El gobierno de Cifuentes atribuye la desaparición de los contratos de Púnica a anteriores ejecutivos del PP

El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha desmarcado este miércoles de la desaparición de los documentos originales del caso Púnica que el juez Eloy Velasco reclamó el pasado mes de mayo a la empresa pública del suelo Arpegio y que aún hoy no han aparecido. La pérdida, destapada por EL PAÍS el pasado martes, es atribuida por el equipo de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid a los “periodos anteriores”, en clara referencia a los ejecutivos del PP encabezados por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Según aseguran, la reciente salida de los expedientes de estas adjudicaciones, por las que preguntó hace solo un mes la Audiencia Nacional, tuvo como destino la propia Asamblea de Madrid, con el fin de buscar información para responder a una pregunta parlamentaria de la oposición, y que los mismos volvieron íntegros a la sociedad pública. La pérdida, insisten desde el actual gobierno madrileño, es anterior, aunque no son capaces de concretar la fecha.

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La desaparición de dichos documentos se conoció el pasado 16 de mayo. Entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió a la sede de Arpegio con una orden judicial para requisar abundante documentación sobre la gestión del Plan Prisma de inversión regional y de 22 consorcios urbanísticos. Los agentes descubrieron entonces que de una parte de la documentación que se buscaba había copias, pero no los originales. Entre ellos estaban los contratos de las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos SA (DUSA), una sociedad bajo sospecha de estar tras los supuestos amaños de los millonarios concursos que, según los investigadores, permitieron el presunto enriquecimiento ilícito de Francisco Granados.

El juez volvió a reclamar dichos contratos el 25 de mayo con un requerimiento, pero tampoco aparecieron entonces. La propia Arpegio remitió el 13 de junio un escrito a la Audiencia Nacional en el que admitían la pérdida de los mismos y reconocían que en la labor de búsqueda habían descubierto “varias carpetas” vacías. Ese mismo día, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, reclamó a Arpegio que le entregase “una copia certificada del escrito por el que la Comunidad de Madrid le solicitó los expedientes completos de los contratos adjudicados a DUSA”. El magistrado quería con ello “identificar la persona o el órgano” del Ejecutivo presidido por Cifuentes que requirió esa documentación.

La respuesta, según aseguran a EL PAÍS fuentes del ejecutivo regional, fue remitida al juzgado el pasado 29 de junio, aunque aún no se ha dado traslado de la misma a las partes personadas en la causa. Siempre según estas fuentes, en la misma se detalla que la Dirección General de Administración Local, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, reclamó el 15 de diciembre de 2015 dicha documentación para poder responder una pregunta parlamentaria sobre DUSA planteada por el grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Una vez contestada, recalcan que aquellos expedientes regresaron tal y como habían salido de la sociedad pública.

En una nota de prensa, hecha pública también este miércoles, el Ejecutivo de Cifuentes ha anunciado que la consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, ha pedido comparecer de manera voluntaria en la Asamblea de Madrid para aclarar la desaparición de la documentación reclamada por el juez del caso Púnica. En dicho texto, el Gobierno madrileño insiste en la idea de que las supuestas irregularidades se corresponden con “periodo anteriores” y aseguran estar colaborando en todo momento con la Justicia.

En este sentido, aseguran haber entregado más de 250.000 folios, 43.200 archivos informáticos y 9.300 carpetas de Arpegio tanto a Anticorrupción como a la UCO. La nota añade que toda esa documentación se ha remitido en 18 tandas, de las cuales 10 fueron “entregas voluntarias” y las restantes, a petición de la Justicia. Entre esa documentación se encuentra, precisamente, los registros del llamado “archivo de valor” de Arpegio que recogen la entrada en abril de 2007 de los contratos ahora desaparecidos. Sin embargo, actualmente ya no se encuentran allí y por el momento se desconoce la fecha en la que salieron del mismo.