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Guadalajara reclama 2.000 euros por la exhumación de Timoteo Mendieta, fusilado en 1939

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estudia denunciar al Ayuntamiento por prevaricación

El arqueólogo René Pacheco descubre un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara.
El arqueólogo René Pacheco descubre un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha recibido una notificación del Ayuntamiento de Guadalajara en la que se le reclama el pago de 2.057 euros por la exhumación de Timoteo Mendieta y de otros 27 cuerpos, todos represaliados por el franquismo, de una fosa común del cementerio de la capital alcarreña. La asociación estudia denunciar al Ayuntamiento por prevaricación. 

La ARMH recuerda en un comunicado que el pleno municipal aprobó el pasado diciembre una propuesta de Ahora Guadalajara, que contó con los votos del PSOE y Ciudadanos, para eliminar la tasa para casos de exhumaciones e inhumaciones relacionadas con los represaliados de la dictadura franquista, como es el caso de Timoteo Mendieta. 

Los restos de Mendieta fueron exhumados por la ARMH por orden de la Justicia argentina. Su hija, Ascensión Mendieta, pasó toda su vida luchando por poder recuperar los restos de su padre, que fue fusilado el 15 de noviembre de 1939 y arrojado a una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Timoteo era presidente de UGT en su pueblo, Sacedón (Guadalajara). Tenía 41 años y siete hijos el día que lo mataron. Ascensión lo vio por última vez cuando ella tenía 13. El pasado 2 de julio, pudo por fin enterrar a su padre, 78 años después de su muerte. 

La ARMH afirma que la tasa que el Ayuntamiento pretende cobrar "se aplica a las empresas funerarias que llevan a cabo actividades en los cementerios, por las que cobran dinero a las familias que las solicitan". Pero puntualizan que la segunda exhumación de Timoteo Mendieta —hubo un primer intento que resultó fallido— ha sido llevada a cabo dentro de un proceso judicial. La juez argentina María Servini investiga desde abril de 2010 los crímenes de la dictadura franquista en aplicación del principio de justicia universal y fue ella quien ordenó la búsqueda de los restos. 

La asociación indica que, pese a tratarse de un proceso judicial, ellos han corrido con todos los gastos, incluido el material, el alojamiento y la manutención de los voluntarios que han trabajado en el cementerio, y que también asumirán los gastos de las pruebas de ADN para identificar los restos hallados en la fosa común. La ARMH recuerda además que el juzgado de Guadalajara ha atendido el exhorto de la jueza argentina y han "tutelado los trabajos de exhumación de la fosa" y que "ningún familiar de las personas exhumadas han tenido que abonar un solo céntimo de euro por los trabajos de exhumación e identificación".

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