La respuesta a los peores desafíos
Los momentos más críticos para la democracia, la libertad y la convivencia entre españoles
Augusto Delkáder
23-F: Inflexión histórica
La superación del golpe institucionalizó democráticamente la vida pública española
La asonada del 23 de febrero de 1981 constituyó el punto más crítico que debió atravesar la incipiente democracia española, pero tuvo la virtualidad de constituir el fracaso definitivo de aquellos sectores que mediante la fuerza querían abolir la Constitución. Tras el fracaso del golpe, la consolidación del nuevo sistema político fue una realidad incontestable, solo puesta en peligro por pequeños actos aislados sin posibilidad de triunfo.
El golpe de Estado fracasó porque carecía de respaldo social y su preparación y ejecución contaban con escasas posibilidades de éxito por su carácter chapucero. Muchos de los cuadros de las entonces Fuerzas Armadas escondían bajo la suficiencia ideológica totalitaria su manifiesta incompetencia profesional.
La recuperación de las libertades fue un movimiento que enalteció algunos valores políticos de indudable actualidad en las actuales circunstancias de la vida pública española.
En primer lugar fue la tolerancia y el deseo de construir junto al discrepante un marco político que fuera lo más amplio posible y diera cabida y posibilidades de acción política a todos los sectores de la sociedad española. El acuerdo se consolidó por el énfasis en los puntos comunes, minimizando la importancia de las discrepancias y ejerciendo el principio de conseguir amplias mayorías para los puntos clave de la convivencia, renunciando a la imposición de aquellas cuestiones no consensuadas unánimemente por el conjunto de la sociedad. Ese pragmatismo, ideológicamente beligerante, ha dado lugar al periodo más largo de convivencia pacífica y democrática que se ha conocido en la historia de España.
Frente a estos principios básicos de la acción política, sectores minoritarios de los extremos del arco político practicaron la estrategia de la tensión para, mediante el círculo vicioso de la acción-reacción, conseguir un golpe de fuerza que acabara con el sistema. Estuvieron a punto de lograrlo.
EL PAÍS durante estos años fue especialmente beligerante con la deriva que tomaban los acontecimientos anteriores al 23 de febrero y por eso no dudó en publicar una vibrante edición la noche de los acontecimientos para, con todo vigor y pasión, defender el sistema de libertades.
La superación del golpe institucionalizó democráticamente la vida pública española, la izquierda pudo asumir por primera vez, sin convulsiones, el poder político y gobernar en largos mandatos. España se modernizó y accedió a un bienestar y riqueza desconocidos hasta entonces, se integró en el mundo y proyectó su pujanza fuera de nuestras fronteras.
Estos son los logros objetivos de la llamada Transición para los que fue necesario superar el 23 de febrero. En estos momentos, cuando se ciernen asaltos a la Constitución y se violenta el sistema democrático, como el que protagoniza Puigdemont, conviene recordar que los métodos para abolir el orden constitucional, sean militares o civiles, son siempre un intento mesiánico de implantar una ordenación sectaria de la convivencia, que carece de respeto al discrepante y le violenta por la fuerza a un sistema político determinado. Esa acción es lo que se ha venido en llamar un golpe de Estado, de los que la historia de España ofrece innumerables y desgraciadas experiencias.
Luis R. Aizpeolea
ETA: Pactos para el fin del terror
La acción policial, judicial, la colaboración internacional y la movilización social terminaron con el terrorismo etarra
Tras la recuperación de la democracia, los partidos españoles tardaron una década en ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico y la manera de combatir el terrorismo de ETA. Fue el 5 de noviembre de 1987 y se materializó en la firma del Pacto de Madrid en un acto solemne en el Congreso de los Diputados. Fue un hito fundamental en la lucha política contra el terrorismo, aunque ETA tardaría aún 24 años más en anunciar su cese definitivo, tras asesinar a más de 800 personas.
El detonante que culminó en el Pacto de Madrid fue la conmoción que causó el mayor atentado de la historia de ETA, el del Hipercor de Barcelona, con 21 muertos, cuyo 25º aniversario se cumple este 19 de junio. Hasta ese pacto no había una posición clara y unánime de los partidos democráticos en el combate contra una ETA que mantenía un considerable apoyo social, alimentado por la guerra sucia. Las fuerzas de seguridad no tenían la formación y el prestigio democrático de hoy, Francia colaboraba muy por debajo de sus posibilidades y el nacionalismo vasco creía que la solución al terrorismo etarra pasaba por una salida política y no policial.
Así estaban las cosas cuando sucedió la matanza de ETA en el Hipercor de Barcelona. El jefe del Gobierno, Felipe González, conmocionado por el atentado, encargó a Txiki Benegas, número tres del PSOE y secretario general del PSE, que conformara un pacto antiterrorista entre todos los partidos. Benegas empezó con el expresidente Adolfo Suárez, líder de CDS. Elaboraron un borrador, consistente en sacar la lucha antiterrorista del debate partidista, rechazar la negociación política con ETA y legitimar la acción policial contra el terrorismo con una condena de la guerra sucia. Benegas sumó sin problemas a Miquel Roca, de CiU, y a Gerardo Iglesias, de IU.
