La Fiscalía pide tres años de cárcel para un testigo de un caso de corrupción

Macías está imputado por este motivo. “No se puede acreditar que yo filtré los documentos”, insiste el que fuera empleado de la organización entre 2006 y 2012.

La Fiscalía considera lo contrario. El ministerio público sostiene que el 7 de noviembre de 2012 el administrativo se descargó desde su ordenador del trabajo 22.500 archivos de una carpeta llamada “Compras. Confidencial”. Guardó los datos en un lápiz de memoria. Y se los llevó a su casa. UGT le despidió un mes después.

Parte de esa documentación confidencial sirvió para empujar la investigación de un juzgado de Sevilla que escruta la legalidad de más de 75 millones de euros en ayudas a la formación que UGT recibió entre 2009 y 2013. Macías detalló estas presuntas irregularidades cuando declaró en calidad de testigo ante Guardia Civil en enero de 2014.

"Se compraban 10 bolígrafos , pero en la factura ponía 100”, dice Macías

Ahora las tornas han cambiado. Y otro juzgado de Sevilla imputa a este administrativo en paro un presunto delito de revelación de secretos a raíz de una querella de UGT. El sindicato pide para su antiguo empleado cuatro años de prisión y 60.000 euros de multa por daños morales. Y acusa a Macías de “sustraer” miles de archivos de su sistema informático. Un informe pericial costeado por el sindicato avala la fuga de información. Pantallazos y extractos bancarios que alimentaron supuestamente una decena de titulares en la prensa andaluza entre abril y noviembre de 2013. “El líder andaluz de UGT pagó con Visa oro gastos en Sudáfrica mientras anunciaba su ERE”, publicó ABC.

Facturas infladas

Macías declaró a la Guardia Civil que en 2006 entró a trabajar en el departamento de compras de UGT-Andalucía, donde se topó con unas hojas de Excel que, supuestamente, revelaba una mecánica de fraude. Aseguró que se inflaban facturas y que el sindicato disponía de una decena de proveedores “de confianza” que emitían justificantes por servicios no prestados. El dinero desviado, confesó, acababa en un “bote” para sufragar viajes, hoteles y comidas de dirigentes de UGT.

Macías explicó también a los investigadores que los empleados del área económica del sindicato de la sede de Sevilla se reunían cada lunes para decidir qué proveedores debían elaborar las facturas falsas. Y que el "bote" –el dinero obtenido ilegalmente por el sindicato- oscilaba entre el 3% y el 20% del importe. Para burlar la Ley de subvenciones, relató a la Guardia Civil, UGT recurría a “un proveedor de confianza”.

El ministerio público en el documento que solicita tres años de cárcel para Macías por revelación secretos no niega estas irregularidades. “Mediante el bote, el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas”, sostiene este documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y que está firmado por el fiscal Fernando Soto.

Por estos motivos, Macías se considera un “testigo clave” en la investigación judicial sobre el fraude en el cobro de subvenciones. “Vi muchas irregularidades. Se compraban 10 bolígrafos, pero en la factura ponía 100”, remarca a modo de ejemplo.

Cinco años después de ser despedido del sindicato, donde cobraba 1.400 euros al mes, este licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara (México) dice encontrarse en una situación de “extrema necesidad”. “Requiero ayuda para pagar la luz y una asistenta social”, lamenta. Su último trabajo fue en una inmobiliaria. Cobraba 600 euros al mes.

Macías, defendido por el letrado Rogelio Vargas, se ha encontrado esta semana con ciudadanos con vidas paralelas a la suya. Su caso es uno de los abordados por la denominada Alianza contra la corrupción. Una organización que denuncia los excesos del poder en las administraciones e instituciones públicas. El colectivo reclama una ley de protección de testigos. Y tiene entre sus filas a la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT) que preside el abogado Francisco Sánchez.