciones telefónicas y se graben todas sus conversaciones desde que sea puesto en libertad.

Para evitar que pueda ponerse en contacto con testigos y otros imputados en la causa para tratar de manipularles, la defensa de Ignacio González plantea una medida novedosa: la “instalación de inhibidores de frecuencia en el domicilio, para impedir el uso de aparatos electrónicos y el corte de suministro de cualquier línea wifi”.

Según González la prisión preventiva supone una “lesión de los derechos a la salud y a la integridad moral”. Y argumenta que “no ha dado la menor sospecha de querer eludir la actuación de la Justicia” en los seis años que han transcurrido desde que se abrió la investigación del denominado “caso del ático” en los juzgados de Estepona (Málaga). Tampoco trató de salir del radar judicial tras conocer que estaba siendo objeto de seguimientos e intervenciones telefónicas en el caso Lezo.