Su mayor dificultad estaba en el líder del PNV, Xabier Arzalluz, equidistante entre el Gobierno y ETA al pensar que la solución al terrorismo era política y no policial. Benegas, tras reunirse varias veces con Arzalluz sin éxito, le montó una encerrona: un almuerzo en el restaurante La Dorada de Madrid con Suárez, Felipe González y Roca. Entre todos le convencieron de que, tras la matanza de Hipercor, el PNV no podía marginarse del primer acuerdo contra el terrorismo de la democracia española.
Benegas culminó la operación sumando a Manuel Fraga, de Alianza Popular. Con Rodolfo Martín Villa, exministro del Interior con UCD, como intermediario, lo logró sin dificultad. Así, el 5 de noviembre de 1987 se firmó el Pacto de Madrid. Dos meses después, los partidos democráticos vascos firmaban el Pacto de Ajuria Enea, que, por vez primera, reconocía la legitimidad de la acción policial contra ETA y rechazaba que el final del terrorismo pasara por concesiones políticas a la banda. Ajuria Enea impulsó la movilización contra ETA, estimuló a Francia a colaborar, mejoró la acción policial por el apoyo popular y empezó a abrir fisuras entre Batasuna y ETA.
Todavía se necesitaron 24 años más para que ETA declarara el fin del terrorismo. Se logró tras tres procesos de diálogo frustrados —Argel, Lizarra y Suiza—, con retrocesos —como el pacto PNV-Batasuna de 1998-2000— y avances, como el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Finalmente fueron la acción policial, judicial, la colaboración internacional y la movilización social las que terminaron con ETA con un estallido final entre su brazo político y la banda terrorista. Ese guion estaba escrito en el Pacto de Madrid, firmado en el Congreso, y en el de Ajuria Enea. Falta que el mismo Congreso que sentenció a ETA confirme su final una vez que la banda desarmada se disuelva, lo que previsiblemente veremos antes de acabar este año
Jesús Ceberio
11-M: La mentira interminable
El expresidente Aznar sigue pregonando 13 años después que aquel atentado perseguía la derrota electoral de su partido
La mentira es una rutina milenaria en política que cuenta incluso con valedores teóricos. Pero hay ocasiones en que se transforma en algo intolerable. Esto fue lo que ocurrió el 12 de marzo de 2004, cuando cientos de miles de españoles convirtieron las manifestaciones de repulsa del 11-M en una marea contra la mentira que estaba fabricando el Gobierno de Aznar sobre sus autores. Aquel grito masivo de “quién ha sido” persigue desde entonces al expresidente que había combatido con notable eficacia a ETA y que en sus últimos días se empecinó en atribuirle sin una sola prueba el mayor atentado de nuestra historia.
Se diría que Aznar emborronaba así una trayectoria de lucha antiterrorista de la que tanto había blasonado, pero la alternativa de un atentado islamista era letal para los intereses electorales del PP tras su alianza con Bush y el envío de tropas a Irak. Solo la eficacia policial impidió mantener viva la mentira hasta el día de las elecciones. Los ciudadanos votaron el 14 de marzo sabiendo que las bombas de los trenes de Atocha llevaban la firma del terrorismo islamista. La mentira se tradujo en una victoria socialista cuya legitimidad discutió el PP durante toda la legislatura.
Lo malo de una mentira de este calibre es que nunca se encuentra el momento adecuado para apearse de ella y el expresidente sigue pregonando 13 años después que aquel atentado perseguía la derrota electoral de su partido y que sus autores intelectuales no andaban por “desiertos muy remotos ni montañas muy lejanas”, una oblicua referencia a ETA. Rajoy tardó cinco años en admitir que en la tarde del 12 de marzo todo apuntaba ya hacia los islamistas.
El embajador en Washington, Javier Rupérez, relata en sus memorias que cuando George W. Bush visitó la embajada a las una de la tarde del día 12 (siete de la tarde en Madrid) para presentar sus condolencias, él le expresó su convencimiento de que el atentado había sido obra de ETA. En ese momento le dice “que sus servicios le acaban de informar, y piensa ponerse en contacto inmediatamente con José María Aznar para decírselo, que posiblemente sean otros los autores y que no cabe descartar la conexión islamista”. El presidente norteamericano se expresó en los mismos términos en una entrevista que concedió luego a Lorenzo Milá y que nunca emitió TVE. A esa hora, millones de españoles preguntaban en la calle “quién ha sido”.
La última comisión de investigación del Congreso fue la del 11-M. Durante el año 2004 interrogó a toda la escala policial que había examinado los trenes de la muerte (restos de explosivos, mochilas…) y a sus jefes políticos, analizó los informes emitidos por el servicio de inteligencia y estableció dos conclusiones fundamentales que apoyó todo el arco parlamentario a excepción del PP: que el Ministerio del Interior no había evaluado correctamente la amenaza terrorista del islamismo radical, por lo que no había adoptado las medidas preventivas adecuadas, y que el Gobierno de Aznar tergiversó y manipuló la información con fines electorales.
El juicio celebrado en la Audiencia Nacional en 2007 estableció que a las seis de la tarde del día 11 el ministro de Interior ya sabía que el explosivo no era Titadyn, firma habitual de ETA, lo que no impidió que hasta el sábado 13 por la tarde Acebes insistiera en que esa seguía siendo la línea de investigación prioritaria. En 2008 el Supremo ratificó la sentencia que responsabilizó a grupos yihadistas de la matanza de 191 personas, sin que en su gestación o ejecución hubiera participado ETA. Contra todas las evidencias, Aznar se empecina en alimentar su realidad alternativa con la gran mentira que fabricó en aquellos aciagos días de marzo.
