La paradoja de Venezuela: ni una sola petición aceptada

En la lista de concesiones y denegaciones de asilo hay un caso muy paradójico, el de Venezuela, porque el Gobierno español se comporta en este asunto como el doctor Jekyll y el señor Hyde. La situación política del país caribeño y el régimen de Nicolás Maduro, que el equipo de Mariano Rajoy critica duramente y denuncia como dictatorial, está haciendo salir del país a miles de ciudadanos. Pero al mismo tiempo ese Ejecutivo les cierra la puerta, con el argumento de que en su país no hay riesgo para los derechos humanos. Es decir, casi es como si la respuesta a las solicitudes de asilo las redactara Podemos.

El año pasado Venezuela ya fue la nacionalidad que registró el mayor número de peticiones de asilo en España, un total de 3.960, seguida de Siria y Ucrania. En los datos de la primera mitad de este año continúa en el primer puesto, con 5.032 solicitudes. Sin embargo, en 2016 tan solo se examinaron 40 casos y todos se denegaron. En lo que va de año se han analizado 240 expedientes, y todos han vuelto a recibir informes negativos. No pasa nadie.

Mientras se aclara el criterio, la situación en Venezuela y se toma una decisión, la lista de espera de solicitantes de este país se está disparando: en 2016 se quedaron sin resolver 4.435 expedientes y este año han llegado, hasta ahora, 5.032 más. Que subirán en el balance de final de año. El Gobierno solo ha concedido la nacionalidad en unos pocos casos mediante carta de naturaleza, una fórmula de adjudicación directa para casos que se consideran especiales, como personalidades relevantes, deportistas o periodistas.

Amnistía Internacional es muy crítica con la posición de la Oficina de Asilo en estos casos y acaba de publicar un informe en el que denuncia que en Venezuela se cometen “crímenes de lesa humanidad”, con detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos. “La situación es muy difícil, el número de muertos en protestas va en aumento y no se puede mirar para otro lado”, advierte Verónica Barroso, portavoz en cuestiones de asilo de la organización de derechos humanos. Considera que muchas peticiones entrarían en los supuestos exigidos para la concesión de asilo.

Por su parte, ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, y la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), también cuestionan la actitud oficial, sobre todo cuando los pronunciamientos públicos del Gobierno hablan francamente de vulneración de derechos en Venezuela.

No obstante, desde CEAR admiten que cada caso es particular, los requisitos para el asilo son rigurosos y en Venezuela no tienen por qué cumplirse automáticamente. La protección se concede por persecución por motivos de raza, ideas, religión, nacionalidad o pertenencia a grupos sociales determinados. Pero muchos venezolanos solo alegan en sus entrevistas para el asilo la situación de inseguridad o de precariedad económica en que viven, y esos casos en realidad no son motivo suficiente para acceder a la protección. Sí lo es, por ejemplo, ser activista militante contra el Gobierno y enfrentarse a represalias.

Contrarios al chavismo

Un cuarto caso, el de ciudadanos contrarios al chavismo que se limitan a asistir a manifestaciones y alegan problemas en su trabajo o su zona de residencia, exigen un estudio. En el caso de persecuciones violentas es esencial determinar quién persigue y cuál es el agente de persecución: el Estado, una organización del Estado o terceros agentes, y no siempre es difícil de dilucidar. Depende en gran medida de la voluntad política.

En todo caso, muchos de estos miles de solicitantes son venezolanos que llevan tiempo viviendo en España y con el tiempo han decidido solicitar asilo, pero ya tienen medios de vida y vivienda. En algunos casos son incluso de clase adinerada. Es decir, no acceden a los planes de acogida previstos para refugiados recién aterrizados y sin recursos. “A nosotros nos llegan solo los que no tienen nada. No es un dato que influya en las estadísticas de plazas y asistencia”, explica un portavoz de Cruz Roja.