Todos, salvo el PP, consideran probado el uso de la policía contra adversarios políticos

El Gobierno del PP utilizó de forma partidista a la policía para combatir a los adversarios políticos. Esta grave acusación es compartida por todos los partidos, salvo el PP, y figurará en las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre el Ministerio del Interior que deberán estar cerradas antes de final de mes. Esa idea es el mínimo común denominador de las propuestas que manejan los grupos de la oposición; solo queda que lleguen a un acuerdo y aparten los puntos en los que discrepan, que podrán figurar en votos particulares.

Todos los partidos, menos el PP, creen probado que el Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz al mando, creó una estructura policial al margen de la oficial que usaba con fines partidarios. En esa idea coinciden PSOE, Podemos, PNV, Ciudadanos, ERC y PDeCAT. Solo el PP sostiene que las cinco comparecencias y la abundante documentación manejada por la comisión demuestran que el funcionamiento de Interior era irreprochable.

El PSOE entiende en sus conclusiones provisionales que hubo una estructura policial que se cobijaba en el catálogo de puestos de trabajo que utilizaban arbitrariamente el comisario Eugenio Pino, entonces director Adjunto Operativo (DAO), e Ignacio Cosidó, a la sazón director general de la Policía. Esta práctica, según los socialistas, era conocida por el ministro y los sucesivos secretarios de Estado de Interior.

Según el PSOE, el objetivo era, por una parte, interferir en la situación política de Cataluña. En segundo lugar, investigar a adversarios políticos de los populares; y, por último, entorpecer investigaciones sobre corrupción en el PP. Los responsables políticos serían Fernández y Cosidó.

Podemos también llega a esta conclusión y no desiste aún de que la comisión pueda prolongarse para que se admitan más comparecencias que terminen de probar algunas de las irregularidades. Este partido completa las acusaciones con la referencia concreta a la investigación policial paralela que se hizo al partido de Pablo Iglesias, que se plasmó en el llamado Informe Pisa (rechazado reiteradamente por la justicia).

El PNV, cuyo diputado Mikel Legarda preside la comisión, concluye también que desde Interior se perseguía a adversarios políticos, impulsando investigaciones prospectivas para perjudicarlos. Con voluntad manifiesta de presionar a la fiscalía y ayudados de filtraciones interesadas a medios de comunicación, con dossieres apócrifos y manipulación de pruebas, según los nacionalistas vascos. El PNV no quiere que se haga referencia a responsabilidad concreta de policías, pero sí a la de su dirección política, personalizada en Fernández y Cosidó y a través del DAO. No atribuye responsabilidades a quienes fueron secretarios de Estado de Interior en la época investigada, porque no han acudido a la comisión.

 ERC y PDeCAT hacen especial hincapié, en sus propuestas de conclusiones, en que la policía y el ministerio fueron usados con el objetivo específico de desprestigiar y hacer frente al proceso soberanista en Cataluña. Amplían las responsabilidades al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y previsiblemente lo incluirán en un voto particular al informe.

ERC, además, va un paso más allá que el resto e incluye la atribución de delitos de acusación y denuncia falsa, así como la simulación de delitos, tipificados en los artículos 456 y 457 del Código Penal, por lo que piden que se dé traslado a la fiscalía. Y deja caer que pudieron utilizarse fondos reservados, lo que incluiría una supuesta malversación.

Ciudadanos entiende igualmente que hubo ese uso partidista de la policía y también hace recaer la responsabilidad sobre el entonces ministro y su director general de la Policía. Este partido coincide también con otros en poner de manifiesto el descontrol del ministerio que, por ejemplo, hacía que policías fueran adscritos a unidades que ni pisaban.