El Gobierno de Navarra se declara en rebeldía frente al Tribunal de Cuentas
El pleno del órgano fiscalizador analiza este jueves si vuelve a requerirle la contabilidad o lleva el asunto por desobediencia a la fiscalía
El Gobierno de Navarra, que preside Uxue Barkos (Geroa Bai), se ha declarado en rebeldía frente al Tribunal de Cuentas del Estado y se niega a facilitarle la documentación que, de forma reiterada, le ha pedido el órgano fiscalizador de las administraciones públicas en relación con las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015. El pleno del Tribunal de Cuentas abordará en su sesión de este jueves esta insumisión con vistas a decidir formalmente si vuelve a requerir la documentación que necesita o envía el asunto a la Fiscalía para que se determine si concurre un delito de desobediencia "tipificado en el artículo 502.2 del Código Penal".
La negativa a facilitar esta documentación la basa el Gobierno Navarro en que "el Tribunal de Cuentas no es un órgano competente en Navarra para proceder a dicha fiscalización". La presidenta Barkos accedió a la presidencia gracias al apoyo de EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y el partido de Pablo Iglesias (Podemos). Y gobierna con 26 diputados frente a los 24 de la oposición.
La presidenta Barkos accedió a la presidencia gracias al apoyo de EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos
El consejero del Tribunal de Cuentas que lleva meses intentando, sin éxito, que Navarra le facilite las cuentas para su fiscalización es Ángel Algarra, responsable del departamento que analiza el destino del dinero de las Comunidades Autónomas. El pasado 17 de abril, Algarra envió un primer escrito al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, para que este, "en el ejercicio de sus competencias, conminara" a la presidencia del Gobierno navarro a la entrega de las cuentas que se le han solicitado.
Los documentos que se piden tienen relación "con los planes económico-financieros y planes de ajustes previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de los ejercicios 2014 y 2015". Algarra elevó el asunto a Álvarez de Miranda ante la fehaciente negativa del consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra. Mikel Aranburu, a entregarlas. En un escrito fechado el pasado 13 de junio, Algarra recuerda que este incumplimiento "faculta al pleno para acordar, si procede, la imposición de multas".
El Tribunal de Cuenta ha puesto en conocimiento de las Cortes Generales (que pidió "expresamente" fiscalizar las cuentas del Gobierno navarro) "el reiterado incumplimiento del deber de colaboración" de esta comunidad con el Tribunal de Cuentas. Al margen de que se efectúe un nuevo requerimiento, Algarra recuerda que esta desobediencia está penalmente tipificada y que, a la vista de la persistente negativa, "parece oportuno realizar las actuaciones necesarias dirigidas a impedir" que se siga incumpliendo la normativa que obliga a las comunidades a entregar sus cuentas al tribunal para fiscalizarlas. Y es que, el pasado 30 de marzo de 2017, el consejero navarro Mikel Aranburu se dirigió por escrito al Tribunal de Cuentas indicándole "su voluntad de incumplir la petición de información", alegando que "no procedía por no ser el Tribunal de Cuentas órgano competente en Navarra para proceder a dicha fiscalización".
Un portavoz del Gobierno navarro señala que la fiscalización de las cuentas de esta comunidad, con régimen foral, compete a la Cámara de Comptos, que es la que supervisa las cuentas tanto el Gobierno foral como de los ayuntamientos. Y que no se está haciendo nada al margen de la ley. Este portavoz añade que "no se trata de un acto de desobediencia" y que la decisión es legal y se atiene "a la normativa foral que regula la Cámara de Comptos". Esta normativa, añade el citado portavoz, establece que la Cámara solo tiene la obligación de enviar las cuentas al tribunal estatal en los procedimientos en los que aprecie "irregularidades".
No es esta rebeldía el único problema que tiene el Gobierno navarro con el Tribunal de Cuentas. Su actual presidenta, Uxue Barkos, está inmersa en un procedimiento por el supuesto cobro de dietas cuando era concejal en Pamplona y compaginaba su cargo con el de diputada en el Congreso.
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